Antonio Rodes, director general de SPTCV, en las instalaciones de Distrito Digital. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. La Intervención General de la Generalitat Valenciana alerta de "deficiencias, debilidades e incumplimientos" en algunos de los contratos formalizados por la Sociedad Proyectos Temáticos de la Comunitat Valenciana (SPTCV) durante el pasado ejercicio, destinados a poner en marcha e impulsar la implantación del Distrito Digital de la Comunitat Valenciana en el entorno de Ciudad de la Luz y la terminal de cruceros del puerto de Alicante. Así lo recoge el informe de auditoría de cumplimiento relativo a 2018, que en general muestra su opinión favorable "con salvedades" a los procedimientos de contratación de la sociedad pública, excepto en el caso de los incentivos a las empresas, donde emite una opinión "desfavorable".
Uno de los puntos críticos que repasa la Intervención es el contrato entre la SPTCV y la tecnológica GGTech para formar una sociedad mixta que impulse un clúster del videojuego en Distrito Digital. La auditoría no cuestiona la valoración que la sociedad pública realizó de la aportación 'en especie' de la empresa, y que ha sido objeto de crítica por parte del sector en València, pero sí alerta sobre una de las cláusulas del contrato: GGTech puede romper la sociedad una vez vencido el plazo de cinco años, quiera o no la SPTCV, y en ese caso "el valor razonable de las participaciones sociales será abonado el el plazo de dos años" y, además, "se produciría, de forma sobrevenida, la integración de la sociedad al Sector Público Instrumental de la Generalitat".
Otro aspecto relacionado con el Distrito Digital que cuestiona la auditoría de cumplimiento es el alquiler de la planta baja de la terminal de cruceros al puerto de Alicante, donde ha establecido su centro de desarrollo en Alicante la multinacional tecnológica Accenture. En este caso, el auditor lamenta que "debería haberse realizado, con carácter previo, un estudio de mercado acerca de la renta arrendaticia y su valoración realizada por personal externo a SPTCV con solvencia suficiente, con objeto de justificar la razonabilidad del precio de arrendamiento a abonar por SPTCV". Como contó Alicante Plaza en su día, la sociedad pública sí hizo un estudio de mercado propio solicitando distintos presupuestos de oficinas, pero a juicio de Intervención debió encargarse a una empresa externa.
En estos dos puntos, con todo, Intervención emite una valoración "favorable con salvedades", como se ha dicho. Distinto es el caso de las ayudas de minimis que se ofreció a las startups tecnológicas para instalarse en Alicante. Aquí, el informe recoge una valoración "desfavorable" sin matices. No se cuestiona la concesión de ayudas, o el importe de las mismas, sino el hecho de que fuese SPTCV directamente quien las concedió. "Esta Intervención General considera que SPTCV no puede otorgar subvenciones, incentivos o entregas dinerarias sin contraprestación sujetas al derecho privado que persigan el fomento de una utilidad pública o interés general", señala.
La auditoría dedica también un epígrafe al apartado de personal de la sociedad pública, donde llama la atención sobre dos cuestiones fundamentalmente. Por un lado, el hecho de que SPTCV mantiene aún varios contratos temporales próximos a rebasar el plazo de tiempo que establece con carácter general como límite el Estatuto de los Trabajadores. "La irregularidad en la contratación laboral temporal que pueda dar lugar a la conversión de un contrato temporal en indefinido no fijo determinará la exigencia de responsabilidades a los órganos competentes", advierte. Por otro lado, Intervención ha detectado que la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) no cuenta con una vacante adecuada para incorporar a la persona que aún estaba contratada por Ciudad de la Luz SAU, y que ahora debe integrarse en la sociedad pública fruto del proceso de asunción de activos y pasivos. Por este motivo, recomienda en sus conclusiones revisar la RPT.
El director de SPTCV, Antonio Rodes, a preguntas de este diario, señaló que la posición de la Intervención sobre los incentivos a empresas obedece a un "cambio de opinión", ya que presentaron el expediente antes de lanzar el plan (sin ser preceptivo) y "nos dijeron que sí verbalmente". Rodes defiende que el procedimiento cuenta con el visto bueno de otros órganos de control, por lo que el informe desfavorable es "solo una opinión más; llevamos en esta discusión un año". Sobre los otros dos asuntos, el director de la sociedad pública consideró que el contrato con GGTech está "solventado", a la espera del visto bueno del pleno del Consell para firmarlo (está elaborándose el informe en la Subsecretaría Autonómica), y defendió que el acuerdo de alquiler de la sede de Accenture "es ventajosísimo, porque pagamos menos que el canon que le cuesta al propietario con el puerto, y podemos resolverlo con tres meses de preaviso sin penalización".
