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causa separada de 'brugal' contra alperi, castedo y ortiz

La Audiencia emplaza a las acusaciones a acotar las escuchas en el juicio sobre el 'amaño' del PGOU

5/11/2019 - 

ALICANTE. Nuevo paso preparatorio (puede que el definitivo) para la celebración del juicio sobre el presunto amaño del Plan General de Alicante en favor del empresario Enrique Ortiz: la causa separada del 'caso Brugal' que sentará en el banquillo de los acusados a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo (ambos del PP), junto al conocido promotor. La presidenta del tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia que juzgará los hechos, Montserrat Navarro, acaba de dictar una providencia en la que emplaza a las acusaciones a precisar cuáles son los pinchazos telefónicos captados por los agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Fiscales (Udef) durante la fase de investigación que pretenden que se puedan escuchar en el desarrollo de la vista como posibles elementos de valor probatorio.

En concreto, las acusaciones disponen de un plazo de un mes para detallar qué partes de esas grabaciones consideran que deben evaluarse en el momento del juicio, entre las horas y horas de escuchas registradas por la policía entre los años 2008 y 2010 en relación a esta rama de la investigación, tras intervenir los teléfonos de los principales procesados.

La precisión demandada por el tribunal a las tres acusaciones (la Fiscalía Anticorrupción, el Ayuntamiento de Alicante y la agrupación local de Esquerra Unida) resulta relevante en la medida en que la duración del conjunto de esas escuchas determinará el número de sesiones en las que se podrá desarrollar el juicio. Por lo pronto, el proceso ya de por sí se antoja especialmente largo, dada la gran cantidad de testimonios y pruebas solicitadas. 

La petición del tribunal se produce, además, al margen de que las defensas puedan tratar de impugnar la validez de esos audios (con el argumento de la indefensión a la que se vieron sometidos los acusados) entre las cuestiones previas que puedan formularse en el arranque de la vista, como parece probable. Cuando menos, es lo que ha sucedido ya en el juicio sobre la rama matriz que dio origen al resto de tramas: la del supuesto amaño de la contrata de basura de Orihuela. En ese caso, el tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, decidió anular parte de las escuchas al considerar que en su autorización hubo falta de motivación

Con todo, esa decisión no es vinculante para el resto de causas pendientes de juicio. Así, en el caso de que se presenten esas previsibles impugnaciones, será el propio tribunal de la Sección Tercera el que resuelva si valida o anula las escuchas concretas relacionadas con el supuesto trato de favor concedido por Alperi y Castedo al constructor en la redacción del nuevo planeamiento urbanístico de Alicante, a cambio de presuntas dádivas (entre ellos, viajes pagados a Andorra, Ibiza y Creta; la entrega de un vehículo modelo Mini Cooper y varias sumas de dinero en metálico).

A priori, todo parece indicar que el juicio podría celebrarse en la segunda mitad del año que viene (2020) tras la superación de todos los recursos previos registrados por las defensas. El último de ellos, el relativo a la composición del tribunal juzgador.


La Fiscalía Anticorrupción pide para Alperi y Castedo sendas penas de 10 años de prisión como responsables de los delitos de revelación de información privilegiada, cohecho, prevaricación y tráfico de influencias. Para Ortiz, solicita 8 años de cárcel por los delitos de corrupción de autoridades o funcionarios públicos, aprovechamiento de secretos o información privilegiada. EU, por su parte, solicita 10 años para los dos exalcaldes y 13 para el constructor. Por su parte, la representación legal del Ayuntamiento solicita 4 años de prisión para los dos exmunícipes y 5 para Ortiz.

Junto a ellos, también se sentarán en el banquillo de los acusados los abogados José Luis Castedo (hermano de la exalcaldesa) y Javier Gutiérrez (los dos, socios del bufette Salvetti Abogados), el empresario Ramón Salvador y otros tres representantes o empleados de empresas de Ortiz, entre ellos, su propio hermano, Virgilio Ortiz.     

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