Fachada del CIPFP Canastell de San Vicente del RaspeigSAN VICENTE DEL RASPEIG. La resolución de 14 de diciembre de 2020, dictada por la Dirección Territorial de la Inspección de Educación de Alicante, por la que se comunicaba el cese de tres profesores como miembros del Consejo Social del CIPF Canastell de San Vicente del Raspeig es “contraria de Derecho”.
Así lo ha fallado la magistrada-juez del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número Cuatro de Alicante tras el recurso presentado por los docentes. La sentencia, contra la que cabe recurso de apelación, concluye que las contrataciones de estos especialistas finalizaban todos los 31 de junio, coincidiendo con la finalización del curso escolar, pero es automáticamente renovada a propuesta del director del centro, previo informe favorable del departamento al que esté adscrito el profesor especialista y del Consejo Escolar, tal y como está regulado el régimen de contratación de profesores especialistas.
“Pese a ello”, recoge la sentencia, “por resolución de fecha 15/12/2020 se comunica por parte de la Dirección Territorial de la Inspección Educativa de Alicante que el próximo día 30 de junio los recurrentes deben ser cesados como miembros del Consejo Social y ser sustituidos por los reservas, al entender dicha administración que incurren en supuesto legal de cese”. El fallo argumenta que “solo cabrá dicho cese como miembros del Consejo Social si, llegado el día 30 de junio no se ha renovado su nombramiento, cuestión que no puede saberse con carácter previo, por lo que debe considerarse nula la resolución recurrida, ya que vincula el cese en sus nombramiento por el mero hecho de llegar la fecha de finalización del curso escolar sin tener en cuenta si dicha contratación es o no renovada y si nace por tanto el presupuesto necesario para la extinción de la relación laboral.
La juez reconoce el derecho de los recurrentes a no ser removidos por esta causa (por finalizar su contrato en fecha 30 de junio 2021) como miembros del Consejo Social del CIPFP Canastell, manteniendo su derecho hasta la finalización de su mandato, o bien hasta que se produzca la expiración de su contrato. Y, por tanto, estima el recurso contencioso-administrativo interpuesto por los docentes e impone las costas procesales causadas a la administración.
Esquerra Unida Raspeig promovió una moción en el pleno del Ayuntamiento, respaldada por todos los grupos municipales, en la que se pidió que la Dirección Territorial de Educación no alterara abruptamente la estructura organizativa de un centro que ha sabido siempre adaptarse a los cambios de legislación en materia educativa y tan buenos resultados ha cosechado a lo largo de su trayectoria. Finalmente, esta petición, que también estaba avalada por el Consejo Social del Centro, de todo su equipo directivo, del profesorado y alumnado, quedó en saco roto y Esquerra Unida considera que el actual devenir del centro se está alejando del estatus que alcanzó con gran esfuerzo y profesionalidad como entidad educativa reconocida dentro y fuera de nuestra Comunidad y dejando de ser un centro de referencia.
Esquerra Unida expresa su preocupación por las debilidades que está mostrando últimamente el CIPFP en una materia tan especial como la integración de personas con discapacidades y la atención a las personas en riesgo de abandono social.
