Francisco Pérez. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA. El Consell reunirá esta misma semana a su comisión de expertos en financiación autonómica para comenzar a preparar sus alegaciones a la propuesta del Ministerio de Hacienda para la revisión del concepto de población ajustada como punto de partida de la reforma del modelo de financiación. Francisco Pérez, uno de sus miembros más destacados, subraya la importancia de esta etapa en la que las diferentes CCAA podrán realizar sus aportaciones, pero asume que el cierre de este proceso "difícilmente será estrictamente técnico".
Por ello, el director de investigación del Instituto Valenciano de Investigaciones Económicas (Ivie) considera que el resultado del nuevo modelo será tanto más satisfactorio para la Comunitat Valenciana cuanto más realista sea ese ajuste de la población. Esto es, que tras aplicar las variables correctoras geográficas que ha propuesto el Ministerio de Hacienda, como la superficie o la dispersión, la diferencia entre la población ajustada y la real no dé como resultado una asignación de los recursos con las disparidades del modelo actual.
Aunque el documento del departamento que dirige María Jesús Montero otorga más peso a la sanidad y la educación para calcular el reparto, algo que beneficia a las comunidades más pobladas, Pérez aboga por controlar las expectativas sobre un proceso que apenas acaba de comenzar. Considera que de esa propuesta podría salir un modelo que mejorase la situación actual de la Comunitat Valenciana, pero advierte: "No podemos estar seguros" de que vaya a ser así.
Según el experto, si el nuevo modelo se basa en criterio de población ajustada y se eliminan todo el resto de fondos, "será más inteligible que el actual", porque en el modelo en vigor desde 2009 tiene en cuenta la población ajustada pero incluye varios fondos "ininteligibles" como el de Suficiencia, que "solo se entiende desde el punto de vista del mantenimiento del statu quo".
Por ello, sería "bueno" que el futuro modelo dejara de lado todos los otros fondos y se centrara en la población ajustada, pero de forma que no existan "demasiadas diferencias" respecto a la financiación por habitante sin ajustar.
"La batalla ha de ser aspirar a dejar de ser los perjudicados. Se ha repetido muchas veces que no queremos ser más que nadie, pero tampoco menos. Eso se conseguiría con un acuerdo razonable sobre el cálculo de las necesidades, basado en un indicador sensato de población ajustada, y que nosotros estemos en la media de financiación por habitante ajustado", resume Pérez.
Como segundo punto, a consecuencia de los años de retraso en "arreglar el problema", el experto insiste en la necesidad de que se revise la parte de deuda acumulada por la Generalitat "que no se deriva de haber gastado más, sino de haber ingresado menos". "Hay que pelear por que se den esas dos condiciones. No es imposible, pero seguramente sí difícil. Ahí tenemos que seguir estando todos juntos", insiste.
A su juicio, ya supone un avance que el Ministerio de Hacienda haya realizado una propuesta basada en la población ajustada abriendo el campo de juego a las CCAA, pero destaca que está por ver si el diseño final se decide "con más o menos criterio político".
"Podría cerrarse bien, pero también podría cerrarse mal desde una perspectiva como la valenciana. En mi opinión, si de toda esa revisión de alternativas finalmente hubiera un modelo que fuera basado en un solo fondo y que ofreciera igualdad de financiación por habitante ajustado, pero calculada de manera que las diferencias de financiación por habitante sin ajustar fueran muy grandes resultaría poco convincente", reitera.
"Espero que mejoremos porque con mucho esfuerzo hemos logrado que se reconozca nuestro problema, algo básico para que se pueda solucionar lo que hace unos años ni siquiera se reconocía", considera el director de investigación del Ivie.
Al margen del ya de por sí "bastante complicado" diseño del sistema, Francisco Pérez considera que, tal y como planteó como miembro del Comité de Expertos en 2017, también es necesario garantizar suficientes recursos al sistema.
En este sentido, explica que el anterior modelo no incluye una regla de evolución de los recursos. "Repartía las cantidades en función de la población ajustada, pero no miraba cómo evoluciona en el tiempo esa población ajustada para asegurar que los recursos sigan esa misma senda. Creo que eso debe estar en el modelo porque sino, cuando haya caídas de ingresos derivados de una coyuntura como pasó en la gran recesión, las CCAA tienen que hacer ajustes de gasto difícilmente ajustables y con una tensión enorme", explica Francisco Pérez.
Por el contrario, si se define una regla de referencia de cómo evoluciona el indicador de necesidad y por ejemplo, se tiene en cuenta si aumenta la población o la población envejecida, se podría considerar si ello requiere más recursos para mantener el gasto sanitario constante en términos de prestación de servicios.
En cuanto a cómo puede condicionar la negociación del nuevo modelo la presentación en febrero de la propuesta de reforma fiscal de los expertos del Gobierno, el director del Ivie lo considera un elemento "razonable" del marco de referencia. "Si hay que poner más dinero encima de la mesa, tiene que salir de algún sitio; hay que ver cuántos recursos se necesitan para sostener el estado del bienestar que queremos tener y para ello el documento que prepare la comisión será útil", concluye Pérez.
