Las escuchas de Brugal se anulan para Fenoll, Jorge Lorente y Gregory a partir del 15 de enero de 2008

ORIHUELA. Gran parte de las escuchas, a partir del 15 de enero de 2008, no tendrán valor como pruebas en el juicio de Brugal. Son varias de las grabaciones clave que se investigan en el juicio por la supuesta trama de corrupción política y empresarial en la recogida de basuras de Orihuela, que da origen a la macrocausa del Caso Brugal. Estas escuchas han sido anuladas por, esencialmente, falta de motivación. Así lo han dictado en la resolución sobre las cuestiones previas desde la sección de la Audiencia de Alicante con sede en Elche, que juzga este caso. 

Además, el auto expone que estas nulidades afectan a las diligencias que directa, o indirectamente se deriven de esas escuchas. Según añade el documento, no serán extensibles, por el momento, al resto de las diligencias de investigación que obran en la causa. En cualquier caso, la investigación está dirimiendo y revisando cada auto y cada teléfono por lo que podrían llegar a admitir algunas escuchas posteriores a esa fecha. No obstante, se prevé que el grueso de ellas no se escuchen durante el juicio. 

La parte dispositiva del auto emitido por el juzgado estima parcialmente la cuestión previa planteada por la defensa de Ángel Fenoll y de su hijo, Ángel Fenoll Campillo, formada por Mariano Bo y Pablo Martínez, que reclamaba la nulidad de las intervenciones telefónicas. En este caso, en concreto, se anulan varios autos relacionados con Ángel Fenoll, realizados sobre grabaciones. Son de junio y septiembre de 2008, sobre el teléfono del empresario, en todos los casos, con sus prórrogas. También, en este caso, afectaría a su hijo, Ángel Fenoll Campillo, anulando varios autos incoatorios desde enero hasta abril de 2018, siempre relacionados con las escuchas.

También se considera nulo el auto de 13 y 23 de mayo de 2008, sobre escuchas al teléfono de Rafael Gregory incluyendo todas las prórrogas.

Del mismo modo, esta nulidad también afecta a un auto del 25 de enero de 2008 que afecta a los teléfonos prepago de varios acusados que pidieron la desestimación de sus escuchas y que afectan a personal del Ayuntamiento al que se les repartió estos terminales. En concreto, a Antonio Ángel Fenoll, que era concejal de Limpieza de Orihuela, Manuel Abadía, Jorge Lorente, empresario y hermano de la entonces alcaldesa, Mónica Lorente y Ginés Sánchez, quien era edil de Medio Ambiente. Otra de las personas que se libra de las escuchas en el juicio, es el exasesor del PP en el Ayuntamiento de Orihuela, Pedro Meseguer, al anularse el auto de 19 de febrero de 2008 abierto para su investigación. Además, hay más escuchas anuladas en otros terminales prepago, que son las que afectan a Miguel San Andrés García y a Ángel Luis Bracho Pacheco. 

Desestimaciones

La resolución de los jueces también conlleva la desestimación de otras cuestiones previas. Algunas de ellas muy relevantes, como la de la nulidad radical de las actuaciones. Tampoco se considera la prescripción de los hechos, la falta de competencia del juzgado instructor o la nulidad de los autos de entrada y registro. Otras cuestiones desestimadas apuntan a la del secreto de las actuaciones, la vulneración del derecho de defensa de varios acusados, aunque se estima, parcialmente, la de Pablo Pérez.

Consecuencias

De momento, desde la defensa de la única acusación particular en el caso, la del Ayuntamiento de Orihuela, afirman que están valorando los efectos. Queda claro que esta decisión que invalida pruebas clave afectará al desarrollo del juicio, pero, en principio, aseguran, salvo la consecuencia más directa -que esas escuchas no podrán reproducirse en juicio- corresponderá a la sala ir valorando cómo este aspecto afecta al resto de pruebas que comprobar durante el desarrollo del juicio.

La acusación particular se escuda, así, en que las escuchas "tienen una importancia elevada pero no absoluta. Habrá que adaptarse". 

La cuestión que también se abre tras esta decisión es si la nulidad de las escuchas también afectará a próximos juicios de las distintas ramas de Brugal o no. Lo que parece más probable es que esta decisión no afecte a otros juicios, ya que cada tribunal tendrá que resolver sobre cada escucha. No obstante, sienta un precedente que podría poner en peligro las escuchas en próximas causas de este macrojuicio. 

Y es que las escuchas son cruciales. El vídeo que desató la caja de los truenos fue el que trajo al banquillo a 34 acusados. El documento clave para ellos es aquel en el que el empresario Ángel Fenoll, supuestamente, hablaba de sobornos y amaños en la contrata de basuras y que fue el hilo del que la Fiscalía tiró y que acabó enmarañándose en un caso que ha sumado hasta 18 causas más. No obstante, fuentes involucradas en el juicio, afirman que es complicado aventurarse a próximas decisiones.

Si esta decisión sentase precedente, eso podría significar que las conversaciones que escuchó la Policía a lo largo de más de cuatro años de investigación, valdrían lo mismo que si nunca hubieran ocurrido. En este caso, la nulidad de escuchas, podría acarrear que las pruebas en este caso se redujeran a las que quedan fuera de las grabaciones y que se redujeran las pruebas de la acusación de manera sustancial. Reduciendo las pruebas, podría llegarse a anular futuros juicios o a reducir los delitos que se investigan de forma muy significativa.

Las ramas

La macrocausa Brugal, que eleva el número de acusados a un número mayor que el Caso Malaya, tiene, además de la rama que ahora se enjuicia, el brazo de la adjudicación del Plan Zonal para la Vega Baja. Aquí deberá ser juzgado, entre otros, el expresidente de la Diputación y del PP de Alicante, José Joaquín Ripoll. Dentro de la comarca y de Orihuela, también hay causas relacionadas con la recogida de algas de Orihuela Costa, en al que, supuestamente, se pesaban los residuos mojados para que pesaran más y se pagara más a la empresa adjudicataria. También entran tramas de delito medioambiental en vertidos de residuos y en caminos al vertedero de La Murada, de Proambiente, cuyo propietario era Fenoll y que llegó a albergar un zoo. Hay otras ramas que incluyen a municipios de la Vega Baja y a pagos durante las elecciones.

En la provincia, además, investiga irregularidades en el PGOU de Alicante, que involucra a los exalcaldes Luis Díaz Alperi y Sonia Castedo, de Alicante y al empresario Enrique Ortiz. También revisa delitos de revelación de secretos en la Hacienda pública y financiación irregular de la Fundación Hércules y el caso Autisa, grupo del empresario Rafael Gregory. Otra de las tramas apuntan a Calpe y a pagos de Ángel Fenoll. La causa también alcanza Murcia, por supuesta financiación irregular del PSOE de Abanilla, y pagos a un concejal de Fortuna. 

Caben ver las consecuencias de la resolución de las cuestiones previas. El juicio reanudará sus sesiones el próximo 7 de mayo. Este día, previsiblemente, declarará Ángel Fenoll y el calendario apunta a que le seguirán el exalcalde de Orihuela, José Manuel Medina y Jesús Ferrández, para, en diferentes sesiones, tomar declaración de todos los 34 acusados.