ALICANTE. Una nueva ampliación de capital arranca este martes en el Elche con la publicación del pertinente anuncio en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME).
Casi tres semanas después de que la convocatoria de la misma fuera aprobada por los accionistas (acometerla es muy importante para el consejo del Elche, pero a este también le urgía que la aprobación de la misma se produjera antes del 30 de octubre, pensando en la auditoría a la que se va a someter y que usará el Consejo Superior de Deportes para determinar el nuevo capital social con que ha de contar), con el anuncio en el BORME se inicia (así lo establece el propio anuncio) el plazo de un mes por el que se extiende la primera de las tres fases en las que se estructura una operación de aumento de capital social por aportaciones dinerarias cuyo importe asciende a 1.355.001 euros e implica la emisión de 423.438 nuevas acciones con un valor nominal de 3,20 euros cada una.
En esa primera fase, los actuales accionistas tienen la posibilidad de ejercer el derecho de suscripción preferente que se les reconoce: tienen derecho a suscribir un número proporcional de nuevas acciones, a razón de una por cada 2,172 que ya posean.
El ejercicio derecho de suscripción preferente de la Fundación requiere un desembolso total de 747.000 euros
Precisamente este derecho de suscripción preferente, el ejercicio del mismo, centrará la reunión también prevista para este martes del patronato de la Fundación del Elche que como titular del 55,16% del capital social del club (pignorado en favor del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF) está el 54,73%), concretamente de 507.022 acciones cuyo valor nominal total asciende a 1.622.470 euros, tiene derecho a adquirir en la primera fase 233.435 acciones de las 423.438 de la ampliación, es decir, habría de desembolsar 746.994 euros. Que la Fundación haga lo anterior está descartado, como también que el banco del Consell ejerza en su lugar dicho derecho (así lo tienen convenido en el contrato de prenda suscrito en 2011 para garantizar la devolución del aval prestado en su día por el IVF, operación que la Comisión Europea considera una ayuda de Estado prohibida y por eso le reclama al Elche el pago de 4.045.786 de euros a la Generalitat).
Inversor
Existe una tercera posibilidad, que el IVF ceda a su vez ese derecho a un tercero, pero por el momento ese inversor con una "oferta solvente" a ojos del banco del Consell y que satisfaga sus exigencias no ha aparecido.
Manuel Illueca, director general del IVF, reiteraba el pasado jueves a Alicante Plaza que su intención ("la solución al problema del Elche") sigue siendo vender la deuda de la Fundación, es decir, que un inversor se subrogue como acreedor en el derecho de crédito que mantiene el brazo económico de la Generalitat contra la Fundación.
Al tiempo y en relación con la decisión del patronato de esta de abstenerse en la Junta de Accionistas en la que se aprobó convocar esta ampliación de capital, en contra del mandato del IVF que le requirió para que se opusiera, el banco del Consell mantiene su postura de reclamar judicialmente a los patronos responsabilidad patrimonial por lo que entiende un incumplimiento del citado contrato de prenda, ya que de completarse la citada ampliación sin que la Fundación (el IVF o un tercero) acudan a la misma, el paquete de acciones (la prenda) con el que se le garantiza el pago de la deuda perdería su valor (dejaría de ser superior al 50,01% del capital social).
El fallo de la Audiencia Provincial y las otras dos fases de esta ampliación
En el supuesto de que finalizada la primera fase de la ampliación quedasen acciones sobrantes, los accionistas que hayan ejercido el derecho de suscripción preferente en la primera pueden adquirir las acciones que restan en una segunda, en la que si desean adquirir más de las que se ofertan, se asignarían estas de manera proporcional y de acuerdo con el número de títulos que poseían a 26 de octubre.
Esta segunda fase tiene un plazo de vigencia de 15 días, la misma duración que tendría la tercera, que se abrirá si todavía existen acciones sobrantes, previa publicación del correspondiente anuncio en el BORME ya que para adquirir acciones en la misma no será ya necesario ser accionista.
Lo apurado de los plazos hace que el desarrollo de esta controvertida operación accionarial vaya a coincidir precisamente con el fallo de la Sección Octava de la Audiencia Provincial del recurso interpuesto por el IVF contra la sentencia de aprobación de convenio de acreedores del Elche, en lo que a la ampliación de capital por compensación de créditos prevista en el mismo se refiere.
El 4 de diciembre, es decir, con la primera fase de la ampliación en marcha, los magistrados Enrique García-Chamón, Luis Antonio Soler y Francisco José Soriano tienen previsto "formar sala" y proceder a la deliberación, votación y fallo del recurso, notificándose días después el mismo a las partes que pueden todavía recurrir en casación ante el Tribunal Supremo, si bien las opciones de que esta apelación mantuviera paralizado el convenio de acreedores (en el caso de que el recurso sea desestimado y el IVF interponga un recurso de casación) son muy reducidas: le correspondería al Juez de lo Mercantil decretar una nueva suspensión cautelar, para lo que sería necesario acreditar que se produciría un daño irreparable de no concederse la misma, algo que no está nada claro.
El IVF decidió recurrir a la Audiencia Provincial de Alicante por la misma razón que se opone a la ampliación que arranca este martes: aunque la operación prevista en el convenio consiste en un canje de deuda por acciones y no en aportaciones dinerarias, el efecto que tendría sobre el paquete de acciones del que es titular la Fundación sería el mismo: pasaría a representar menos del 50,01% del capital social.