Antonio Olmedo y Jesualdo Ros, presidente y secretario general de Feprova, durante la jornadaALICANTE. La Federación de Empresas Promotoras de la Comunitat Valenciana, Feprova, ha organizado este miércoles una jornada para analizar el impacto del Pativel desde tres grandes ejes: desde el punto de vista económico, jurídico y social. En la presentación de la jornada, Antonio Olmedo, presidente de Feprova, ha incidido en la preocupación del sector frente a un plan que genera inseguridad jurídica y económica. "Y nos preocupa porque el litoral concentra en nuestra Comunitat el 15% del PIB que se produce, más del 85% del valor añadido bruto que genera el turismo y es el espacio donde reside el 80% de la población", ha destacado.
Un rechazo que contrasta con el apoyo que, según la consellera de Vivienda y Obras Públicas, María José Salvador, habría recibido el Pativel por parte de la misma federación de promotores valencianos. Apenas 24 horas antes de la jornada de Feprova, la consellera aseguraba en otro encuentro organizado por la Cátedra de Cultura Territorial Valenciana para abordar la 'Planificación y la Gestión Sostenible del Litoral', que Olmedo apoyaba la necesidad de "un equilibrio en el sector turístico entre el urbanismo y el medio ambiente, y que se ha de hacer de una manera ordenada y con rigor", como propone el citado Pativel.
La primera mesa de debate ha abordado el Pativel desde el punto de vista económico, centrándose en las consecuencias de pérdida de inversión y empleo. Armando Ortuño, ingeniero de Caminos y profesor de Urbanismo en la Universidad de Alicante (UA), ha señalado que "cabe realizar una nueva mirada sobre nuestro modelo de territorio y aprovechar el activo que nos ofrece la desestacionalización y los nuevos hábitos de ocio, puesto que genera riqueza y empleo de manera continuada". Ortuño advierte de la pérdida de empleo que puede provocar la desinversión y la renuncia a esa barrera de 15.000 viviendas que condicionaría el Pativel en un horizonte de cinco años. En esta mesa ha participado también Eduard Navarro, fundador de Net de Guerrers, quien ha recordado que "la inversión extranjera busca seguridad jurídica y el Pativel, hoy por hoy, no ofrece esas garantías, si no pone de acuerdo a propietarios, promotores y administración".
La segunda mesa redonda, centrada en la necesidad de analizar el Pativel desde el punto de vista jurídico, ha servido para sacar a la luz las consecuencias derivadas de las deficiencias en su redacción. Moderados por Amparo Baixauli, presidenta de la sección de Derecho Administrativo, Urbanismo y Medio Ambiente del Colegio de Abogados de Valencia, han participado los abogados especialistas en Urbanismo Carlos Canellas, Rafael Ballester y Christian Fabregat.
Canellas, especialista en urbanismo, ha comentado que "genera incertidumbre e indefensión la ausencia de especificaciones sobre la motivación para incluir o excluir terrenos en un periodo de transición según promueve el Pativel". Ballester, por su parte, ha señalado en su exposición que "el Pativel igual propone un nuevo modelo de suelo que no está regulado por ley". Además, ha recordado la insuficiente participación pública, la ausencia de una rigurosa evaluación socieconómica y la falta de garantía al derecho de indemnizaciones. En cuanto a Fabregat, al igual que sus antecesores ha reforzado la idea de que "es necesario un Pativel, pero no este modelo de Pativel que es un instrumento de prohibición y anti urbano que se realiza sin rigor ni estudios de viabilidad, sostenibilidad y socioeconómicos".
El análisis del Pativel desde el punto de vista social se ha tratado en una tercera mesa en la que han participado Emilio García, presidente de la AIU La Marina de Elche y Salvador Pons-Fuster, presidente de la asociación de propietarios y vecinos de L'Ahuir (Gandia), moderados por Antonio Viedma, arquitecto, quien ha insistido en "estar a favor del Pativel, pero de este modelo, que no parece recordar que el 85% del suelo afectado está en manos de pequeños propietarios, a los que habría que darles las garantías y explicaciones pertinentes".
En el último tramo de la jornada, Juan Antonio Santamaría, catedrático de Derecho Administrativo por la Complutense de Madrid y abogado en Gómez, Acebo y Pombo, ha expuesto que "no quiero este Pativel, ni ninguno, porque conozco otros ejemplos que han sido un desastre". "La estrategia que plantea el Pativel para la Comunitat Valenciana se fundamenta en una utopía", señala Santamaría, "ya que su fisonomía es la que es y no existe presupuesto público para dejar libre y cuidar todo ese territorio". "En última instancia, el Pativel ofrece serias dudas sobre aspectos relacionados con su legalidad y con las posibles indemnizaciones que se deriven de su aplicación", ha concluido.
