Vista aérea de la desaladora de Alicante II. Foto: MCTALICANTE. Nuevo capítulo del folletín en el que se ha convertido la adjudicación de la explotación de las desaladoras de Alicante, pertenecientes a la Mancomunidad de los Canales del Taibilla, una vez que el pasado mes de abril finalizó la concesión de 15 años a Acciona por la construcción de la planta Alicante I. El Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TARC), dependiente del Ministerio de Hacienda, ha levantado la suspensión de la adjudicación, por lo que el Taibilla puede seguir adelante con la firma del contrato. Pero eso no quiere decir que no pueda anularlo una vez adjudicado, lo que otorga un importante componente de incertidumbre.
Por partes. La última resolución del Tribunal dependiente de Hacienda levanta la suspensión automática que se produce cada vez que llega un recurso, y que entró en vigor a mediados de octubre como consecuencia del recurso presentado por la UTE Inima-Construcciones Alpi, porque considera que "los perjuicios que podrían derivarse para el recurrente del levantamiento de la suspensión son inferiores a los que se producirían al interés público si ésta se mantuviera". Inima recurrió después de verse apeada del concurso cuando ya había sido elegida como adjudicataria, como consecuencia de un recurso de Sacyr, inicialmente descartada y que fruto de dicho recurso resultó escogida como nueva adjudicataria.
Es decir, el Taibilla puede seguir adelante con la adjudicación, firmar el contrato con Sacyr y que sea esta empresa la que comience a operar las desaladoras. Pero una vez dado este paso, del estudio del fondo del recurso podría derivarse la nulidad de la adjudicación y el reinicio del proceso. En este sentido, el recurso de Inima aduce que la resolución del TARC que la descalificaba no puede implicar una nueva valoración de las ofertas restantes (como efectivamente sucedió para elegir a Sacyr), sino que el procedimiento debería declararse nulo y comenzar de cero. Al volver a valorar ofertas ya valoradas anteriormente, según Inima, la mesa de contratación incurre en un defecto insubsanable de "contaminación de sobres".
El procedimiento para adjudicar la operación de las dos desaladoras, que juntas inyectan 48 hectómetros cúbicos anuales de agua desalada en el sistema de la Mancomunidad de los Canales del Taibilla (de donde beben 34 municipios de la provincia, que concentran el 50% de su población), se inició a principios de año, pero ha tenido que superar no pocos contratiempos. Primero, se descalificó a Acciona en abril (que operaba una de las dos plantas, Alicante I, hasta el fin de su concesión) porque la documentación llegó fuera de plazo. Acciona adujo un error informático en la Plataforma de Contratación que no quedó acreditado, por lo que la descalificación se mantuvo.
Luego, el Taibilla escogió en junio a Inima-Construcciones Alpi como la oferta más ventajosa, en detrimento de la UTE Suez-Aqualia, Abengoa y la ya citada Sacyr. Una vez resuelta la adjudicación a favor de Inima (que operaba hasta la fecha la segunda desaladora del contrato, Alicante II), Sacyr recurrió a Hacienda y en septiembre el Tribunal de Recursos le dio la razón. El motivo: la UTE adjudicataria había incluido documentación del sobre 3 en el sobre 2, por lo que ofrecía a la mesa de contratación información que solo debía conocer si la propuesta superaba el primer corte. El Tribunal descalificó a Inima y el Taibilla volvió a valorar las ofertas restantes, para decantarse por Sacyr.
Entonces fue Inima la que recurrió en los términos ya explicados, primero para defender que su propuesta no debía ser descalificada, y segundo que, en todo caso, esa descalificación 'a posteriori', con el concurso ya adjudicado (y por tanto, con todas las plicas abiertas) debía por fuerza motivar la anulación del concurso y su reinicio, ya que al valorar por segunda vez las ofertas inicialmente descartadas, la mesa ya tenía conocimiento de toda la documentación (la esgrimida "contaminación de sobres" por la que la propia Inima fue descalificada tras el recurso). Este recurso es el que está pendiente de resolución y podría llegar a anular el concurso con el contrato ya adjudicado. De momento, Sacyr puede empezar a explotar las plantas.
