Vista del Real Cub Náutico de Dénia, que ha denunciado al funcionario. Foto: ACNCVALICANTE. La Fiscalía de Alicante ha admitido a trámite la denuncia interpuesta por el Real Club Náutico de Dénia contra un funcionario de Puertos de la Generalitat que paralizó una obra en sus instalaciones. Según han confirmado a Alicante Plaza fuentes conocedoras del caso, el juez ha tomado declaración al funcionario en cuestión, y ahora está reclamando documentación sobre el proyecto.
Como se recordará, el presidente del Náutico de Dénia, Jaime Portolés, denunció el pasado febrero al ingeniero técnico de Obras Públicas del área de la Nao (Dénia-Xàbia), porque según la querella frenó unos trabajos de mejora de accesibilidad para instalar un ascensor en el club. Según las citadas fuentes, la Fiscalía de Alicante admitió la denuncia y la remitió al juzgado, que ya ha tomado declaración al funcionario.
La querella, según anunció en su momento Portolés, se presentó por prevaricación, al considerar el Náutico de Dénia que el citado funcionario se extralimitó en sus funciones al paralizar las obras de forma verbal 24 horas después de que comenzaran (el club presentó el proyecto en agosto pasado, el Consell lo autorizó en diciembre y el aval que se les requería se presentó en el Ayuntamiento, que funciona como ventanilla única de la Generalitat, en enero, poco antes de comenzar a tumbar tabiques). Según los denunciantes, el ingeniero técnico no tiene capacidad jurídica para parar la obra.
Los trabajos, no obstante, se terminaron llevando a cabo, según ha podido constatar este diario. Desde la Conselleria respaldaron la actuación de su técnico y atribuyeron la paralización a la falta de documentación (el acta de replanteo). El Náutico, de hecho, recibió varios requerimientos para parar los trabajos, y el personal del Servicio de Explotación de Puertos levantó actas de incumplimiento.
El funcionario denunciado por el Real Club Náutico de Dénia, que depende directamente del jefe de explotación de Puertos de la Generalitat Valenciana, Julio Marín, era el responsable de zona de Benidorm antes de ser trasladado a La Nao. Como ha contado este diario, la Inspección General de Servicios abrió una investigación a los funcionarios del Servicio de Explotación de Puertos tras la denuncia de la asociación de empresarios Costa Blanca Marine, radicada en Benidorm, que reclamaban 56 peticiones para conocer expedientes e información pública (solicitadas por 12 empresarios) sin contestar por parte de este departamento de la Generalitat. Especialmente, sobre la Isla de Benidorm y los negocios ilegales que vienen operando en ella.
