Mónica Lorente, entre los 34 acusados en Brugal, hoy, en el juzgado. Foto: PEPE OLIVARESORIHUELA. El juicio del caso Brugal acaba de comenzar, con una jornada dedicada a las cuestiones previas en la que los 34 acusados por la presunta trama de corrupción política y empresarial en torno al contrato de recogida y tratamiento de basuras de Orihuela se encuentran presentes en el banquillo de la sala habilitada en la Ciudad de la Justicia de Elche.
En la primera jornada, los acusados han renunciado a la lectura de los escritos de acusación de la Fiscalía, y el abogado de Ángel Fenoll, Mariano Bó, ha aportado un documento original para que sea admitido en la causa, un escrito que la Fiscalía ha pedido estudiar y que la juez dirimirá si ha o no lugar de unirlo a la documentación. En cualquier caso, no afecta a las cuestiones previas que hoy se contemplan.
Bó ha pedido la nulidad de todas las escuchas, pruebas principales para la causa, por considerar que hay falta de motivación para el inicio de las escuchas, que comenzaron con el pretexto de investigar la contrata de basuras de 2006, pero que, argumenta el abogado, "se usaron durante tres años de forma prospectiva", y que acabaron añadiendo otras 18 causas al caso que el abogado considera que no deberían ser admitidas porque las escuchas son "descontextualizadas, manipuladas e ilícitas", porque no responden a ninguna investigación abierta, sino en la ampliación de las escuchas, sin motivación, en busca de delitos "en detrimento de la libertad fundamental" de los acusados.
El abogado Germán Guillén, letrado del exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina, también se adhiere a lo que argumenta el abogado de Fenoll y añade más argumentos para tratar de invalidar las escuchas.
Durante los días 5, 6 y 7 de marzo seguirán poniéndose de manifiesto las cuestiones previas ante el tribunal.
Precisamente, los pinchazos telefónicos dieron pie a la veintena de ramas del caso Brugal y lo que decida la sala de Elche de la Audiencia Provincial en torno a su validez no será, en principio, vinculante para el resto de piezas separadas, entre ellas la relativa a las ilegalidades en el plan zonal de residuos de la Vega Baja y del Plan General de Urbanismo (PGOU) de la ciudad de Alicante.
Tras las cuestiones previas planteadas por las defensas, el fiscal contestará a las mismas durante las jornadas del 13 y 14 de marzo, según el Tribunal Superior de Justicia de la Comunitat Valenciana (TSJCV).
Los próximos días 20 y 21 será el turno de la acusación particular, en concreto el Ayuntamiento de Orihuela, mientras que las declaraciones de los acusados darán comienzo el 7 de mayo, entre ellos el industrial oriolano Ángel Fenoll, que fue quien destapó el caso, y los exalcaldes de Orihuela José Manuel Medina y Mónica Lorente, ambos del PP.
La investigación comenzó en 2006 por el posible amaño en el contrato local de las basuras durante la etapa del alcalde José Manuel Medina aunque las pesquisas posteriores dieron paso a una veintena de piezas separadas en distintos puntos de la provincia de Alicante bajo la denominación genérica de operación Brugal.
De las 34 personas que se enjuician en esta rama inicial del Brugal, 15 han tenido o tienen la condición de autoridad o funcionarios públicos, como los exalcaldes Medina y Lorente y siete exediles de la corporación municipal.
Para Medina, la Fiscalía pide 12 años de prisión por prevaricación, fraude y cohecho; para su sucesora, Mónica Lorente, ocho años por fraude; y para el principal implicado, el empresario Ángel Fenoll, un total de 37 años y 8 meses por prevaricación, fraude, cohecho, tráfico de influencias, extorsión, coacciones, asociación ilícita, uso de información privilegiada y delito electoral.
