ALICANTE. Todas las opciones siguen sobre la mesa tras el primer encuentro celebrado este miércoles entre el ente Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), adscrito al Ministerio de Transportes, y la Conselleria de Infraestructuras para abordar las posibilidades de encaje de la estación del tranvía en Renfe. En esa primera reunión de trabajo, Adif trasladó su voluntad de poner los terrenos de su propiedad a disposición de la Generalitat para permitir la construcción de esa nueva terminal del Tram sin demoras, siempre que se alcanzase un acuerdo sobre medidas de compensación. Y entre esas fórmulas, la opción que podría cobrar fuerza sería la de que se acordase una concesión, según pudo confirmar este diario.
Cuando menos, ese es el planteamiento que trasladaron los representantes de Adif a la delegación encabezada por el secretario autonómico de Infraestructuras y Transportes, Vicente Dómine: un acuerdo con una duración de 75 años en el que la Generalitat podría disponer libremente de los terrenos situados en el actual aparcamiento de vehículos en superficie anexo a la estación de Renfe, aunque sujeta al pago de un canon por uso en un importe por determinar.
Por lo pronto, según fuentes consultadas, la cuantía de ese canon podría limitarse a una cifra de carácter simbólico como ejemplo de colaboración entre administraciones. Eso sí, esa concesión seguiría condicionada a la delimitación de una compensación económica por la ocupación del suelo, que debería materializarse en el momento en el que se extinguiese ese plazo máximo de concesión (que no cesión, al tratarse de un instrumento limitado a una duración de solo 20 años).
En todo caso, esa contraprestación no debería ser necesariamente en metálico, ya que -aunque en el encuentro de este miércoles también se llegó a plantear la expropiación por parte de la Generalitat- podría sustanciarse mediante la transferencia de derechos urbanísticos (entrega de suelo edificable) en el momento en el que se desarrolle la denominada Operación Integrada número 2 (OI/2): los terrenos liberados de las vías del ferrocarril en los que debe encuadrarse el futuro Parque central, además de un nuevo intercambiador que conecte en un mismo ámbito las terminales de tranvía, de ferrocarril y de autobuses interurbanos.
En principio, se espera que las conversaciones se retomen en la primera semana de diciembre en el transcurso de una nueva reunión de trabajo en la que puedan concretarse las condiciones definitivas para que la Generalitat pueda disponer de los terrenos. Una evidencia que constataría que el anterior Consell del Botànic (PSPV, Compromís y Unides Podem EU) no había llegado a cerrar durante la pasada legislatura el acuerdo necesario para que la administración autonómica pudiese abordar la construcción de la nueva estación: el paso previo imprescindible para un hipotético inicio de obra.
Sea como fuere, lo cierto es que, además, el actual Consell compuesto por PP y Vox ya había trasladado su solicitud de que el uso de ese suelo no quedase ligado al pago de ninguna contraprestación, toda vez que la administración autonómica ya debe asumir el desembolso de 132 millones que conlleva la construcción de la estación del Tram. Así, el acuerdo todavía no se antoja fácil, pese a la predisposición a seguir conversando que se puso de manifiesto este miércoles.
Esa dificultad quedaría agravada, además, si se tiene en cuenta que el planteamiento de Adif es el de una concesión temporal por un máximo de 75 años, lo que habría sido interpretado ya como una propuesta que generaría cierta incertidumbre por su carácter provisional, por mucho que el plazo fuese relativamente largo.
En todo caso, el ofrecimiento de Adif sí permitiría abordar la construcción de la terminal del Tram en el momento en el que se cierre la contratación de sus obras, pendiente de adjudicación entre las diez constructoras o alianzas empresariales que concurrieron a la licitación, el pasado mes de abril.
A partir de ahí, será la Generalitat la que deberá acordar la provisión de fondos necesarios para financiar su ejecución, a través de los presupuestos específicos de la empresa pública Ferrocarrils de la Generalitat (FGV), de acuerdo con el compromiso manifestado por el departamento que coordina la consellera Salomé Pradas, toda vez que no existe ningún reflejo de consignación económica para el proyecto en las cuentas generales de 2024.
Por lo pronto, el presupuesto de FGV debería quedar aprobado en las próximas semanas, aunque ya se ha anticipado una reducción en su planificación global respecto a las cuentas que se aprobaron en 2023. En concreto, la programación planteada para el próximo ejercicio ascenderá a 282 millones frente a los 303 de los que se dispuso este año.
Fuentes consultadas precisaron que, en las cifras previstas para este año, se había reservado una partida de 35 millones (que no tendrá desarrollo) con la intención de que las obras de la estación pudiesen arrancar antes de que concluyese 2023. Por el momento, no se ha dado a conocer qué suma concreta podría proveerse ahora en las cuentas de FGV de 2024 para ese fin, en un contexto en el que el Consell asegura mantener conversaciones con el Gobierno para concretar la transferencia de los 207 millones del fondo para infraestructuras comprometido como fórmula de equilibrio ante el bajo nivel de inversiones recogidas en los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de este año (ahora pendientes de una previsible prórroga).
Entre tanto, representantes de los grupos municipales de PSOE y Compromís en el Ayuntamiento de Alicante, como Ana Barceló y Sara Llobell, se felicitaron de que este miércoles se sustanciasen las primeras conversaciones para desbloquear la construcción de las obras y emplazaron al alcalde, Luis Barcala, a trasladar el contenido de las conversaciones y a contribuir a acelerar los trámites para que el inicio de las obras de la estación tranviaria.