La ampliación del permiso de paternidad costará 226 millones al Estado y 53 a las empresas

MADRID (EP). La ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, que recoge el decreto ley para la igualdad en el trabajo y que entrará en vigor el 1 de abril, supondrá este año un aumento del gasto para el Estado de 226 millones, mientras que para las compañías será de unos 53 millones, como consecuencia de las cuotas empresariales.

Así lo explica el Gobierno en la Memoria del Análisis de Impacto Normativo de este texto, a la que ha tenido acceso Europa Press, y en la que presenta, de forma desglosada, el gasto que supondrá la implementación de esta medida a lo largo de los próximos años, cuando los permisos de maternidad y paternidad alcancen la total igualdad.

En el documento, el Ejecutivo señala que el incremento del gasto anual, con cargo a los Presupuestos Generales del Estado (PGE) que supone este aumento, será de 252 millones, en el caso de que la entrada en vigor fuera el 1 de marzo, y 59 millones para las empresas. Finalmente, el decreto ley se pondrá en marcha un mes después, el 1 de abril, por lo que ambas cantidades se reducen a 226 y 53 millones respectivamente.

En 2020, según el texto aprobado por el Gobierno de Sánchez, las semanas de permiso paterno volverán a aumentar hasta las 12 semanas, lo que suponen 705 millones más anuales para el Estado y 166 para los empresarios. Esta cifra se elevará a los 1.107 millones de incremento en los PGE en 2021, ya con 16 semanas de permiso, y 261 millones en relación a las empresas.

A estas cifras hay que añadir la nueva prestación por ejercicio corresponsable del cuidado del lactante que se incluye en este decreto ley. Esta medida considera como "situación protegida" la reducción de la jornada de trabajo en media hora que lleven a cabo con la misma duración y régimen los dos progenitores, cuando ambos trabajen, desde que el lactante cumple nueve meses hasta que cumpla el año.

280 millones para cuidadores de dependientes

Para acceder a la prestación, indica el Ejecutivo, se exigirán los mismos requisitos que los establecidos para la prestación por nacimiento y cuidado del menor y equivale al 100% de la base reguladora establecida para la prestación de incapacidad temporal derivada de contingencias comunes, y en proporción a la reducción que experimente la jornada de trabajo. Eso implica, según el documento, unos 20,68 millones de euros, teniendo en cuenta que el empresario continúa asumiendo el pago de 4,9 millones anuales por la cuota empresarial.

Pero, además, este decreto ley tiene incidencias administrativas. La puesta al día de los sistemas de Seguridad Social ha sido, de hecho, una de las razones de la vicepresidenta del Gobierno, Carmen Calvo, para explicar el retraso de un mes en la entrada en vigor de esta medida. En la memoria, el Ejecutivo habla de un impacto de algo más de 5,5 millones de euros para poner al día a la Administración.

No es la única medida de calado que incluye este decreto ley, que también recoge convenios especiales para los cuidadores no profesionales de las personas dependientes. Sus cuotas, a través de este cambio normativo, dependerán ahora del IMSERSO. El importe anual que el Gobierno estima para esta medida es de 286,7 millones (286 en cuotas a la Seguridad Social y 0,7 por cuotas de formación profesional).

En el documento, el Ejecutivo aclara que esta medida no tiene repercusión en el régimen financiero del sistema, sino en el régimen presupuestario de la Administración General del Estado, es decir, "será el Estado quien financiará las cotizaciones sociales, incluidas las cuotas por formación profesional" y "asumirá los complementos a mínimos de las pensiones que se generen".