Finestrat regularizará un centenar de viviendas que se construyeron en suelo no urbanizable

FINESTRAT. El Ayuntamiento de Finestrat regularizará cerca de un centenar de viviendas que se construyeron en su día en terreno no urbanizable. Para ello, iniciarán una consulta pública para pedir la opinión de los ciudadanos, organizaciones y asociaciones con anterioridad a la elaboración del proyecto normativo, el Plan especial de minimización de impacto territorial (PMIT). Previamente, el Consistorio ha sido beneficiario de una subvención convocada por el anterior gobierno valenciano y aprobada este mes de agosto. 

En concreto, Finestrat tramita dos PMIT, uno dotado de 18.000 euros y abarca a 44 viviendas, y otro de 15.000 euros para 30 viviendas. La consulta pública iniciada esta semana es para la primera, aunque en la convocatoria ya informan que finalmente será para 51 casas tras la última actualización al incrementar la superficie incluyendo parcelas completas y caminos públicos de acceso. El área afectada se sitúa entre el Puig Campana y Sierra Cortina, en la Partida La Tapiada.

En términos generales, estos planes permitirán regularizar estas viviendas, dotándolas de servicios básicos como recogida de residuos, saneamiento o agua potable. Estas casas solo tenían permitido hacer obra para la conservación de las mismas, sin embargo, esta normativa permite hacer trabajos de mejora, pero nunca de ampliación, según explica a este diario el concejal de Urbanismo, Víctor Llinares.

La subvención sirve para la elaboración de los documentos urbanísticos relacionados con la minimización de impactos territoriales. Para acogerse a estas ayudas, se tenían que delimitar núcleos de viviendas con una densidad igual o superior a tres casas por hectárea y que estén implantados sobre ámbitos de suelo no urbanizable, común o protegido. A su vez, se conceden en función del número de viviendas en cada núcleo y era necesario que las fincas donde se ubiquen se hayan construido antes del 20 de agosto de 2014.

Impacto

Tal y como explicó la Conselleria de Política Territorial, Obras Públicas y Movilidad, la existencia de estas viviendas "construidas al margen de la legalidad sobre suelo no urbanizable tiene una evidente incidencia sobre el entorno". Así, se refieren a deterioro en el paisaje, vertido de aguas residuales, sin control ni tratamiento, con la consiguiente afección a los acuíferos subterráneos; la eliminación de especies vegetales de mayor o menor valor, el fraccionamiento de hábitats, etc. Los impactos, además de ambientales, también son económicos, "considerando que la Administración, en muchos casos, ha de sufragar gastos para la prestación de servicios a estas edificaciones".

De este modo, la figura de la minimización de impactos territoriales (MIT) determina la implementación de "una serie de obras mínimas que eviten o disminuyan esos efectos perniciosos que, sobre el medio ambiente y el territorio, provocan las mencionadas viviendas, con especial preocupación sobre los vertidos incontrolados que se producen en los acuíferos".