Los representantes de Compromís, Ximo Perles, Paula Espinosa y Gerard Fullana.ALICANTE (EP). Compromís ha presentado alegaciones en once municipios alicantinos de costa contra el anteproyecto de Ley de Protección y Ordenación del Litoral, presentado por el Consell del PP y Vox, por considerar que es "una normativa arbitraria, que desprotege el litoral y abre la puerta a la especulación urbanística". Junto al grupo de la Diputación de Alicante, los colectivos locales de Compromís de Dénia, Teulada, Polop, La Vila, El Campello, Alicante, Elche, Santa Pola, Torrevieja y Xàbia han mostrado su "profunda preocupación" ante el documento elaborado por la Conselleria de Medio Ambiente y Territorio en sus municipios y así lo han remarcado usando el periodo de alegaciones, según ha indicado la coalición en un comunicado.
Los diputados de Compromís en Les Corts Paula Espinosa y Gerard Fullana y el portavoz de la coalición en la Diputación de Alicante, Ximo Perles, han anunciado este lunes las alegaciones presentadas. Espinosa ha lamentado que este anteproyecto ha sido redactado "obviando la normativa vigente que protege el litoral valenciano".
"El Plan de Acción Territorial de la Infraestructura Verde del Litoral (PATIVEL) ya protege 7.500 hectáreas de nuestro litoral y ha sido ampliamente avalado desde el punto de vista jurídico. No cuela que lo que busque el gobierno de Mazón sea, como dicen, la seguridad jurídica. Además, el PATIVEL ya establece un marco conciliador con la actividad económica más habitual en el litoral", ha sostenido.
Asimismo, ha alertado que esta norma "permitirá desarrollar usos hoteleros a 200 metros del mar, en espacios definidos como 'No Urbanizables de Protección Litoral' en la normativa vigente". "Se abre la puerta para construir en espacios naturales hasta ahora impensables. La ley debe estar de acuerdo con las necesidades del momento. No estamos en contra del turismo, pero no puede situarse por encima de nuestro derecho a la vivienda y a un territorio medioambientalmente sostenible", ha aseverado Espinosa.
Por su parte, Ximo Perles, portavoz de Compromís en la Diputación de Alicante y el Ayuntamiento de Calp, ha destacado la "inseguridad" que a su juicio generará a los municipios una ley que "nace con una marcada indefinición y que producirá arbitrariedad en las decisiones de las administraciones".
"Oposición firme contra esta ley hecha por negacionistas del cambio climático. Es una ley escrita por nostálgicos de la burbuja inmobiliaria. El anteproyecto es un modelo de explotación del litoral que no arregla los problemes de vivienda que tenemos los municipios. Si no son capaces de mejorar la ley que ya había, que no hagan nada, ha reclamado.
Por su lado, el diputado Gerard Fullana ha explicado las implicaciones que tiene volver a abrir la veda constructora en el litoral. "Desde que gobierna el PP han acelerado proyectos de 10.000 viviendas en espacios naturales en la provincia de Alicante (La Nucia, Pego, Llíber). Son proyectos de segunda residencia, que carecen de permiso de la confederación hidrográfica. Esto es un riesgo para la agricultura de Alicante. El PP, a efectos reales, es un lobby constructor que va en contra de la seguridad hídrica de nuestra tierra. Vamos a denunciar en Europa y tribunales todo atentado contra nuestra costa y montaña", ha sostenido.
Además, ha afirmado que, en caso de aprobarse el anteproyecto de ley, quedarán "desprotegidos" parajes como Barranc de l'Alberca (Dénia), Xàbia Sud Portitxol-Llobatera, Benitatxell-Teulada, Benissa-Cala Llobella, Calp Sud Terra de Toix, Riu Algar (Altea), Vila Joiosa Sud-Campello Nord, Llomes de Reixes (Campello), Riu Montnegre (Campello), Cap de L'Horta (Alacant), Elx-Altet, Cap de Santa Pola, Salines de Santa Pola, Elx Marina, Sierra del Moral (Guardamar), Guardamar del Segura-Torrevieja, Torrevieja-Sur, Cala Mosca y Río Seco (Orihuela).
En cuanto a los fundamentos de las alegaciones, Compromís considera que el texto está "plagado de ambigüedades y ni siquiera dota de seguridad jurídica a los afectados por los deslindes, que a priori era uno de los objetivos marcados por el Gobierno de Mazón".
La coalición apunta que la utilización del término "valor etnológico indubitado" en referencia a los núcleos costeros "tradicionales", resulta "excesivamente difuso y provoca arbitrariedad" a la hora de determinar qué núcleos lo tienen y cuáles no. "Se corre el riesgo más que obvio de profundizar en la inseguridad jurídica y en la incertidumbre que sufren las propiedades ubicadas en estos lugares, generando un perjuicio todavía mayor", indica.
Por otra parte, la coalición afea que el Anteproyecto es una copia de la Ley 4/2023, de 6 de julio, de ordenación y gestión integrada del litoral de Galicia y "se traslada de manera literal parte del articulado a la norma valenciana". "Con una simple lectura comparativa aflora esa similitud, llegando a contradecir argumentos de la propia ley. Es significativo, por ejemplo, que la zonificación de suelo que se propone sea íntegramente coincidente con la normativa gallega, a pesar de haber remarcado que la costa valenciana y la Cantábrica o Atlántica no tienen nada a ver", censura Espinosa.
Compromís considera que la normativa vigente "sí que parte, de manera argumentada técnicamente y científica, de esa singularidad en tanto en cuánto analiza el territorio de manera integrada y lo dota de una regulación de acuerdo con la realidad socioeconómica, territorial y medioambiental".
Por otra parte, denuncia que con el texto presentado "el gobierno de Mazón demuestra que vive de espaldas al problema real que representa el cambio climático". "Se decide poner el freno y dar marcha atrás a las políticas de acción climática sobre el litoral. De hecho, esta norma parece únicamente y en exclusiva redactada para encontrar un encaje más laxo a la actividad económica y la propiedad privada que a proteger nuestro litoral", censura.
En las alegaciones también denuncia que el anteproyecto "vulnera el principio de no regresión ambiental" al modificar los usos del suelo no urbanizable que ocupa la franja litoral, con consecuencias que "implican un claro retroceso respecto de los niveles de protección logrados con anterioridad y vigentes hoy en día".
Al respecto, Compromís afirma que con la nueva normativa presentada "existe la posibilidad, ambigua e incluso contradictoria, de desarrollar usos residenciales a partir de 500 metros y hoteleros a partir de 200 en espacios donde actualmente no está permitido".
"Esta ley no se detiene un segundo en proteger nuestras costas, ni tampoco busca las herramientas para detener su degradación. Sino más bien, va en la línea opuesta al espíritu del PATIVEL. Más bien hace todo lo contrario, deshacer toda aquella normativa que impulsó el gobierno del Botànic en un esfuerzo para adaptarse y mitigar los efectos del cambio climático", ha concluido Espinosa.
