Mercado Central / PEPE OLIVARESELCHE. El concejal Eduardo García-Ontiveros considera que tras el dictamen del Consell Jurídic Consultiu referente a la resolución del contrato del Mercado Central, se abre una larga etapa de incertidumbre jurídica, por la incapacidad de resolver la cuestión de forma consensuada.
El edil señala dicho informe tiene la fuerza de prueba, en un más que probable proceso judicial, que le quiera dar el juez de lo contencioso-administrativo no asegurando la razón a ninguna de las partes. “No se puede interpretar como “ley”, un informe que es la opinión de un órgano que no tiene capacidad decisoria, sino que tan solo expone una conclusión a su parecer.” ha manifestado García-Ontiveros.
Ahora bien, del mencionado dictamen "se desprenden dos grandes conclusiones que no dejan en muy bien lugar a ninguno de los dos grandes partidos políticos que han gobernado en Elche y en la Comunidad Valenciana".
“Por un lado, aunque es cierto que el Consell Jurídic Consultiu menciona que es factible la rescisión del contrato del Mercado Central, lo que también es cierto es que dice que esa rescisión podrá conllevar una indemnización a favor de la concesionaria que a día de hoy no alcanzamos a calcular, pero que puede ser millonaria”.
Según el concejal esta indemnización "es más que probable que se otorgue por los tribunales a la concesionaria, debido a que esta es un tercero de buena fe, que en su día firmó un contrato con la corporación del PP, donde no se le informó de las posibles dificultades arquitectónicas, arqueológicas y patrimoniales del proyecto, siendo imposible achacar la responsabilidad de la frustración del objeto del contrato y su resolución a la concesionaria en exclusiva, haciendo uso de una cláusula de riesgo y ventura, como si la protección patrimonial y el posible daño al interés público hubieran aflorado tras la suscripción del contrato en el año 2015”, menciona el dictamen del organismo del Consell en su valoración séptima.
“Por tanto, la conclusión es que, aunque es factible resolver el contrato por el perjuicio al patrimonio cultural del municipio, es muy factible que se deba pagar una indemnización a la concesionaria por esa rescisión, y porque además a esta no se le puede cargar con la responsabilidad de un contrato con un vicio oculto referente a un interés público que ya existía en el momento de la firma. Con lo que, por un lado, el PSOE será responsable de no haber podido llegar a un consenso con la concesionaria y por otro, el PP también será responsable de haber firmado un contrato, en su día, en el que no se informó de forma clara y precisa a la otra parte de la posibilidad más que probable del perjuicio al patrimonio cultural de Elche” ha sentenciado García-Ontiveros.
"Es evidente que en toda esta situación que se va alargar en el tiempo, ya que se va abrir la vía judicial, existe un claro perjuicio a un tercero, por las erróneas decisiones de dos equipos de gobierno, uno del PP en el momento de la firma del contrato y otro del PSOE por su incapacidad de resolver este conflicto sin terminar en los juzgados, pero es que además, nadie parece acordarse de las familias placeras que siguen en un mercado provisional que ahora parece ser que su ubicación será definitiva con la consiguiente modificación del PGOU, cuestión que también se antoja complicada, por ser esa ubicación, zona verde".
Por su parte, la plataforma Salvem el Mercat ha incidido en que "los informes de ICOMOS y del Defensor del Pueblo -promovidos por esta plataforma cívica en los últimos años- han resultado determinantes en el dictamen del CJC favorable a la resolución del
contrato con la mercantil Aparcisa. Esto reafirma nuestra convicción de que la Plataforma Salvem El Mercat ha seguido una línea de actuaciones acertada en la defensa del interés público".
Hacen énfasis en que el dictamen no comparte la argumentación municipal de que la afección al Misteri, en su condición Patrimonio Inmaterial de la Humanidad, sea un hecho sobrevenido y, por tanto, causa de rescisión del contrato sin indemnización puesto que la declaración es anterior y data de 2001. Recuerda que "la amenaza para la declaración de la Unesco debió ser objeto de la atención del Ayuntamiento de Elche y de la Generalitat en el momento de la aprobación del PRI y del Ayuntamiento en el momento de la licitación y adjudicación y de los servicios municipales que informaron al respecto”, del proceso tuvo lugar entre los años 2012 y 2014.
Esta plataforma entiende que, con estas afirmaciones, "el dictamen viene a determinar autorías y responsabilidades en caso de que un tribunal llegue a establecer en un futuro el pago de indemnizaciones por parte del Ayuntamiento de Elche, y en consecuencia de los ilicitanos, a la concesionaria Aparcisa. El dictamen del CJC lleva a preguntarnos los motivos por los que el equipo de Gobierno del Ayuntamiento de Elche y la Conselleria de Cultura de la Generalitat Valenciana de la legislatura 2011-2015 hicieron caso omiso a su obligación de velar por la salvaguardia del Misteri tal y como establece su Ley, la del Patrimonio Cultural Valenciano y la Convención para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial de 2003".
