El letrado defensor de los policías del 'caso uniformes', Lorenzo Bonmatí. Foto: PEPE OLIVARESSANTA POLA. Con el procedimiento judicial de la trama de los uniformes de Santa Pola aún abierto, el letrado defensor de los policías acusados del desvío de más de 100.000 ha convocado una rueda de prensa para negar los hechos de los que se les acusa. Lorenzo Bonmatí, su abogado, ha dado a conocer un escrito con 500 folios que ha entregado en el juzgado para demostrar la inocencia de sus clientes. En este medio millar de páginas, Bonmatí asegura que tiene pruebas de que todo lo que se dice en el informe que hizo la UDEF es falso, que no hubo amaño en los contratos de las uniformidades y que estas sí fueron entregadas.
En este sentido, señala que tras las denuncias interpuestas en 2016 en las que se hacía alusión a las uniformidades, tanto Roque Alemañ como José Miguel Zaragoza se pusieron a disposición de la UDEF y presentaron escritos con acuse de recibo para informarse sobre el procedimiento que se les incoaría ulteriormente. Sin embargo, la defensa de los agentes indica que no recibieron ninguna contestación las dos veces que se dirigieron a esta unidad de delitos fiscales y económicos y plantea se pusieron a disposición de la UDEF porque no tienen nada que ocultar. También señala el abogado defensor que el Ayuntamiento no tiene interés en saber la verdad y que la detención que se hizo fue "un show mediático innecesario". En este sentido, señala que si se quería evitar la eliminación de pruebas, esta debería haber tenido lugar en diciembre, cuando se les puso la denuncia, y no en junio, que es cuando finalmente se realizó. "Se les ha causado un daño irreparable", asevera.
Por otra parte, también apunta que sí existen albaranes de algunos de los expedientes de uniformidad que se ponían en duda en el informe de la UDEF. Además, también hay firmas individuales de policías corroborando que recibieron las uniformidades. Según el abogado, en todos los casos se hizo la entrega de estas. Además, para probar la inocencia de los agentes acusados, se ha solicitado la declaración de toda la plantilla de policía para que ratifiquen que sí se entregaron dichas uniformidades. Con estas declaraciones en el juzgado pretende demostrar que los hechos que se les imputan no son ciertos, aunque como indica Bonmatí, "lo que más les duele a los implicados es que el Ayuntamiento no haya utilizado sus herramientas administrativas para aclarar la situación". En este sentido, señala que se podrían haber ahorrado todo el daño que se ha hecho a su imagen y su posterior suspensión de empleo y sueldo dirigiéndose a los agentes para ver si habían recibido los uniformes. También indica que los sindicatos también señalan que se hizo entrega de los mismos.
En general, tanto por parte del letrado como de los acusados hay mucho malestar por cómo se ha gestionado todo el caso y la exposición mediática que este ha generado. Bonmatí señala que el único que puede tener interés en haber filtrado estas informaciones es el Ayuntamiento y que habrá que ver por qué motivo. Incluso afirma también que los correos que se han hecho públicos durante estas últimas semanas se han obtenido de forma ilícita. En cualquier caso, pide que se respete la presunción de inocencia, y que el supuesto desvío de 105.000 euros "es una burrada de proporciones bíblicas”. Respecto a las fechas a las que se alude en el informe y que no cuadran con la entrega de los expedientes, la defensa argumenta que son las fechas en las que se generaron los expedientes. "Se quieren ver fantasmas", sentencia Bonmatí.
