La contrata de limpieza de colegios de Alicante reclama un decreto para regular su prórroga

ALICANTE. La alianza empresarial formada por Clece y Fissa (UTE Limpal) que sigue asumiendo la prestación del servicio de limpieza de colegios y dependencias municipales tras el vencimiento del contrato, vuelve a mover ficha frente a la gestión del Ayuntamiento de Alicante con el objetivo de regularizar la relación económica entre ambas partes. 

En concreto, en un escrito fechado el 25 de febrero, la gerencia de UTE Limpal reclama la emisión de un decreto o escrito en el que quede definida la existencia de una "prórroga forzosa" en la prestación "por tratarse el de la limpieza un servicio esencial". En esta línea, insiste en que "no queremos que se prolongue una situación sin cobertura contractual y que nos está causando claro perjucio", en alusión su continuidad en la labor que venía desempeñando desde febrero de 2018 tras la extinción del contrato, hace ahora casi un mes.

¿De qué tipo de perjuicio se trata? Según ese mismo escrito, de la situación de enriquecimiento injusto que, según sostiene, se estaría produciendo por parte del Ayuntamiento. La gerencia de UTE Limpal insiste -como viene advirtiendo al menos desde el pasado diciembre- en que las condiciones previstas en el pliego de condiciones por el que se sigue rigiendo la prestación no tienen en cuenta el incremento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), lo que estaría obligando a Clece y Fissa a asumir con sus propios medios ese aumento de costes en la masa salarial de sus cerca de 400 operarios en plantilla. 

Todo, además, al margen de la demora que se había producido hasta el momento en el pago de las certificaciones mensuales de noviembre y diciembre, que el responsable del contrato acaba de validar esta misma semana, como informó Alicante Plaza. 

En el mismo escrito, UTE Limpal insiste en que "su responsabilidad ha consistido en garantizar las debidas condiciones de limpieza de los centros escolares y demás dependencias municipales, siempre bajo la supervisión de los responsables municipales, así como garantizar la estabilidad en el empleo de las más de 400 personas que prestan el servicio". Así, la gerencia sostiene, incluso, que ha conseguido elevar el número de contrataciones indefinidas del 75% al 90% de la plantilla, que se ha incorporado a siete trabajadores con discapacidad, seis víctimas de la violencia de género y cinco mujeres en situación de exclusión social.

La alianza empresarial formada por Clece y Fissa insiste en el perjuicio económico que se ve abocada a asumir por el aumento del salario mínimo interprofesional

Y, por último, subraya que "la supervisión, vigilancia y control del servicio compete al Ayuntamiento, quien debe realizarla a través del responsable que designe y ajustándose al procedimiento que consta en las condiciones por las que se rige el contrato". De ahí que llegue a apelar a la "responsabilidad" de los representantes municipales del equipo de Gobierno y de la oposición para que no dañen "injustificadamente ni el buen hacer, ni la reputación de este contratista ni de sus trabajadores". Por ello, comunica que no acudirá ni el gerente ni ningún otro responsable de la UTE a la comisión municipal de fiscalización sobre el cumplimiento del contrato, con lo que rechaza la petición de comparecencia cursada por sus miembros.

En principio, la comisión había programado la asistencia de los representantes de UTE Limpal para la sesión de la comisión convocada este próximo lunes, 2 de marzo. Con todo, tras este desestimiento, todo parece indicar que solo se producirá la segunda comparecencia del funcionario Jesús Rubio, quien ejerció como responsable del contrato desde febrero de 2018 hasta abril de 2019. Rubio ya compareció ante la comisión pero solicitó volver a ofrecer explicaciones a petición propia después de que se produjese la comparecencia del jefe del Servicio de Infraestructuras, Javier Maestre. A priori, la responsable del contrato que sustituyó a Rubio, Teresa Moreno, tampoco acudirá a la sesión, al continuar en situación de baja médica.

Entre tanto, el grupo municipal de Compromís volvió a insistir este viernes en "conocer si se ha producido un cambio en las condiciones ecónomicas en este proceso de prorroga forzosa ocasionada por la incapacidad manifiesta del bipartito de derechas de sacar en tiempo y forma un nuevo pliego de condiciones", según apuntó su portavoz, Natxo Bellido.

Además, según el regidor, "queremos conocer cuándo está previsto sacar el nuevo pliego de condiciones para acabar con esta situación de excepcionalidad extracontractual, y preguntar si no se han planteado el gobierno de derechas la remunicipalización del servicio, ya que no parecen tener prisa en volver a sacar la concesión". Por último, Bellido solicitó "que se vuelva a llamar a la comisión al técnico responsable actual del contrato para que explique los motivos que le han llevado a desbloquear el pago de las últimas certificaciones pendientes de 2019".