El juzgado amplía la investigación por la sede de 'Alicante Futura' en Séneca con más testigos

ALICANTE. Las diligencias abiertas en el Juzgado de Instrucción número 3 por un supuesto delito de prevaricación administrativa sobre el uso conferido al antiguo Parque de Bomberos de la calle Italia de Alicante como sede de la estrategia municipal Alicante Futura, continúan con más declaraciones con el fin de esclarecer las circunstancias en las que se produjo la instalación del Centro de Inteligencia del Agua (CIA) por parte de Aguas de Alicante. 

La titular del juzgado dictó este martes una providencia por la que cita a dos responsables más de la empresa mixta -uno de ellos adscrito al departamento jurídico, y otro al departamento técnico y de operaciones- con el fin de que comparezcan en calidad de testigos el próximo 31 de marzo. Además, también señala para esa misma fecha la comparecencia del funcionario que ejerció como vicesecretario municipal del Ayuntamiento de Alicante el 22 de diciembre de 2022: una de las fechas relacionadas con los acuerdos vinculados a la cesión del inmueble, según la versión que mantiene la Fiscalía Anticorrupción.

De hecho, esa nueva ronda de declaraciones se produce a propuesta de dicho órgano. Y se completan con la presencia de la responsable del departamento jurídico de la Concejalía de Urbanismo en la misma fecha, en una comparecencia que no había podido desarrollarse hasta ahora, después de que quedase aplazada al encontrarse en situación de baja laboral. Además, la jueza también atiende la petición cursada por Anticorrupción y acuerda la declaración de tres funcionarios de la Agencia Valenciana Antifraude (AVAF) para que presten testimonio en la condición de peritos. En este caso, el 9 de abril.

Por último, en esa misma providencia, se incorpora a las diligencias diversos documentos, entre los que figura el expediente de contratación de las obras ejecutadas por Aguas de Alicante para el acondicionamiento de la planta baja del edificio del antiguo Parque de Bomberos, de titularidad municipal, como sede del CIA. 

Suelo de uso educativo

La causa quedó abierta el pasado octubre a instancias de la denuncia presentada por Anticorrupción, a la vista de la manifestación de hechos registrada por los representantes del grupo municipal del PSOE. La Fiscalía advirtió indicios de un delito de prevaricación administrativa por la cesión de uso de parte del edificio a Aguas de Alicante con el fin de que implantase oficinas administrativas en un emplazamiento que queda situado sobre una parcela reservada para uso dotacional educativo en el vigente Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), a pesar de que nunca ha llegado a tener ese funcionalidad. 

De hecho, antes de que se produjese esa cesión directa a Aguas de Alicante, se emitió un informe de compatibilidad urbanística desfavorable ante la solicitud de licencia de obra presentada por la compañía. Después, se optó por adscribir el edificio a la Agencia Local de Desarrollo, lo que permitió que se pusiese a disposición de Aguas de Alicante sin que tuviese que solicitar licencia.

Anticorrupción presentó denuncia dirigida contra una veintena de personas, entre las que se incluyen los concejales que formaban parte de la Junta de Gobierno en la sesión en la que se acordó la nueva adscripción de uso del edificio a la Agencia de Desarrollo. En esta línea, ya han prestado declaración en el juzgado en calidad de investigados la edil de Fomento y Empleo, Mari Carmen de España (que preside la Agencia), y quien fuera concejal de Urbanismo en el momento en el que se adoptó ese acuerdo, el ya exconcejal Adrián Santos Pérez. Además, también han comparecido en el juzgado técnicos municipales y responsables de Aguas. En todos los casos, se ha negado la existencia de irregularidades y se ha defendido el fin divulgativo de las instalaciones del CIA.