ALICANTE. Los dos promotores juzgados en la causa desgajada del caso Brugal sobre el Plan General de Ordenación Urbana de Alicante, Enrique Ortiz y Ramón Salvador, tendrán que esperar para recuperar las fianzas que depositaron antes del juicio para hacer frente al pago de posibles responsabilidades civiles. La Audiencia Provincial ha resuelto aplazar la respuesta a sus peticiones de reintegro, planteadas a la vista de la sentencia absolutoria conocida en julio, y no las resolverá al menos hasta que se cierre el plazo para la presentación de posibles recursos de casación ante el Tribunal Supremo (TS).
Así se ha comunicado ya a las partes, en una resolución fechada el 16 de septiembre, en la que se apunta que, hasta el momento, ya se ha dado por anunciada la interposición de ese recurso por parte del exalcalde de Alicante, Luis Díaz Alperi, con el fin de que se revoque su condena por un delito de cohecho impropio (castigado con multa de 6.000 euros) por la recepción de un regalo que, según el tribunal, le fue entregado en su condición de alcalde: un viaje a Creta en jet privado. Por el momento, no ha trascendido si el propio Ortiz -también condenado por el mismo delito de cohecho impropio- tiene la intención de acudir al Supremo para tratar de que se anule el pago de la multa que se le impone: 18.000 euros por haber regalado una chaqueta de la marca Carolina Herrera a la también exalcaldesa del PP, Sonia Castedo.
Hasta ahora, también se ha confirmado ya la renuncia del Ayuntamiento de Alicante, que ejerce la acusación particular en la causa, a presentar ese hipotético recurso de casación. No obstante, se espera que sí lo haga la Fiscalía Anticorrupción, como ya sucedió con la sentencia absolutoria dictada por un tribunal de la Sección Séptima de la Audiencia, con sede en Elche, respecto al proceso sobre la adjudicación de la contrata de la basura de Orihuela: la causa matriz del caso Brugal.
¿Cuándo se cerrará el plazo para la formulación de esos recursos? Lo cierto es que por ahora sigue siendo una incógnita. El tribunal que enjuició los hechos debe pronunciarse todavía sobre el escrito de aclaración y complemento de sentencia registrado por la Fiscalía Anticorrupción, al advertir que la sentencia no se había pronunciado sobre varios de los aspectos recogidos en su escrito de acusación.
La decisión sobre el reintegro de los avales podría postergarse en el caso de que se confirme el recurso de la Fiscalía ante el Supremo y la sentencia absolutoria no adquiera firmeza
Como ya ha informado este diario, el tribunal admitió un recurso presentado por la agrupación local de Esquerra Unida, que ejerce la acusación popular, y dio un plazo de cinco días para que las partes pudiesen posicionarse respecto a esa petición de aclaración y complemento de sentencia. Así, ya se habrían manifestado al respecto tanto EU, como las defensas de Castedo y de los dos abogados del bufete Salvetti, Javier Gutiérrez y José Luis Castedo.
Además, según fuentes jurídicas consultadas, podría darse la circunstancia de que el tribunal demorase la devolución de las fianzas depositadas por los dos promotores (en el caso de Ortiz, ascendería a 1,3 millones) en el supuesto de que se confirme la interposición del recurso de casación de la Fiscalía, ya que, en ese escenario, la absolución dictada para ambos no sería firme y todavía podrían tener que responder sobre posibles perjuicios en el caso de que el Supremo revirtiese su absolución.