Fiscalía investiga las pruebas para 15 plazas de policía local bajo sospecha en Benidorm

BENIDORM. La Fiscalía ha abierto diligencias de Investigación Penal por las pruebas a policía local en Benidorm, tal y como trasladó el PSOE en una rueda de prensa este jueves. El alcalde de Benidorm, Toni Pérez, suspendió el procedimiento tras conocer que el acta del tribunal calificador, donde acordaba anular y dejar sin efecto la prueba escrita tipo test sobre las que se había sembrado la duda por las supuestas ilegalidades que se dieron durante el examen.

Según indicó el portavoz de los socialistas, Rubén Martínez, la Agencia Valenciana Antifraude mandó este procedimiento a Fiscalía, con la consecuente apertura de diligencias. Así, investigará la posible filtración de las respuestas del examen, pudiendo dichos hechos ser constitutivos del delito de infidelidad en la custodia de documentos y revelación de secretos. Al mismo tiempo, recoge que el Consistorio remitió la información de forma parcial y sesgada a la Agencia Antifraude.

En relación a esta información, el portavoz del equipo de gobierno de Benidorm, José Ramón González de Zárate, recordó que el pasado mes de diciembre pidieron a la Agencia Valenciana Antifraude “colaboración” para investigar lo sucedido en torno al concurso-oposición para la cobertura de plazas de Policía Local, a raíz de la denuncia de supuestas filtraciones hecha por un aspirante. Asimismo, incidió en que en enero el Ayuntamiento remitió a la Fiscalía documentación relativa al proceso selectivo.

Los populares apuntan a que antes de que se pronunciara la Agencia Valenciana Antifraude, ya lo habría hecho el Ayuntamiento el pasado 4 de diciembre, cuando trasladaron toda la documentación a este organismo valenciano, y se reclama la colaboración de dicha Agencia para investigar lo sucedido. Concretamente, se apunta que “sería muy útil que mediante el instrumento más urgente formalicemos esa colaboración”, y se pide al organismo que “envíe equipo para labor de investigación ‘in situ’ en el Ayuntamiento de Benidorm”.

Todo ello viene en relación a la memoria publicada por Antifraude, donde dedican parte de este documento a las actuaciones realizadas en la ciudad de los rascacielos en el último año. Un anuario que según Martínez, ha sacado “los colores” al gobierno del PP por incumplir las resoluciones de protección de personas denunciantes.

Al margen de lo ocurrido con las oposiciones a la Policía Local, el mayor espacio se lo dedican al caso del funcionario que protegió precisamente este organismo, el criminólogo de Benidorm, que sigue en litigios con el Ayuntamiento después de haber sido sancionado por tres años suspendiéndole de empleo y sueldo.

En la citada Memoria, se señala que en el caso del funcionario de carrera el alcalde cuestionara, tanto la competencia de la Agencia, en aras “a la autonomía municipal”, como el contenido de la resolución de protección emitida. 

De igual forma, la Agencia cuestiona que ante la protección que concedió al funcionario, el alcalde solicitase que se revisara la condición de estatuto de persona denunciante “al no apreciar ni constar la causa de corrupción o fraude” y que se iniciase un procedimiento para comprobar la falsedad de la denuncia efectuada por el funcionario. Además “sin motivar en qué sustentaba dicha solicitud ni siquiera aludiendo a que circunstancias concurrían, según su entender, para considerar que la denuncia se hubiera formulado o hubiera proporcionado información falsa, tergiversada u obtenida de manera ilícita”.