Foto: RAFA MOLINA. BENIDORM. El Ayuntamiento de Benidorm sigue avanzando en la declaración de la nulidad del convenio de 2003 entre el Consistorio y los propietarios de diferentes parcelas de Serra Gelada. El alcalde, Toni Pérez, firma una moción al pleno del próximo lunes por el que se aprueba esta nueva consideración tras conocer el dictamen del Consell Jurídic Consultiu (CJC) que avala esta tesis. De este modo, los empresarios se quedan sin una cobertura que les permita ser indemnizados por los suelos que mantienen en este paraje natural, y que se protegió dentro del Parque Natural de Serra Gelada cuando ellos ya eran poseedores de estos terrenos.
La concejal de Urbanismo, Lourdes Caselles, explicó a este diario que los responsables de resarcirles es la Generalitat Valenciana. Precisamente, de dónde partiría la compensación, es la cuestión que ha estado sobrevolando desde que se firmó dicho acuerdo hace dos décadas. El dictamen recoge que los propietarios de las parcelas afectadas son FPO SA (19,50%), Antonio Manuel Puchades Orts (25%), Murcia Puchades Expansión SL (25%) Atricap Investment SL (7,17%) y Rucalaf SL (23,33%).
Como ha venido explicando Alicante Plaza, el alcalde por aquel entonces, Vicente Pérez Devesa, firmó un acuerdo con los propietarios de estos terrenos que iban a ser protegidos por la Generalitat, y se fue prorrogando años después por el gobierno del PSOE y Liberales. Este establecía la indemnización otorgándoles edificabilidad en otros sitios de la ciudad por esas parcelas que el Plan General de 1963 reconocía como urbanos. La firma se hizo cuando la Generalitat Valenciana ya había iniciado los trámites para revisar este espacio natural. En el caso de que a los cinco años no se hubiera compensado con los terrenos en otros planes urbanísticos, se les tendría que haber resarcido de manera económica. Pero, 19 años después, ni una cosa ni la otra.
Desde 2016 se ha quedado el convenio sin prorrogas y en un limbo. En 2021 el Consistorio incoó la revisión de oficio y ha estado recopilando diferentes informes para conocer la forma de proceder, la última, la remisión del convenio al Consultiu que les sigue dando la razón. Tras esto, el pasado 21 de noviembre el secretario municipal firmó un nuevo informe en base al dictamen del CJC y que acompaña a la moción que se debatirá el próximo lunes para dejarlo sin efecto.
El dictamen del 16 de noviembre de 2022 señala que procede la declaración de nulidad del acuerdo plenario y del convenio de 2003, así como el acta y sus siguientes prórrogas.
Entre las consideraciones del CJC, señala que aunque el Ayuntamiento asumió en el convenio el compromiso de compensar el aprovechamiento urbanístico en otros sectores, dicho acuerdo "devino de cumplimiento imposible desde el momento en que se aprobó el PORN por Decreto 58/2005, que calificó el Sector APR-7 como suelo no urbanizable de especial protección, en su artículo 51".
Al mismo tiempo, avalan la teoría que ya presentó una consultora externa en 2020 en el que la indemnización económica no tiene cabida por parte del Consistorio por reconocer a dichos propietarios derechos de aprovechamiento urbanístico, que no se ha patrimonializado, por lo que consideran que no se había adquirido "dado que no habían procedido a la cesión, equidistribución y urbanización". Así, indican que aunque los terrenos estuvieron clasificados en el PGOU de 1963 como suelo urbano, "no parecían contar" con los requisitos exigidos como acceso rodado, abastecimiento de agua, evacuación de aguas y suministro de energía eléctrica, etc. Con todo, rechazan las alegaciones de los interesados que afirmaban que era terreno consolidado.
