Me alegra poder presumir de que en este periódico a José Luis Vera lo calamos mucho antes de que se desencadenara la operación Azud, donde ha cobrado protagonismo como conseguidor de operaciones inmobiliarias sospechosas y comisionista por trabajos tan arduos como sentar en una mesa a corruptores con políticos y funcionarios corruptibles. A Vera lo vimos venir cuando Valencia Plaza destapó su burdo intento de amaño en el concurso para cubrir el puesto de Dirección de Recursos Humanos en Divalterra, donde era el garante de la legalidad. Mantuvo el pulso contra funcionarios, la Agencia Antifraude y este periódico atacando a todos en informes jurídicos faltos de rigor y filtrando mentiras a otros medios.
Director general cuando gobernaba Joan Lerma, abogado azote de los corruptos del PP y magistrado por el cuarto turno durante ocho años, Vera es un personaje fascinante por la cara dura demostrada a lo largo de dos décadas y por su cuajo a la hora de saltarse la ley o traicionar a quien haga falta. Hay otros 'veras', pero están en este. Su "historial repleto de escándalos" lo resumió de forma impecable mi compañera Rosana B. Crespo hace un año. Un resumen que ahora está incompleto tras levantarse parcialmente el secreto de sumario del caso Azud, donde Vera es uno de los all stars.
Aquí un detalle que muestra el desparpajo del personaje: en 2008 la Fiscalía denunció a Vera y a su esposa, la exdiputada del PSPV María Antonia Armengol, por presunto cohecho al no acreditar que hubiesen pagado los 520.000 euros que costó la construcción de su chalet en Dos Aguas tres años antes. Hacienda lo consideró un regalo de la empresa 'por ser vos quien sois', una diputada y un asesor del alcalde del Ayuntamiento de Gandia. La causa se archivó en 2010 porque el matrimonio acreditó que había pagado, aunque con años de retraso, más de 300.000 euros cuando se supieron investigados por Hacienda. Lo que el sumario de Azud revela ahora es que esos 300.000 euros le llegaron a Vera de una de las principales empresas de la trama, propiedad del presunto capo Jaime Febrer, mediante a una simulación de contratos. Es decir, que Vera presuntamente tapó un delito con otro delito. "Champagne y mujeres", le escribió a Febrer en el mail en el que le comunicaba el sobreseimiento.
Vera era hasta ahora un desconocido para el gran público pero no en el PSPV ni menos aún en el Palau de la Generalitat. Entre 2003 y 2007 fue asesor jurídico del alcalde de Gandia, José Manuel Orengo, donde coincidió con Alfred Boix, Emili Sampío y Andreu Ferrer –concejal, jefe de personal y director de una empresa pública, respectivamente–, quienes hoy forman el núcleo duro de Ximo Puig en Presidencia.
Fue Orengo quien instó al presidente de la Diputación de Valencia, Jorge Rodríguez, a colocar a Vera en los servicios jurídicos de la empresa pública Imelsa. Allí, en la rebautizada Divalterra –rebautizada para hacer olvidar el pasado corrupto de Imelsa–, Vera hizo lo que mejor sabe hacer: trampas. Trampas en su beneficio personal, en el del PSPV y en el de sus amigos, llevándose por delante a quien hiciera falta.
Se estrenó avalando la contribución económica de Divalterra a la Fundación Cical, un chiringuito para captar fondos públicos montado por Orengo meses después de dimitir como jefe de Gabinete de la Diputación tras verse involucrado en el caso Imelsa. Baste decir que Vera dio el visto bueno al primer pago de 40.000 euros en un escrito de cinco líneas firmado un día antes de que la factura llegara a Divalterra.
Continuó la fiesta contratando a dedo por 90.000 euros a una abogada que había representado a Orengo en el caso Imelsa y con la que Vera había coincidido en el despacho de Virgilio Latorre, letrado del PSPV en varias causas contra el PP. Además, impulsó un concurso para que Divalterra contratase un despacho de abogados por 600.000 euros, que casualmente era la deuda aproximada que el PSPV tenía con el bufete de Latorre.
