La edil de Memoria Histórica, María José Espuch (Compromís) en un pleno. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. El proceso de actualización del callejero de Alicante, en cumplimiento de la Ley de Memoria Histórica, continuará generando debate al menos durante el próximo mes. Es el plazo mínimo en el que el departamento de Memoria Histórica prevé tener resueltas el paquete de alegaciones que se presentaron hasta las 15:00 horas de este viernes. A cierre del recuento oficial, el próximo lunes, el departamento municipal que coordina la edil María José Espuch (Compromís) tenía contabilizadas menos de una decena por parte de colectivos cívicos y culturales, grupos políticos y particulares.
En concreto, según fuentes municipales, presentaron objeciones a favor y en contra de la propuesta de redenominación de 46 vías (entre las 103 peticiones que se recogieron en el proceso de participación previo) los colectivos Alicante Vivo, la Comisión por la Recuperación de la Memoria Histórica, vecinos del entorno de la plaza de la División Azul, residentes de la calle Lassaleta y los grupos municipal de Ciudadanos (C's) y de PP.
El PP, por su parte, amplió sus dudas sobre el proceso al denunciar la falta de información sobre los costes que iba a conllevar la reconfiguración del callejero. Su portavoz adjunta, Mari Carmen de España, criticó “la falta de seriedad del tripartito en el proceso de cambio de nombre de las 46 calles", no sólo "por no haberlo consultado con los vecinos sino porque ahora nos encontramos con que no disponemos de una valoración económica”. De España preguntó al tripartito “dónde está ese informe económico que, según el concejal Daniel Simón, estima el gasto para el Ayuntamiento de Alicante en cerca de 20.000 euros”.
El Grupo Popular estudia encargar un informe para valorar el coste que puede suponer el cambio de nombre de las 46 calles, "algunas de las cuales serán sustituidas por nombres de personas de ideología comunista y radical de izquierdas a gusto del tripartito". En el citado trabajo, el PP incluirá el coste que supondrá los cambios de los nombres en impresos, rótulos, direcciones de centros oficiales y empresas, así como los costes privados para particulares.
