Entre Illueca y Ortiz

ALICANTE. Así se encuentra ahora mismo Juan Carlos Ramírez. Entre el director general del Instituto Valenciano de Finanzas (IVF), Manuel Illueca, y su socio en el Hércules, Enrique Ortiz.

Su posición respecto al primero la tiene más que consolidada, con independencia de un un juez de lo contencioso y/o de lo penal termine el día de mañana fallando a su favor o no. El problema es que el empresario vasco no contaba con que Ortiz, en vista del nulo efecto que el anuncio de acciones judiciales ha tenido en Illueca, iba a abogar ahora por pasar por caja y dejar el agua correr. 

Además, pagar no implica desembolsar los 100.000 euros de los gastos de procurador y abogado, implica asumirlos liberando al banco del Consell y negociar una rebaja. Eso sí, la posibilidad de que logre esto último es remota, advierten desde València, y no solo porque sean aranceles tasados, es que, al parecer, ya hubo una primera rebaja en el pasado al banco de Consell.

"Toma el teléfono y negocia con el procurador (...) te prometo no nos vamos de aquí hasta que lleguéis a un acuerdo", le trasladó Illueca a Ramírez el pasado 27 de septiembre en la notaría Corbí-Piquer, ofrecimiento que declinó el empresario vasco que ya entonces entendía que ni le corresponde al IVF exigirle el pago (algo que el banco del Consell niega que haya sido así), ni se trata de una suma aceptable (el empresario vasco pensaba pagar los gastos con su tarjeta de crédito).

Las cartas hace semanas que están boca arriba: Illueca exige los 508.000 euros del precio de salida (a los que habrían de restarse los 25.000 depositados por Kuntajara y que siguen en las cuentas del IVF) y que se le libere al banco del Consell de los honorarios del abogado y procurador que han intervenido en el procedimiento 582/2014 que se sigue contra la Fundación en el Juzgado de Primera Instancia nº 7 de Alicante. Como desde València recordaban este miércoles, los honorarios son tan altos en gran medida por lo litigiosa que ha sido la reclamación del pago de la deuda que supera los 20 millones de euros si le incluimos los intereses de demora: por las trabas de Aligestión Integral, como fiadora de la Fundación, en primer lugar, y de esta en segundo. Probablemente, al ser consciente de lo anterior, Ortiz aboga por pagar.