Jorge Rodríguez, con la ayuda de Maria Josep Amigó y la hoy consellera Rosa Pérez, frenó ese concurso y apartó temporalmente del cargo a Vera, que no se iba a quedar cruzado de brazos después de que en menos de un año el 'clan de Gandia' hubiese perdido todo su peso en la Diputación tras las salidas, meses antes, de Orengo y de José Ramón Tíller, gerente de Imelsa.
Vera se llevó por delante al nuevo gerente, Víctor Sahuquillo, con la filtración de unos menús con gin-tonic a cargo de la empresa, y se cogió una baja de 18 meses en los que, además de seguir cobrando hasta 10.000 euros por kilometraje sin ir a trabajar, tuvo tiempo de pensar. Año y medio después volvió al trabajo y al mes siguiente Rodríguez era detenido y encerrado en el calabozo por unos contratos de alta dirección que el propio Vera, director jurídico de la empresa, no consideró irregulares en un informe que le encargó Rodríguez.
Era el llamado caso Alquería, en el que Vera, exmagistrado, evitó ser imputado al convertirse en colaborador de la Fiscalía Anticorrupción. En todos los casos de corrupción hay alguien que se adelanta a los acontecimientos y sale mejor parado por su colaboración con la justicia. Un caso paradigmático es el exgerente de Imelsa Marcos Benavent, que no ha pisado la prisión ni el calabozo a pesar de la gravedad de los delitos que ha confesado, al contrario que algunos de los señalados en sus confesiones. No descartemos que nuestro protagonista de hoy se muestre colaborador y salga de rositas en el caso Azud.
Lo curioso es que mientras colaboraba con Anticorrupción en el caso Alquería, el fiscal tenía evidencias de la catadura moral del personaje por su protagonismo en la investigación de Azud, que se llevaba en secreto. En el entorno de Jorge Rodríguez creen que la detención e imputación de Vera en Azud les beneficia de cara al juicio de Alquería, que se inicia en septiembre y en el que el testimonio del todavía asesor jurídico de Divalterra es clave.
Pasada la pandemia, llegó el episodio que hizo estallar Divalterra. Vera trató de colocar a uno de los suyos en la Dirección de Recursos Humanos, puesto clave para el clientelismo comarcal del PSPV por las más de 600 personas que forman las brigadas forestales, pero el concurso lo ganó una funcionaria con muchas más aptitudes. El responsable jurídico se saltó todas las normas para tratar de anular el nombramiento, varios consejeros dimitieron, el gerente fue cesado y, ante la magnitud del escándalo, Toni Gaspar decidió liquidar la empresa en marzo de 2021.
En medio de esa tormenta y a pesar de su oscuro pasado y presente, Divalterra amplió las atribuciones de Vera al nombrarlo director de los Servicios Jurídicos, Transparencia y Prevención de Riesgos Penales. El encargado de prevenir riesgos penales en la empresa pública fue detenido seis meses después en el marco del caso Azud. A día de hoy continúa en el cargo, a pesar de que Divalterra está en liquidación con solo cinco trabajadores, de los que cuatro, todos menos Vera, se integrarán próximamente en la Diputación. Cuando todos se haya ido, afrontará su tarea más extravagante: evitar los riesgos penales en una empresa de la que él es el único trabajador.
Vera se cogió otra baja tras anunciarse la liquidación, de la que volvió cuatro meses después, al día siguiente de que este periódico lo publicara. Allí hizo, presuntamente, su última aportación a esta columna: alguien accedió a su correo electrónico personal, intervenido por la Guardia Civil, y cambió la clave. Según la UCO, ocurrió a las 11 de la mañana desde un ordenador situado en las oficinas de Divalterra.
Vera, implicado hasta las trancas en el caso Azud por llevarse mordidas no solo para él, sino también para el PSPV, continúa cobrando un sustancioso sueldo público como responsable de riesgos penales en una empresa que lleva un año en liquidación. En el partido hacen como que no lo conocen mucho –no es militante– pero en el Palau de la Generalitat lo conocen de sobra. Entre eso y lo de Manolo Mata no ganan para disgustos.