ORIHUELA. El interventor accidental del Ayuntamiento de Orihuela, que llegó en 2005 y supervisó el pliego de la contrata de basuras en marcha en aquel momento, puso un reparo suspensivo, tras fiscalizar y manifestarse en desacuerdo, al no hallar contrato en el servicio de gestión de las basuras oriolana. La formulación de un reparo suspende la tramitación del expediente hasta que sea solventado, bien por la subsanación de las deficiencias observadas o bien, en el caso de no aceptación del reparo. El alcalde de Orihuela en 2005, José Manuel Medina, desconocía esta figura de fiscalización y las de este técnico fueron las primeras que se efectuaron en Orihuela.
Este técnico declaró ayer, como testigo, dentro del juicio del Caso Brugal. Fue una jornada en la que también respondió a preguntas de la Fiscalía y la defensa, un administrativo del área de Contratación de Orihuela que también trabajaba en 2005. El interventor accidental, asegura que no solo puso reparos en ese contrato de recogida de residuos, sino en varios de ellos, entre ellos algunos relacionados con Colsur y Proambiente, empresas de Ángel Fenoll.
Este técnico entró en el Ayuntamiento oriolano en noviembre de 2005, cuando se estaba gestando la nueva contrata para las basuras, en la que Urbaser recibió la mayor puntuación, pero que al final acabó desierta en 2007. Este trabajador del Ayuntamiento respondió, en primer lugar, a las preguntas de Fiscalía. Desde el primer momento, comenzó a poner reparos en varios de los contratos, según su declaración de ayer.
En julio de 2005, el nuevo contrato de basuras empezó a fraguarse. El interventor llegó en noviembre de ese año y sus reparos no fueron exclusivos por el contrato en la costa. Según relató ayer, en Orihuela ciudad, existía un contrato de tres millones de euros, mientras que en la costa se pagaban cuatro millones por un servicio que incluía más servicios, como limpieza viaria, recogida de algas y enseres. Proambiente se dedicaba al tratamiento de desechos con un contrato de unos 700.000 euros. Para todos ellos puso reparo el interventor, a partir de noviembre de 2005. "Había que poner orden y así lo hice. La mayor parte de sus servicios afectaban a Colsur y Proamiente, que eran los servicios más caros".
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También estuvo presente en la Mesa de Contratación. El fiscal Pablo Romero le preguntó si era normal que hubiera tanta gente formando parte de la mesa, a tantos concejales y otro tipo de personal. Indagó también para saber si se debía a que había sospechas de un posible amaño en el contrato. Para el testigo: "no califico el contrato de sospechoso, pero sí era complejo. Era el más grande para Orihuela, previsto para 20 años y 250 millones de euros". Asimismo, aseguró que nunca se sintió "presionado ni insinuado en ningún momento por el alcalde o los ediles, tuve un trato exquisito".
El testigo aclaró que la resolución para el levantamiento de los reparos de Intervenión eran decisión del alcalde, y que él tenía en sus manos la tramitación más o menos rápida del pago de facturas. Había que distinguir la aprobación y la ordenación de los pagos. Una vez aprobados, el alcalde decidía en qué momento se pagaba. Los reparos podían ralentizar el proceso de pago, pero el levantamiento era cuestión de Alcaldía.
El testigo afirmó, además, que no cree que sus reparos fueran la causa de la apertura de una nueva contrata de basuras "porque yo llegué en noviembre y el proceso ya había comenzado en julio". No obstante, aseguró que le llamó la atención que en la reunión de la Mesa de Contratación en la que dos ediles votaron en contra del informe técnico que puntuaba en primer lugar a Urbaser, fue llamado al despacho del secretario, donde le preguntaron si se había pensado bien su voto (que fue a favor). "Yo contesté que me daba igual, que quería que saliera un contrato correcto, el mejor, para la gestión de las basuras. La actuación normal era la unanimidad en la mesa, no sé por qué no pasó así en ese momento pero hubo un intenso debate". El testigo también aseguró que veía tensionado por aquel entonces a Medina. Él lo atribuye a juicios pendientes y no solo por el asunto de la contrata de basuras.
A preguntas de la abogada de Mónica Lorente, el testigo contestó, que considera que el informe que realizó en 2012 sobre el coste directo del servicio de la basura, no era adecuado "porque se basaba solo en facturas pagadas, y la técnica que lo realizó no era competente para realizar un informe de coste". Afirmó que las conclusiones extraídas, que defendían una gestión directa del servicio, en su opinión, no eran adecuadas. "A mitad de 2012 había preocupación por demostrar que el servicio directo era más barato que el indirecto, el estudio no era serio", aseguró.