Hacia una planificación integrada del uso del territorio en la Vega Baja del río Segura para reducir el riesgo de inundaciones sin malograr el bienestar de la población. Propuestas de Jordi Cortina, Antonio Aledo, Jorge Olcina y José Ramón Navarro Vera.
Las recientes inundaciones de la Vega Baja del río Segura, que han provocado el fallecimiento de seis personas y elevadísimos daños materiales, han generado la lógica alarma social y han impulsado a las diferentes Administraciones a tomar medidas que ofrezcan soluciones perennes ante esta secular amenaza. Las causas del desastre no son solo imputables a la enorme potencia de la DANA. Hay un consenso generalizado que la magnitud del impacto se ha agravado como consecuencia de una errónea gestión del territorio. Esta deficiencia es consecuencia, en parte, de la adopción de medidas centradas en una visión autónoma de las infraestructuras como medio para resolver el problema, obviando la complejidad del mismo y la necesidad de que su diagnóstico y solución deban estar vinculados también a otras dimensiones como la ordenación del territorio, el medio ambiente, la adaptación al cambio climático, la previsión de riesgos, la educación frente a ellos, etc.
Cabe la posibilidad de que, la justificada alarma social y la exigencia de soluciones por parte de los afectados, pudieran impulsar diagnósticos precipitados y la toma de medidas que la experiencia histórica ha mostrado insuficientes, parciales o erróneas. En otras palabras, se corre el riesgo de centrar las actuaciones exclusivamente en repetir el modelo infraestructural como determinante, ignorando otras dimensiones del problema de carácter social, cultural y ambiental. La premura en las intervenciones puede llevar a eludir el enfoque interdisciplinar, y la participación de regantes, vecinos y expertos en riesgos, en el análisis, evaluación e implementación de soluciones. Esta vía desaprovecharía, una vez más, la oportunidad de elaborar un diagnóstico riguroso y presentar propuestas eficaces y realistas ante este grave problema. Esta carta pretende insistir en este objetivo para evitar que las pérdidas económicas y humanas de una nueva inundación lo vuelvan a poner de dramática actualidad.
1. Las recientes inundaciones de la Vega Baja no son una excepción. Este tipo de eventos se ha producido en el pasado y se va a producir en el futuro. Debemos estar preparados para afrontar este nivel de lluvias torrenciales, independientemente de su frecuencia. Como la temperatura del mar está aumentando, es muy probable que este tipo de tormentas aumenten en frecuencia e intensidad en el futuro.
2. No es posible detener una avenida de esta magnitud. Tenemos que aceptar que la inundación no es evitable, pero se pueden tomar medidas para que tenga el menor impacto sobre las infraestructuras y las personas. Ni la reforestación de las laderas, ni la construcción de embalses de cabecera, ni la eliminación de la vegetación del cauce (la mal llamada ‘limpieza’), pueden reducir sustancialmente el caudal o facilitar el flujo de una escorrentía de esta magnitud.
3. Buena parte de la Vega Baja ocupa una llanura aluvial con muy alto riesgo de inundación. Apenas hay pendiente en estos terrenos que las aguas de avenida inundan rápidamente. En la Vega Baja, además, la red de infraestructuras hidráulicas y viarias contribuye a extender la inundación a decenas de kilómetros del cauce del río y dificultan el drenaje posterior.
4. Se ha errado al pensar que las acciones sobre el cauce (simplificación del curso del río, excavación del lecho, ocupación del área de inundación y eliminación de los hábitats ribereños) permitirían desaguar tormentas de esta magnitud.
5. Estas obras, no solo no han solucionado el problema del desbordamiento, sino que además han perjudicado otros efectos beneficiosos que la sociedad obtenía de los ríos y de las zonas ribereñas, como la deposición de sedimentos, la recarga de acuíferos o la depuración natural del agua, con el consiguiente deterioro de los ecosistemas costeros (incluyendo la estabilidad de las playas o la producción pesquera) y otros muchos servicios asociados a la biodiversidad. Estos efectos no deseados han puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar soluciones integradas.
6. En esta región, el riesgo de avenidas se suma a otros riesgos, como los asociados a la sismicidad, a la sequía o a los incendios.
7. Existen marcos legales vigentes en materia de gestión de aguas y de inundaciones (PATRICOVA, Plan de Gestión del Riesgo de Inundaciones de la DH del Segura, Directiva Marco del Agua), gestión forestal (PATFOR), gestión de la biodiversidad (Ley del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad), o protección de la costa (PATIVEL), así como el compromiso resultante de la Declaración Institucional de Emergencia Climática de la Generalitat Valenciana (6/09/2019), cuya aplicación a escala local permitiría generar una amplia gama de oportunidades para solucionar el problema de las inundaciones.
8. La problemática de la Vega Baja no es una excepción en la Comunitat Valenciana. También en otras regiones, existe la misma necesidad de desarrollar una planificación integrada del uso del territorio e implementar soluciones basadas más en la adaptación que en el control de la naturaleza. La implementación de las soluciones integrales existentes permitiría reducir la exposición al riesgo de sus habitantes y aumentar su capacidad para enfrentarse a los retos del cambio climático.
