Jiménez defiende la legalidad de los contratos con afines pero elude la autocrítica por no inhibirse
Jiménez defiende la legalidad de los contratos con afines pero elude la autocrítica por no inhibirse
ALICANTE. Nueva ronda de declaraciones para desentrañar las supuestas anomalías del caso contratos de Alicante. La titular del Juzgado de Instrucción número 9 ha citado a declarar en calidad de testigos a otros cuatro funcionarios municipales que tuvieron algún grado de participación en la tramitación de los encargos bajo sospecha para que puedan ofrecer explicaciones respecto a las manifestaciones ofrecidas por otros testigos previos o por los investigados, según han precisado fuentes jurídicas consultadas.
Se trata de tres funcionarios adscritos al departamento de Intervención municipal, así como otro técnico de la Concejalía de Infraestructuras: el área que, en coordinación con la Concejalía de Partidas Rurales, impulsó la concatenación de hasta tres contratos menores concertados a través de un procedimiento negociado (tras la petición de tres presupuestos distintos en cada caso) relacionados con mejoras en misma plaza de la partida rural de La Alcoraya.
En concreto, esos cuatro técnicos deberán prestar declaración el próximo 31 de julio, junto al jefe del área de Partidas Rurales que, en este caso, comparecerá como investigado (la figura que sustituye a la antigua imputación) a petición de la Fiscalía Anticorrupción. En esa misma jornada, también deberá prestar testimonio como testigo el vicesecretario municipal, que excusó su comparecencia el pasado 6 de julio por motivos familiares. Y, al tiempo, se prevé intentar una nueva citación de uno de los empresarios a los que se solicitó presupuesto en uno de los procedimientos negociados.
A partir de sus testimonios, la instructora deberá decidir si ordena nuevas diligencias antes de discernir sobre el futuro de la causa. Como ya ha informado este diario, la investigación se inició a instancia de la denuncia registrada por el grupo municipal del PSOE por un supuesto delito de prevaricación administrativa por fraccionamiento de contratos, un día después de que el exconcejal de Partidas Rurales y Fiestas, Manuel Jiménez, compareciese en pleno para ofrecer explicaciones sobre el procedimiento seguido en esas contrataciones y defender su legalidad.
Hasta el momento, en las diligencias figuran como investigados tanto Jiménez como el exconcejal de Infraestructuras, José Ramón González, además de un técnico de ese departamento, del jefe de servicio de ese área, del jefe de servicio de Partidas Rurales y del representante de la empresa a la que se le adjudicó la construcción e instalación de una pérgola en la plaza de La Alcoraya.
Los encargos analizados en las diligencias corresponden con la instalación de un circuito de aparatos biosaludables en dicha plaza, adjudicada por la Concejalía de Infraestructuras a través de una licitación al uso por un importe de 57.335 euros; con la reforma y reparación del escenario de la misma plaza, que se contrató con otra empresa distinta (Inelsa Ingeniería) a través de un procedimiento negociado (con petición de tres presupuestos distintos) por 27.757 euros; del diseño de una nueva pérgola para dicho espacio público, que también se concertó a través de un procedimiento negociado y que acabó encomendándose a otra empresa (Arquitectura Arquip) por 5.820 euros; y de la construcción y montaje de dicha pérgola, encargada -como en el caso precedente- por la Concejalía de Partidas Rurales con la misma fórmula del procedimiento negociado a otra compañía distinta (Rehabilitaciones Grupo Leuka) por 44.379 euros.
Se da la circunstancia de que los representantes de esas tres últimas empresas a las que se confiaron esos tres trabajos pertenecen al círculo de conocidos de Jiménez a través de las fiestas de Hogueras, y que una de esas firmas había ejecutado una reforma en el domicilio particular del exedil un año y medio antes. En todas sus manifestaciones previas registradas antes de presentar su dimisión y renuncia al acta de concejal, Jiménez ha defendido la corrección del proceso. El exconcejal de Infraestructuras, por su parte, ha asegurado desconocer nada al respecto.
Jiménez defiende la legalidad de los contratos con afines pero elude la autocrítica por no inhibirse