Los portavoces de Compromís, PSOE y Esquerra Unida Podem: Rafa Mas, Ana Barceló y Manolo Copé. ALICANTE. Los tres grupos políticos del eje progresista que ejercen funciones de oposición en el Ayuntamiento de Alicante han expresado este martes sus dudas respecto a la propuesta de modificación del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que ha quedado aprobada este martes en Junta de Gobierno con la que se ampara el uso de los sótanos de los edificios situados en ejes principales de la trama urbana de la ciudad para el desarrollo de las mismas actividades terciarias que ya preexistan en las respectivas plantas bajas de esos inmuebles. Se trata, en consecuencia, de un cambio normativo que permite que los sótanos puedan estar vinculados a un comercio, a un local de hostelería o a un alojamiento temporal como un apartamento turístico, aunque sin que ese uso tenga que ver con su posible habitabilidad.
Sea como fuere, las tres formaciones han requerido información adicional respecto a la propuesta y han emplazado al equipo de gobierno, del Partido Popular (PP), a atajar el funcionamiento irregular de los pisos turísticos que operan sin quedar registrados en el censo de Turisme Comunitat Valenciana.
En primer término, la portavoz municipal del PSOE, Ana Barceló, ha solicitado que se le faciliten "los informes técnicos que avalan la modificación del PGOU que propone el equipo de gobierno" y ha reclamado al alcalde, Luis Barcala, "que ponga el foco en los alojamientos turísticos que operan al margen de la legalidad, generando problemas de convivencia vecinal y de competencia desleal".
"Queremos ver por qué esa propuesta de modificación afecta a las calles que han sido detalladas tras la Junta de Gobierno e, igualmente, tener acceso a los informes que proponen que sean esos viales los que resulten beneficiados y no otros", ha señalado la portavoz. En esta línea, Barceló ha defendido que "lo que tiene que hacer el equipo de gobierno es contabilizar y analizar los alojamientos turísticos que existen en la ciudad, que están generando importantes problemas tanto en determinados barrios como en comunidades vecinales. Además, representan una competencia desleal hacia los apartamentos que sí disponen de licencias y eso es algo que se debe combatir con rotundidad", ha añadido.
"Antes de adoptar cualquier decisión, el gobierno municipal tiene que analizar los barrios donde están ubicados esos apartamentos que operan al margen de la legalidad, con tal de tomar decisiones en aras de equilibrar el turismo y la convivencia en la ciudad", ha señalado la portavoz.
En segundo término, el portavoz del grupo municipal de Compromís, Rafa Mas, ha emplazado al equipo de gobierno a "paralizar y dejar en suspensión la concesión de licencias a pisos turísticos para abrir un debate para diagnosticar, estudiar y participar con los sectores y ciudadanía con la finalidad de ordenar y regular la vivienda turística en la ciudad y poner un tope".
Para Mas, "en esta ciudad no sabemos quién gobierna, si el equipo de gobierno elegido democráticamente por los alicantinos y alicantinas o los lobbys de presión, grandes empresas y fondos de inversión, porque no entendemos por qué la concejala de Urbanismo Rocío Gómez quiere, ahora, modificar el Plan General para permitir, nada más y nada menos, que los sótanos puedan llegar a ser pisos turísticos. No sabemos quién está detrás de todo esto".
En esta línea, Mas ha anticipado que "solicitaremos en Les Corts información acerca de cuántas licencias y sanciones se han puesto desde Turisme a pisos turísticos. Además, también cuestionaremos a las concejalías de Urbanismo y Turismo sobre cuántas licencias se han concedido, así como el listado de sótanos que puedan beneficiarse de esta medida de gracia propuesta por la edil Rocío Gómez". Al margen de ello, Mas ha apuntado que "entendemos que se está redactando un nuevo PGOU y se debería esperar a analizar qué modelo de ciudad queremos", ha concluido.
Por su parte, el portavoz municipal de Esquerra Unida Podem, Manolo Copé, también ha expresado reticencias respecto a la necesidad de promover esa modificación urbanística concreta y se ha cuestionado sobre a qué intereses obedece cuando, a su juicio, no se promueven otras adaptaciones o proyectos urbanísticos que resultarían prioritarios. En este sentido, ha apuntado que "mientras se dedica tiempo a este tipo de acuerdos, no se hace lo que se debería hacer, y aquello de lo que tanto presumen luego. El parque central muerto de risa, la Sangueta con la justicia apretando para ver si avanzan algo, la operación integrada de Cigarreras en el limbo, el Plan Especial de Tabarca en un cajón o en un vertedero, la ampliación de Atalayas y el Pla de la Vallonga olvidadas, la regulación de gasolineras y de plantas solares en suelo no urbanizable a punto de caducar, el catálogo de protecciones que sigue sin aprobarse, y del PGOU ya ni hablamos", ha apuntado.
Por su parte, fuentes del equipo de gobierno han abundado en que los sótanos de los edificios situados en esos ejes principales de la trama urbana no podrán destinarse a acoger estancias de apartamentos turísticos, sino que podrán acoger dependencias vinculadas a sus prestaciones como los servicios de lavandería, consigna o conserjería, y en ningún caso usos ligados a la habitabilidad.