1. Llevar a cabo un diagnóstico pormenorizado empleando la abundante información existente. Hacer accesible una cartografía ambiental y social que refleje, a diferentes escalas, la ocupación del espacio inundable combinada con variables de vulnerabilidad social. Identificar las mínimas intervenciones que permitan reducir el riesgo de forma rápida y tengan el menor impacto sobre otros beneficios que proporcionan los ríos.
2. Este diagnóstico probablemente llevará a aumentar la capacidad de desagüe del río Segura. Esto se debe considerar una medida excepcional y transitoria, que debe ir acompañada de otras medidas estructurales.
3. Identificar las zonas con probabilidad media y elevada de inundación. Prohibir nuevas construcciones en estas zonas y elaborar un plan ambicioso para la deconstrucción y para la adaptación de las edificaciones e infraestructuras al riesgo expuesto.
4. Definir y crear infraestructuras de acumulación de aguas a gran escala, como zonas inundables con usos agrícola, de ocio o de protección de la biodiversidad.
5. Desde el punto de vista del planeamiento, sería necesario un nuevo enfoque regido por una visión y tratamiento unitario del territorio; un Plan de Acción Territorial que incluya las comarcas de Alicante y Murcia vinculadas con la cuenca del río Segura.
6. Las Administraciones Públicas de la Comunitat Valenciana deben tomar las medidas necesarias para la aplicación con rigor de las determinaciones del PATRICOVA en todos los municipios con riesgo de inundación. La Región de Murcia debería desarrollar un plan de acción territorial para la prevención del riesgo de las inundaciones, del que sorprendentemente carece, y que estuviera en coordinación con las medidas tomadas en el tramo último del Segura
7. Sumar a las estructurales, otras medidas de carácter social y cultural encaminadas a preparar a la población –y muy especialmente a los tomadores de decisiones- mediante acciones de formación y comunicación para desarrollar una cultura de prevención y respuesta a los desastres.
8. Atender a la relación entre amenaza y vulnerabilidad social, con planes y medidas orientadas hacia los grupos más vulnerables (infancia, mayores, turistas, residentes extranjeros familias con menores ingresos, etc.).
9. Proporcionar información veraz, rigurosa, detallada y accesible a todas las entidades implicadas, organismos públicos y al público en general. Emplear nuevas tecnologías para ofrecer a la población información inmediata sobre áreas de riesgo y los comportamientos adecuados. Transparencia en los datos y transparencia en las acciones.
10. Estas acciones deben contar con el consenso y el apoyo de todos los sectores sociales, pero, sobre todo, con el compromiso político de quienes son responsables de la seguridad y la economía del conjunto del territorio para esta y para futuras generaciones. Este proceso lo deberían liderar los dos gobiernos regionales más directamente afectados, con la complicidad de la administración estatal. La Administración en su conjunto debe ser capaz de tomar decisiones complejas, asumiendo que los costes a corto plazo conllevarán una reducción notable de las pérdidas a medio y largo plazo.
11. Dada la complejidad del desafío, es necesario el esfuerzo cooperativo de la sociedad civil, usuarios, expertos y de las diferentes administraciones. Es imprescindible el enfoque multidisciplinar y la combinación de conocimientos no solo de las múltiples disciplinas que se relacionan con el estudio de esta amenaza (ingenierias de caminos, ingenierías de montes, geografía física y humana, ciencias del medio ambiente, biología, economía, sociología, historia, etc.). La búsqueda de soluciones y su implementación debe contar con todos los usuarios inmediatos del agua del rio, y con aquellos interesados en contribuir con su conocimiento a solucionar un problema que trasciende cada una de estas disciplinas e intereses, con propuestas que se alejen de las visiones corporativas y cortoplacistas.
12. Este debe ser un Plan Piloto de Gestión integral de un territorio de riesgo en el sureste peninsular, germen de otros planes en distintas regiones de la Comunitat Valenciana.
En las zonas con alto riesgo de inundación del litoral mediterráneo español no caben soluciones únicas ni mágicas y sobran los "oportunistas del desastre" proponiendo ideas irrealizables o la vuelta a las soluciones de siempre. Caben soluciones realistas, basadas en el conocimiento profundo del medio físico del territorio y de su realidad social y económica. Para ello, es imprescindible un esfuerzo colectivo basado en la colaboración entre Instituciones y Administraciones, que aúne los conocimientos de los diferentes sectores de la sociedad. Todo lo que no sea plantear medidas desde principios de sensatez, racionalidad, sostenibilidad a largo plazo y convivencia y adaptación al riesgo, solo servirá para prolongar y agudizar el problema, poniendo en riesgo bienes y vidas.
Promotores de este manifiesto:
Jordi Cortina i Segarra, Catedrático de Ecología. UA
Antonio Aledo Tur, Profesor Titular de Sociología Ambiental. UA
José Ramón Navarro Vera, Catedrático de Urbanismo. UA
Jorge Olcina Cantos, Catedrático de Análisis Geográfico Regional. UA
