Los acusados, en la última sesión del juicio sobre el PGOU investigado en 'Brugal'. Foto: POOLALICANTE (EFE/AP). El juicio por el presunto amaño del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Alicante, en el que están acusados los exalcaldes del PP Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi y el promotor Enrique Ortiz, entre otros, ha quedado este viernes visto para sentencia en la Audiencia Provincial.
En la última sesión del juicio, el abogado de Ortiz y el letrado de Javier Gutiérrez y José Luis Castedo han expuesto sus conclusiones al tribunal. Al igual que lo manifestado el jueves por los defensores de Castedo y de Díaz Alperi, han alegado que no se han acreditado las acusaciones contra los procesados y han negado las imputaciones.
El representante legal de Ortiz, Francisco Ruiz Marco, ha afirmado que la acusación no solo no había probado que hubieran habido dádivas, sino que tampoco había señalado a cambio de qué. "La acusación no ha probado cuáles fueron las prestaciones" que Ortiz habría pedido a Castedo y a Díaz Alperi que hicieran a su favor durante el diseño del planeamiento urbanístico de Alicante, a cambio de recibir esas supuestas dádivas. Además, ha incidido en que las acusaciones se "mueven en el terreno" de las generalidades.
Al igual que los defensores de otros acusados, Ruiz Marco ha solicitado la nulidad de los soportes de las grabaciones que contienen las conversaciones de los procesados interceptadas por los investigadores. Entre otras razones, al considerar que no reúnen las garantías legales como medio de prueba y que adolecen de defectos técnicos.
De la misma manera que la defensa de Castedo y Díaz Alperi, el abogado de Ortiz ha alegado que todos los planos urbanísticos son públicos cuando se hallan en fase de tramitación o de aprobación, por lo que no puede haber revelación de secretos. También ha asegurado que la acusación no ha acreditado "ni una prueba" de que los dos exalcaldes del PP entregaran a Ortiz planos sobre el futuro planeamiento urbanístico de la ciudad de Alicante previo a su redacción, por lo que, según su versión, el conocido promotor no dispuso de información privilegiada.
Sobre actuaciones urbanísticas en las que Ortiz tenía interés, su letrado ha asegurado que las recalificaciones del Rico Pérez o del proyecto de Ciudad de la Economía son estructurales y competen a la Generalitat. Finalmente, según ha añadido, no se recalificaron por informes técnicos y porque se vieron en el marco del PGOU.
Por su parte, el abogado de Javier Gutiérrez y José Luis Castedo, Bernardo del Rosal, ha negado que ambos resolvieran alegaciones presentadas al PGOU de Alicante para conseguir recalificaciones. Tampoco, según ha recalcado, recibieron dádivas a cambio de eso, ni influyeron en funcionarios y técnicos municipales para se tomaran decisiones sobre el planeamiento urbanístico en un sentido determinado. Asimismo, ha cuestionado la validez de las grabaciones y ha rechazado que se suministrara información privilegiada a Ortiz.
El constructor ilicitano Ramón Salvador pide disculpas ante el tribunal en el uso de su derecho a la última palabra
La magistrada que preside del tribunal ha ofrecido a los acusados su derecho a la última palabra antes de quedar el juicio visto para sentencia. El único procesado que ha hecho uso de ese derecho ha sido el promotor Ramón Salvador (llegó a un pacto de conformidad con la fiscalía el pasado mes de marzo y ratificó la admisión de su culpabilidad), quien ha pedido ante el tribunal disculpas porque, según ha dicho, se había "equivocado", sin querer concretar en qué.
La causa sobre el supuesto amaño del PGOU es una de las principales piezas separadas del denominado 'caso Brugal', iniciado a partir de la presunta adjudicación irregular del contrato de recogida de la basura de Orihuela. Junto a Castedo, Díaz Alperi (predecesor de ella en la Alcaldía) y Ortiz, también se han sentado en el banquillo de los acusados por esta causa el constructor Ramón Salvador, los socios del bufete Salvetti Abogados, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa), y tres personas vinculadas a las empresas de Ortiz: su hermano, Virgilio Ortiz, Santiago Bernáldez y Pablo Rico.
La Fiscalía Anticorrupción considera a Díaz Alperi y a Castedo responsables de los delitos continuados de cohecho, revelación de información privilegiada, tráfico de influencias y prevaricación, y mantiene su petición de 10 años de prisión para cada uno de ellos.
La acusación pública sostiene que los exalcaldes aceptaron, entre 2008 y 2010, diversas dádivas de Ortiz a cambio de favorecer sus intereses en el nuevo planeamiento y de facilitarle datos del mismo que eran aún confidenciales. En el caso de Ortiz, la Fiscalía le atribuye los delitos continuados de corrupción de autoridades, tráfico de influencias y prevaricación, por los que solicita la imposición de 8 años de cárcel.
