La Audiencia devuelve la fianza a Ortiz por la causa del PGOU de 'Brugal' sin sentencia firme

ALICANTE. Reintegro formalizado. O al menos, en trámite. La Sección Tercera de la Audiencia de Alicante ha acordado la devolución de la fianza depositada por el empresario Enrique Ortiz con el fin de cubrir posibles responsabilidades civiles en caso de condena en la causa sobre el planeamiento urbanístico de Alicante, investigado en el marco del caso Brugal. Se trata de una suma de 1.372.000 euros que vuelven a quedar en manos del promotor, después de que, el pasado julio, el tribunal diese por descartada la existencia de una supuesta trama en beneficio del constructor durante la confección del que iba a convertirse en el nuevo Plan General de Ordenación Urbana de la ciudad, con una sentencia absolutoria dictada para siete de los nueve acusados en el proceso.

En esa resolución, solo se condenaba a penas de multa al propio Ortiz y al exalcalde Luis Díaz Alperi (PP) como responsables de un delito de cohecho impropio por la entrega o recepción de sendos regalos que, según las magistradas que formaron el tribunal, no guardaban relación con un presunto amaño del planeamiento. Se trataba de una chaqueta marca Carolina Herrera con la que Ortiz obsequió a la también exalcaldesa del PP, Sonia Castedo, con motivo de su cumpleaños, y de un viaje a Creta en jet privado disfrutado por Díaz Alperi en julio de 2008.

La decisión del retorno de ese aval se produce sin que dicha sentencia absolutoria haya adquirido firmeza. En realidad, no podrá asumir tal condición hasta que no se diriman los recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS) ya anunciados oficialmente tanto por la Fiscalía Anticorrupción como por la defensa de Díaz Alperi. En ambos casos, se trataría de promover que el TS revocase la decisión de la Audiencia, aunque -lógicamente- en sentidos opuestos: Anticorrupción trataría de buscar un nuevo pronunciamiento condenatorio, mientras que la defensa del exprimer edil persigue su libre absolución respecto al único delito por el que se le condena.

Dichos recursos se han anunciado pero no ha trascendido que se hayan registrado hasta el momento. En el momento en el que se formalicen, su resolución podría demorarse todavía entre uno y dos años. De ahí que el tribunal haya accedido ahora a atender la devolución solicitada por los dos únicos procesados que habían depositado fianza sin retener dichas cantidades por un periodo de duración incierta.

En todo caso, la providencia por la que se comunica la devolución de ese aval deja constancia de la minoración de la suma originariamente depositada por el promotor (1390.000 euros), después de detraer los 18.000 euros a los que asciende la multa que se le impuso por el delito de cohecho impropio.

Al tiempo, la resolución confirma también el trámite de retorno de la fianza depositada por el constructor ilicitano Ramón Salvador: otro de los nueve procesados que resultó absuelto de todos los delitos por los que se le acusaba -igualmente como supuesto beneficiario de un trato de favor en la configuración del planeamiento de la ciudad-, pese que había alcanzado un acuerdo de conformidad con la Fiscalía por el que aceptaba la autoría de los hechos que se le imputaban. Se da la circunstancia de que Ortiz también alcanzó un acuerdo similar meses después, aunque acabó retractándose, a la vista de la sentencia absolutoria dictada por la Sección Séptima de la Audiencia respecto a la causa matriz del caso Brugal: la relacionada con el supuesto amaño de la adjudicación del servicio de recogida de la basura de Orihuela.

En el caso de Salvador, la cuantía que se prevé devolver ahora asciende a los 33.500 euros depositados por el promotor antes del juicio. Eso sí, los reintegros de ambas fianzas no se harán efectivas hasta que la propia providencia se convierta en una resolución firme, después de que puedan resolverse los posibles recursos que puedan formalizarse en los próximos días.