Las empresas de contratas de Enrique Ortiz, las únicas que dan beneficio: 26 millones en 2016

ALICANTE. El controvertido empresario alicantino Enrique Ortiz, considerado uno de los mayores propietarios de suelo en el término municipal de Alicante, se vio golpeado como el que más por la crisis inmobiliaria. Sin embargo, sus empresas, englobadas en el Grupo Cívica, siguen dándole beneficios, aunque no tanto por el ladrillo como por las contratas públicas. Y ello a pesar de que en el último año ha perdido dos de las grandes, la limpieza de edificios municipales y la de la Universidad de Alicante, y peligra la de la limpieza de la Diputación de Alicante.

Así se refleja en las cuentas anuales de la sociedad 'holding' del entramado empresarial de Ortiz, Grupo Cívica Construcciones y Servicios, que participa al 100% en el resto de empresas del grupo. Según la información que incorpora de las sociedades dependientes, dos empresas dedicadas a las contratas públicas, Cívica Construcciones y Contratas S.L. y Cívica Servicios y Medio Ambiente S.L., fueron las que ofrecieron más beneficios al cierre del ejercicio 2016. Mientras, las que se dedican a la construcción, promoción inmobiliaria o gestión del suelo terminaron con pérdidas más o menos acusadas.

Concretamente, la primera (que es la que participa, por ejemplo, en la controvertida UTE de la recogida de residuos de Alicante con Inusa, FCC y Ferrovial) arrojó al cierre de 2016 un espectacular resultado positivo de 24.683.819 euros, según el detalle de los fondos propios de las sociedades del grupo ofrecido en las cuentas de la sociedad matriz. En cuanto a la segunda, que entre otros aparcamientos explota el de Alfonso el Sabio, en Alicante, y posee el 42,5% de Gerocentros del Mediterráneo (socia de la familia Cotino en el grupo de residencias Savia), cerró el ejercicio 2016 con un beneficio de 1.942.461 euros. En total, entre las dos aportaron al grupo un resultado neto positivo de más de 26 millones de euros.

En los dos casos, las empresas de contratas de Enrique Ortiz mejoraron los resultados del ejercicio anterior, a pesar de que en 2015 también arrojaron beneficios (mientras las empresas de promoción y construcción también terminaron en números rojos). Así, Cívica Construcciones y Contratas obtuvo un año antes un resultado positivo, pero mucho más modesto, de 1.463.586 euros. Mientras, Cívica Servicios y Medio Ambiente se anotó un beneficio de 148.107 euros en 2015.

En el lado contrario se sitúan las empresas de promoción inmobiliaria y gestión de suelo. Enrique Ortiz e Hijos S.A., el germen del grupo y dedicada a la promoción pura, presentó en 2016 unas pérdidas de 1.524.134 euros. Un año antes, en 2015, fueron aún mayores: 3.971.472 euros. La empresa de gestión de suelo, Cívica Desarrollo y Gestión de Suelo, S.L., perdió en 2016 un total de 32.133 euros (un año antes había tenido beneficios de 279.982 euros), según el detalle de los fondos propios de las sociedades del grupo. Estas dos últimas empresas son las que forman parte junto a Espacio (filial de OHL) del accionariado de Urbanika, la empresa que primero iba a promover el Plan Rabassa y luego la ATE de Ikea, y que posee varias parcelas en la zona.

También cerraron el pasado ejercicio con pérdidas las empresas Gestizor S.L. (-37.213 euros en 2016 y -13.169 euros en 2015) y Obras Asfálticas y Construcciones S.A. (-232.854 euros en 2016 y -196.472 euros en 2015). La séptima empresa dependiente de la matriz, Tizor Hormigones y Asfaltos S.L., que Ortiz utiliza habitualmente también para concurrir a licitaciones públicas tanto de obra civil como de servicios, mantiene en cambio los resultados positivos con un beneficio de 141.801 euros en 2016 (217.662 euros un año antes). Pese a las pérdidas acumuladas en los últimos años por las empresas dedicadas a la promoción inmobiliaria, lo cierto es que todas ellas cuentan con fuertes reservas acumuladas, muy por encima de los números rojos registrados.

Como ha venido contando este diario, Enrique Ortiz se encuentra procesado junto a los exalcaldes de Alicante Sonia Castedo y Luis Díaz Alperi, ambos del PP (y otros empresarios y directivos de entidades financieras), en la rama del Caso Brugal que investiga el planeamiento urbano de la capital alicantina. El juez considera que los políticos populares diseñaron este planeamiento al dictado del empresario con el objetivo de beneficiarle. Algo que el instructor considera que se logró aún sin aprobar el Plan General de Ordenación Urbana (PGOU).