Panorámica de la estación actual de Renfe. Foto: RAFA MOLINAALICANTE. Las tres partes que constituyen la sociedad Avant, creada por el Gobierno central (a través del Ministerio de Fomento y sus satélites, Adif y Renfe), por la Generalitat Valenciana y por el Ayuntamiento de Alicante para impulsar las obras de la llegada del AVE a Alicante, vuelven a verse las caras este lunes en el marco de una junta de accionistas. La cita llega más de un año después de que se convocase un consejo de administración clave: el de julio de 2017, en el que se sentaron las bases de un acuerdo para garantizar la propia supervivencia de la sociedad, a través de una modificación del convenio de su constitución, firmado en 2003.
En dicha reunión, se adoptaron dos acuerdos principales. Primero, que Adif asumía la titularidad de las obras ya ejecutadas (la construcción del nuevo acceso ferroviario en subterráneo) a cambio de cubrir la deuda de 60 millones todavía arrastrada precisamente de los costes de su contrucción. Y segundo, que la ordenación urbanística de los terrenos de Renfe se organizaría en dos fases: una sobre el ámbito ya liberado de las vías del ferrocarril, en la superficie en la que el tren ya discurre en un trazado subterráneo; y otra posterior, pendiente de que las vías se soterren hasta su entrada en la estación actual, que debería reconvertirse en una estación intermodal, también parcialmente soterrada.
Dicho diseño urbanístico, en el que se contempla la construcción de un gran parque central y cerca de 2.200 viviendas, resulta crucial para que se pueda recuperar al menos un porcentaje considerable del coste de las obras mediante las plusvalías económicas que se generen con la comercialización de las parcelas edificables resultantes.
La cuestión es que aquel acuerdo de julio de 2017, alcanzado con el PP de Mariano Raoy en La Moncloa, con el Consell del Botànic en la Generalitat y con el tripartito en el Ayuntamiento de Alicante, se interpretó de forma unánime como un logro: se había salvado el acuerdo sobre el pago de la deuda y se había conseguido desbloquear al menos el diseño de parte de los terrenos de Renfe ganados para la ciudad (la mayor parte de todo el recorrido ferroviario), en los que debe construirse el llamado parque central.
Sin embargo, ese supuesto éxito de aquel acuerdo quedó congelado sin que llegase a ejecutarse. La deuda de las obras del AVE no se ha llegado a pagar y no ha trascendido ninguna reunión posterior del consejo de Avant. Es más, según las fuentes consultadas, se ha llegado a adoptar algunos acuerdos desde la distancia, literalmente por correspondencia, como la aprobación de cuentas de la sociedad, por ejemplo.
De hecho, el asunto quedó silenciado (aunque sí se ha avanzado en los despachos por lo que respecta a los planos de esa primera fase de la reurbanización de los terrenos de Renfe) hasta que el consejo de ministros del pasado 22 de marzo aprobó la controvertida modificación del convenio de 2003.
Y es controvertida por varios motivos. El más evidente es que el PSOE llegó al poder tras la moción de censura del pasado mayo y ha aprobado esa modificación -que no llegó a aprobar Rajoy durante el año precedente- justo a un mes de las elecciones generales y autonómicas de este domingo. Pero también es polémica por su contenido, ya que suprime parte de la literalidad de las condiciones reflejadas en 2003 por lo que respecta a la ejecución de inversiones paralelas al soterramiento de las vías; obras que, por otra parte, tampoco se han llegado a ejecutar en todos estos años pese a figurar por escrito en el documento original.
La cuestión es que el equipo de Gobierno del PP en el Ayuntamiento de Alicante, presidido por el popular Luis Barcala, viene advirtiendo desde que trascendió el texto de esa modificación que no la aceptará ni la firmara porque considera que supone la renuncia expresa a la ejecución de esas inversiones necesarias para la ciudad: la variante de San Gabriel, la conexión ferroviaria con el aeropuerto, la construcción de la estación intermodal y el desarrollo de un gran parque central previsto en todo el ámbito de los terrenos de Renfe.
Tanto el Ministerio de Fomento como el Consell, por su parte, señalan que esa apreciación es incorrecta y que el convenio solo ajusta las condiciones a la realidad actual, sin que suponga renunciar a ninguna inversión de las que se contemplaban en 2003 y que siguen sin ejecutarse. En esta línea, sus responsables insisten en que la modificación de ese convenio es solo un primer paso necesario para garantizar el pago de la deuda de las obras de la llegada del AVE y que, después, se seguirá negociando punto por punto el resto de las inversiones.
Se trata, en consecuencia, de dos perspectivas antagónicas que se cruzan en plena vorágine electoral, en un momento en el que no parece claro cuál puede ser el futuro de ninguno de los gobiernos de las tres administraciones implicadas. Y tampoco parece que este lunes pueda resolverse nada. Al menos, no a corto plazo, incluso después de que el Consell -en su última reunión plenaria del mandato, antes de las elecciones autonómicas de este domingo- autorizase la firma de esa modificación.
Lo cierto es que la convocatoria de la reunión de Avant en sí misma ya es bastante críptica. Se produce a instancias de la petición formulada por el alcalde, quien había reclamado que se informase sobre las condiciones de esa modificación del convenio que él interpreta como un cambio de las reglas a mitad del partido. Y el orden del día no es nada esclarecedor: se cita a la junta general de socios para abordarse si debe convocarse un consejo para tratar sobre la modificación del convenio y si procede su aprobación.
La cuestión es que puede que dos de los socios de Avant cambien de responsable político a partir de las elecciones de este domingo y el tercero también podría cambiar tras las municipales del próximo 26 de mayo. Así que todo sigue estando en el aire: ¿qué pasará con el suelo de Renfe?
