La portavoz de Ciudadanos, Yaneth Giraldo, dialoga con Carlos Giménez, en presencia de Natxo Bellido y Miguel Ángel Pavón.ALICANTE. La comisión de investigación sobre las posibles anomalías en las facturas de la Concejalía de Comercio, convocada en el Ayuntamiento de Alicante, y que este jueves debía arrancar, ha quedado pospuesta hasta que se resuelva el recurso impugnación presentado por el grupo municipal de Ciudadanos (Cs).
La formación naranja considera la composición de la comisión no se ajusta a lo aprobado por el pleno. El pleno de abril, a instancias de Ciudadanos, aprobó la constitución de una comisión de investigación, que ha comenzado este jueves, para analizar la situación de 25 facturas anuladas por la Junta de Gobierno correspondientes a la Concejalía de Comercio --por valor de 190.000 euros--, que ostenta el propio alcalde, el socialista Gabriel Echávarri, y ante las dudas planteadas por la Intervención municipal sobre su tramitación.
Ante ello, el equipo de Gobierno anuló las facturas, aprobó un reconocimiento extrajudicial de crédito y solicitó al Consell Jurídic Consultiu que dictaminara sobre las dudas planteadas por Intervención.
Sin embargo, la constitución de la comisión, según ha explicitado la portavoz municipal, Yaneth Giraldo, en declaraciones grabadas al término del cónclave, no se ajusta a lo decidido por el pleno. La moción hablaba de dos representantes por grupo político -se ha constituido con un solo representante-, y que fuera pública -no se ha permitido la grabación o la toma de fotografías-.
Giraldo ha opinado: "No podemos empezar esta comisión tan importante de malas maneras. Lo que tenemos que hacer es constituirla bien desde el principio como se acordó en el pleno: con dos integrantes y su carácter público". Además, ha advertido que la impugnación se presentará el próximo lunes y ha esperado: "Que no tarden en resolverla si de verdad les interesa la transparencia".
Los representantes de la comisión.Por su parte, el PP, a través de su representante, María Carmen de España, ha manifestado que “esta situación refuerza todavía más la decisión que hace varias semanas tomó el Partido Popular de presentar una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia por el posible fraccionamiento de contratos en las facturas de la Concejalía de Comercio”. Este presunto fraccionamiento apunta directamente al primer edil, Gabriel Echávarri, que podría haber cometido un delito de prevaricación.
La dirigente del PP ha explicado que “el bloqueo del alcalde a una decisión tomada por el pleno puede demorar ahora hasta dos meses la celebración de esta Comisión de Investigación, dado que el plazo para estudiar el recurso de impugnación de la decisión tomada por Echávarri es de 30 días, y el plazo para resolverse es de otros 30, por lo que podemos irnos hasta julio”.
“Esto no es transparencia. Estamos comprobando la poca predisposición de Echávarri de dejar trabajar a la Comisión de Investigación -ha explicado de España-, por lo que se confirma que nuestra decisión de ir a la Fiscalía ha sido la más adecuada porque ya hemos estudiado el asunto suficientemente y consideramos que puede haber fraccionamiento de los contratos de Comercio”.
El PP incide en que la anulación delos contratos aprobada por la junta de gobierno local y el posterior reconocimiento extrajudicial de créditos para pagar los servicios de esos contratos menores no frenan la responsabilidad que pudiera existir.
Por último, De España ha señalado que “no hay nada de verdad detrás de las palabras del alcalde acerca de que no tiene inconveniente en esclarecer los hechos, porque cuando tiene la oportunidad de demostrar su interés por aclarar unas posibles irregularidades en su gestión no hace otra cosa que entorpecer el trabajo”. La edil del PP ha subrayado que las trabas a la presencia de los concejales acordados en el pleno “demuestra que el tripartito no quiere que se sepa la verdad, por las posibilidades responsabilidades que ello conlleva”.
