Ángel de la Fuente. Foto: EFE/Ángel DíazVALÈNCIA. Aunque el Gobierno ha comenzado a sentar las bases para la reforma del modelo de financiación, el nuevo sistema no estará listo en 2022 y puede que ni siquiera antes de que acabe la legislatura debido a las diferencias que existen actualmente al respecto entre partidos y territorios. Por ese motivo, la Fundación de Estudios de Economía Aplicada (Fedea) ha vuelto a proponer la creación de un fondo de nivelación para compensar a las comunidades infrafinanciadas con el actual modelo. La cuantía máxima inicial de ese fondo superaría los 2.300 millones de euros que deberían ser aportados por el Estado y repartidos entre la Comunitat Valenciana, Andalucía, Murcia y Castilla la Mancha.
Con ello, las desigualdades actuales en la financiación por habitante ajustado se reducirían en torno a un 25% en un solo ejercicio. La cifra que le correspondería a la Comunitat Valenciana para igualarse a la media asciende a 750 millones en total o, lo que es lo mismo, 152 euros por habitante, con lo que cada valenciano recibiría 2.542 euros anuales de financiación efectiva, todavía lejos, pero no tanto como ahora, de los 3.000 euros de cada habitante de Cantabria, la comunidad de régimen común mejor financiada.
Así aparece detallado en el artículo ¿Qué hacer mientras llega la reforma de la financiación autonómica?, en el que Ángel de la Fuente, director de Fedea, resume los ejes de su intervención en la jornada sobre financiación autonómica celebrada la semana pasada en Santiago en la que participó el conseller de Hacienda, Vicent Soler.
Aunque no es la primera vez que lanza la propuesta de habilitar un fondo transitorio de este tipo, el experto actualiza las cifras a 2022 y lanza una serie de propuestas en las que se podría ir avanzando mientras se llega al consenso necesario para la "ansiada" reforma global. Una suerte de "retoques" que, al ser sobre todo técnicos, podrían implementarse sin necesidad de un gran acuerdo general entre partidos y que permitirían eliminar los problemas de funcionamiento del modelo actual para "dejar bien" encarada la fase final de la reforma.
Uno de los frentes en los que propone avanzar es en mejorar la equidad en el reparto de recursos entre territorios, ya que actualmente se dan diferencias "difícilmente justificables" entre los recursos que reciben las comunidades mejor y peor financiadas.
Para ello haría falta una aportación "unilateral" del Estado al sistema que se distribuiría con criterios de nivelación entre las comunidades peor financiadas, una decisión que dependería solo del Gobierno central sin necesidad de que todas las CCAA, que actualmente mantienen notables diferencias sobre la reforma del modelo, se pusieran de acuerdo en ese aspecto en concreto.
El coste del fondo sería "moderado": 2.600 millones para eliminar el 100% de la diferencia con la media o unos 2.300 millones si se optase por eliminar un 90% de tales diferencias. La Comunitat Valenciana sería la segunda mayor perceptora con 750 millones de euros, una cantidad muy por debajo de los 1.336 millones de euros reivindicativos que el Consell ha incluido en sus presupuestos de 2022 para igualarse a la media de gasto del resto de CCAA.
Este fondo se pondría en marcha de inmediato y se desembolsaría por completo durante 2022 en forma de entregas a cuenta calculadas en base a los últimos datos o previsiones disponibles de financiación por habitante ajustado. La liquidación se haría en 2024 como parte de la liquidación del ejercicio 2022 del sistema de financiación y el reparto definitivo de sus recursos se basaría en la financiación efectivamente aportada por el resto del sistema en ese año. De la Fuente propone mantener este fondo hasta que se lleve a cabo la necesaria reforma del sistema e integrarlo en el mismo cuando esté culminada.
Además de ese fondo para atenuar las desigualdades actuales, el experto de Fedea aboga por sentar las bases en el próximo sistema de una plena responsabilidad fiscal de las comunidades autónomas para que sean ellas las que, a través de "impuestos autonómicos claramente perceptibles", financien el grueso de sus propios gastos.
Dicho de otro modo: si el acuerdo para la reforma de la financiación pasa por aumentar los recursos totales del sistema para que todas las CCAA mejoren y ninguna pierda, el dinero adicional debería salir de aumentar de la presión fiscal autonómica. "En caso contrario, agravaremos aún más los fuertes problemas de riesgo moral y restricciones presupuestarias blandas que ya padece nuestro sistema de financiación autonómica", considera De la Fuente.
En esa línea, apunta que si las CCAA en su conjunto o alguna de ellas en particular necesitan más recursos para prestar servicios que consideran necesarios tienen que poder obtenerlos, "pero asumiendo los costes políticos de subir impuestos en la cuantía necesaria y no mediante transferencias del Estado sin contrapartida alguna". "Esta es la única manera de asegurar que los gobiernos autonómicos toman en consideración también los costes, y no sólo los beneficios, de sus decisiones de gasto", concluye De la Fuente.
La propuesta del director de Fedea pasa por aprovechar la reforma fiscal en cuyo diseño ya está trabajando un grupo de expertos para introducir escalas de referencia iniciales explícitas para todos y cada uno de los impuestos cedidos a las autonomías. Esas escalas de referencia que podrían ser acordadas por las propias CCAA en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) y el Gobierno central no debería tener capacidad de voto sobre las mismas, pero si debería poder vetar posibles reducciones de los tipos normativos autonómicos.
A partir de ahí, las CCAA tendrían "herramientas tributarias potentes" para captar recursos adicionales, pero para evitar grandes diferencias entre autonomías algunas de esas herramientas deberían tener "carácter colectivo y solidario" con el fin de garantizar una distribución "razonablemente igualitaria" entre territorios de los recursos captados por esa vía.
Aunque Ángel de la Fuente se felicita de que el Gobierno de Pedro Sánchez haya iniciado el proceso de reforma del sistema con una propuesta de revisión del concepto de población ajustada, cree que este no se aplicará probablemente hasta la próxima legislatura.
Con todo, el presidente del Gobierno prometió el pasado fin de semana en el congreso del PSPV "aprobar, negociar y acordar" un nuevo sistema de financiación autonómica y, además, garantizó que la Comunitat Valenciana contará con recursos para mantener la "cohesión social" mientras no se aprueba el nuevo modelo de financiación.
El presidente de la Generalitat, Ximo Puig, ha acogido con satisfacción ese paso adelante de Sánchez y ha instado a lograr un acuerdo territorial, ideológico y político para que la reforma sea realidad, con una petición expresa al PP a que se comprometa con el acuerdo.
Puig será uno de los asistentes este sábado a la manifestación unitaria convocada por la plataforma Per un Finançament Just cuatro años después de la gran marcha de 2017 que se desarrollará en las tres capitales de provincia para exigir "ya" un cambio de modelo, basado en el criterio de población ajustada.
La idea de volver a salir a la calle para reclamar la reforma de un sistema que lleva siete años caducado se fraguó antes del verano tras la reunión de la Plataforma con la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, y se concretó tras la de la vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, quien decepcionó en su visita a València del pasado septiembre al reconocer que el Ejecutivo estaba centrado en los Presupuestos porque la reforma de la financiación era un tema a resolver "en los próximos años".
