Enrique Ortiz, en una imagen de archivo. Foto: APALICANTE. El controvertido constructor alicantino Enrique Ortiz, procesado en la rama del PGOU de Alicante del Caso Brugal, sigue trabajando para facilitar la transición de su imperio empresarial a sus hijos. En este sentido, esta misma semana ha dimitido de su cargo como administrador único de dos de las principales mercantiles de su grupo, Cívica Fomento Inmobiliario y Hormigones Tizor, y ha situado al frente a sus dos hijos, Laura y Enrique Ortiz Carratalá, como administradores solidarios.
Se trata de un movimiento formal, según explican fuentes próximas al empresario, que no supone más que seguir con la transición iniciada hace ya unos años cuando sus hijos se incorporaron a la dirección de las distintas empresas que componen el Grupo Cívica. Ortiz ha dirigido hasta la fecha su imperio con su familia formando el núcleo duro, incluida su esposa Maleles y su cuñado Alejandro Carratalá. Sus hijos están destinados a tomar el relevo, y de hecho Laura Ortiz ya se incorporó con todas las atribuciones a la dirección del imperio cuando en 2017 Ortiz le cedió el control de Inusa, miembro de la UTE concesionaria de la limpieza.
Pero lo cierto es que Ortiz lleva tiempo queriendo 'jubilarse', tal como recuerdan estas fuentes, y deseando apartarse de la primera línea. El empresario no solo se ha ido retirando progresivamente de la rama de negocio de las concesiones (siempre bajo sospecha por los casos de corrupción que han salpicado al empresario), renunciando o dejando perder algunas de sus grandes contratas, pese a que esta era de sus líneas de negocio mas rentable. También quiere que el protagonismo recaiga cada vez más sobre sus hijos y especialmente sobre su primogénita, Laura, por lo que ha decidido dar el paso de formalizar en el Registro Mercantil ese nuevo liderazgo en la gestión.
El plan estratégico de Cívica pasa por centrarse en los próximos años en la promoción, como está haciendo en el PAU-2 o Vistahermosa en estos momentos, y retirarse de la obra pública y las concesiones, con las excepciones de las 'joyas de la corona' como los aparcamientos de Alicante que construyó el propio Ortiz y cuya gestión acaba de traspasar a otra de las empresas del grupo.
El empresario ya llegó a un acuerdo con la Fiscalía para declararse culpable en el caso de la financiación del PPCV (una de las ramas del Caso Gürtel), al admitir que había realizado pagos irregulares al partido, y de esta forma lograr que el Ministerio Público pidiese una condena inferior a los dos años para no tener que entrar en la cárcel. El acuerdo de Ortiz, que arrastró a otros muchos empresarios a admitir los mismos hechos (como el expresidente de CHM, Rafael Martínez Berna, y su hermano). Ahora se enfrenta al juicio por el amaño del PGOU, que se ha vuelto a aplazar por uno de los recursos de la exalcaldesa Sonia Castedo, con el problema de que una segunda condena de cárcel sí implicaría su entrada en prisión.
No obstante, las mismas fuentes desvinculan este movimiento del posible desenlace del juicio, que aún no tiene fecha de celebración, y lo vinculan simplemente al deseo de Ortiz de apartarse cada vez más de la gestión de los negocios como en una 'jubilación' al uso.
