MADRID (EP). El ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, se ha reunido este viernes por videoconferencia con el Consejo General del Poder Judicial, la Fiscalía General del Estado, el Consejo General de la Abogacía Española y las comunidades autónomas con competencias transferidas en materia para avanzar una hoja de ruta para la reactivación de los juzgados y tribunales una vez se levante las medidas derivadas del estado de alarma declarado por la pandemia del coronavirus.
Los representantes de cada una de las instituciones y administraciones conforman la denominada Comisión de Coordinación de Crisis de la Administración de Justicia que se reúnen semanalmente para abordar la situación de la Administración de la Justicia generada por el Covid-19.
En el encuentro de este viernes, Campo ha solicitado a todos los representantes de la Comisión sus propuestas normativas, organizativas y tecnológicas a corto, medio y largo plazo en una hoja de ruta ampliamente consensuada para trazar una estrategia orientada a paliar los problemas derivados de la crisis sanitaria, ha informado el Ministerio de Justicia en una nota de prensa.
Así, al igual que ya explicó este jueves en la reunión que mantuvo con las asociaciones de jueces, ha expuesto que las líneas de trabajo se moverán en tres ámbitos. Una primera actuación será mediante Real Decreto-Ley, dada la urgencia y necesidad que precisa la reactivación de los tribunales para la recuperación social y económica.
Al mismo tiempo, se acometerán reformas estructurales a través de un proyecto de Ley para impulsar y mejorar la eficiencia de los procesos judiciales, con un especial énfasis en la transformación digital de la administración de Justicia. Un proyecto que ya se incluía en el 'Plan Justicia 2030'.
Por último, de conformidad con la disposición adicional al 19 del Real Decreto-Ley aprobado el pasado 31 de marzo, por el que se adoptan medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al coronavirus, se desarrollarán planes de reactivación en los órdenes jurisdiccionales más afectados por el parón de la actividad que ha supuesto el confinamiento. Este 'plan de choque' será aprobado por el Gobierno en el plazo máximo de 15 días desde que se levanten las medidas acordadas por el estado de alarma.
Por otro lado, durante la reunión se ha incidido en la necesidad de seguir dotando de equipos de protección individual a los empleados públicos y a los profesionales que acuden a las sedes judiciales. En este sentido, Justicia recuerda que se trabaja conjuntamente en la identificación de necesidades para los posibles escenarios postcrisis, pues se trata de una "prioridad".
Por último, también se ha abordado el impacto de la resolución firmada este lunes por el ministro de Justicia en los juzgados y tribunales de los distintos territorios, que pretende mantener los servicios esenciales durante el estado de alarma y retomar la normalidad en la presentación telemática de escritos.
Por su parte, en este encuentro, la presidenta del Consejo General de la Abogacía Española, Victoria Ortega, ha reclamado que las ayudas para paliar los efectos del Covid-19 a letrados autónomos y mutualistas que ya han aprobado Madrid, Andalucía y Navarra se extiendan al resto de comunidades autónomas.
La Abogacía considera que, en una situación excepcional como la que se está viviendo, no debe hacer distinción entre los abogados que pertenecen al Régimen Especial de los Trabajadores Autónomos (RETA) y quienes están acogidos al sistema mutualista.
En la reunión del pasado 3 de abril, Ortega ya trasladó al ministro y a los consejeros autonómicos esta reclamación y les pidió que sumasen fuerzas para que el área económica del Gobierno reconozca también a los mutualistas y materialicen el lema gubernamental de que "nadie se queda atrás".
Hasta el momento, el Consejo de Gobierno de Madrid ha aprobado la concesión de ayudas de 534,5 euros, correspondiente al importe de la cotización mínima de dos meses; el Gobierno de Navarra concederá una ayuda directa extraordinaria de 700 euros; y el Consejo de Gobierno de Andalucía, otra de 300 euros para autónomos, mutualistas y trabajadores por cuenta propia.
