El tripartito se vuelca ya en la Ley de Acompañamiento de 2023

VALÈNCIA. Los partidos que integran el Botànic II trabajan desde hace semanas en lo que para ellos es uno de los grandes eventos del año legislativamente hablando: la ley de Acompañamiento a los Presupuestos de la Generalitat. Más aún si se trata del último año antes de las próximas elecciones autonómicas. La Ley de Medidas Fiscales (así es como se llama realmente) es la norma de todas las normas, y en ella no hay acuerdo previo que valga entre las fuerzas del tripartito. 

Cada año, PSPV, Compromís y Unides Podem tratan de colar a través de ella cambios legales variopintos en este cajón de sastre. Modificaciones en las que cada uno vuelca sus altas expectativas, si bien luego una vez se sientan con sus socios a negociar terminan rebajándolas considerablemente e, incluso, a veces, acaban por descartar algunas al verse incapaces de llegar a un acuerdo que pueda convencer a todas las partes. 

En definitiva, Acompañamiento es la verdadera punta de lanza que genera fricciones y revela disputas en el Botànic, mucho más que la propia negociación de la Ley de Presupuestos. 

Este año las consellerias del tripartito han ido publicando en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) de manera escalonada los cambios que quieren ver aprobados para 2023. Ninguna tiene desperdicio ni supone un cambio trivial. Y de hecho, a juzgar por las primeras reacciones que ha generado la fase de exposición pública de las modificaciones propuestas, el último trimestre del año no será en absoluto tranquilo. Así se encuentra el esquema inicial. 

Rebaja de sanciones en turismo 

Turisme de la Comunitat Valenciana planteó a finales de junio una modificación de la ley de Turismo, Ocio y Hospitalidad para rebajar hasta un 70% las multas por infracciones graves a compañías turísticas. Una modificación legal del departamento dirigido por el socialista Francesc Colomer que cuenta con la oposición frontal de Compromís y Unides Podem, tanto por el fondo como por la forma en la que se pretende acometer la reforma. 

A los socios del PSPV en el Gobierno valenciano no les gustó nada enterarse de los planes de Colomer por la prensa y ya advirtieron que no aceptarían de ninguna de las maneras los cambios que proponía. "Cualquier modificación debe ser acordada en el Botànic, porque estamos hablando de cuestiones muy delicadas que afectan a la salud y seguridad de las personas, derechos laborales, intrusismo o actividades ilegales", sentenciaron. 

Los cambios que introduce el departamento gestionado por los socialistas son considerables: no solo rebajan las multas en un importante porcentaje a las compañías por infracciones graves como "incumplir los derechos de los trabajadores" u "obstruir la labor de la inspección", sino que además relaja la regulación a las plataformas de alojamientos turísticos.

La rebaja mayor afecta a las multas graves: actualmente, aquel que infrinja la ley puede llegar pagar 100.000 euros de sanción, pero de aprobarse el cambio registrado pasaría a abonar 30.000 euros como penalización máxima. Lo que supone, en definitiva, una rebaja del 70%. El mínimo a pagar por una multa grave pasa de 10.001 euros a 5.001; es decir, la mitad.

Entre las infracciones graves se encuentran, por ejemplo, negarse "a expedir factura de cobro de los servicios consumidos a solicitud de la clientela"; obstruir "la labor de la inspección de turismo en el ejercicio de sus funciones, o no atender los requerimientos formulados durante la inspección"; negarse a "facilitar a la Administración cualquier información relativa a la actividad turística desarrollada"; incluso incumplir la normativa en materia de prevención de incendios, seguridad, salud e higiene; o que las compañías emitan "publicidad falsa o que induzca a engaño".

Fusión de las sociedades de À Punt 

Desde que se aprobó la ley de creación de la radiotelevisión valenciana no ha pasado un solo año en que esta no haya sido modificada a través de la Ley de Acompañamiento. Desde hace tres años los grupos del Botànic buscan la fórmula para fusionar la Corporació y la Societat que integran la cadena, de momento, sin éxito. 

PSPV, Compromís y Unides Podem tienen previsto abordar a la vuelta de las vacaciones esta reforma, pero no tienen claro si À Punt debe quedar constituida como Corporació o como una mercantil. Mientras Unides Podem prefiere la primera, PSPV y Compromís abogan por que sea una Societat.

El enfrentamiento principal se centra en la figura que tendrían los trabajadores: en la primera, según fuentes botánicas, los empleados de la televisión valenciana serían funcionarios, y en la segunda, laborales. La fusión, sin embargo, es una reforma muy compleja de acometer. Demasiado quizá como para hacerlo a través de un mero cambio a través de la Ley de Acompañamiento a los Presupuestos de 2023. 

Sin ir más lejos, el tripartito debería clarificar la forma en la que traspasaría el personal de una entidad a otra; definir qué ocurriría con la figura del director general, puesto que hay disparidad de opiniones sobre si esta desaparecería y sus funciones serían absorbidas por la presidencia del Consejo Rector; qué ocurriría con las oposiciones que está previsto que se convoquen a partir de diciembre, y un sinfín de embolados más. 

Director de la Agencia Antifraude

La Conselleria de Participación y Transparencia que dirige Rosa Pérez también busca reformar de arriba abajo una ley de su competencia, la de la Agencia Valenciana Antifraude, para introducir importantes cambios que afectan a las mayorías necesarias para que Les Corts Valencianes elijan al director del organismo. 

La ley actual recoge que el máximo responsable de la Agencia lo nombra el pleno del Parlamento por mayoría de tres quintos, 60 diputados, y si esta no se alcanza "se harán nuevas propuestas por el mismo procedimiento en el plazo máximo de un mes" hasta que finalmente sea elegido algún candidato. Un redactado que obligaría a los partidos que integran el Gobierno valenciano -PSPV, Compromís y Unides Podem- a buscar un candidato que generara consenso con la oposición -PP, Ciudadanos o Vox-, dado que el tripartito apenas suma 52 escaños. 

La modificación, sin embargo, cambiaría este escenario. En primera votación, la ley mantiene que será obligatorio que el candidato que postulen los grupos obtenga una mayoría de tres quintos. Pero Transparencia añade que, si no se obtuviera, "en la segunda votación, que se realizará dentro del plazo de un mes, bastará mayoría absoluta". Un cambio que no es intranscendente porque evitaría en todo caso cualquier tipo de bloqueo y permitiría al gobierno de turno elegir al director del ente en solitario, sin necesidad de pactar ningún candidato con la oposición como hasta la fecha. 

De todos los cambios en liza, probablemente este sea el que menores fricciones genere entre las fuerzas del tripartito -no así con la oposición-, pues la reforma de hecho ha sido reclamada por el propio director actual, Joan Llinares. El órgano adscrito a Les Corts prefiere evitar toparse con una situación de bloqueo que le impida renovarse y obligar al actual dirigente a mantenerse en funciones hasta que gobierno y oposición pacten. Algo que ya ha ocurrido en otras instituciones como, por ejemplo, en el Consejo de Transparencia que se encuentra en situación de interinidad desde noviembre de 2020. Antecedentes, por tanto, hay y se quieren evitar.

Decreto de Función Pública

La Conselleria de Administración Pública todavía no se ha pronunciado en firme al respecto, pero el departamento de Gabriela Bravo tendrá que llevar a Acompañamiento con toda probabilidad este decreto que modifica la ley de Función Pública actual para sortear los reparos que puso el Gobierno central a 14 artículos y cuatro disposiciones del texto legal por considerar que podrían ser inconstitucionales.

¿El motivo? El decreto está listo desde hace meses, pero en su momento no pasó por la mesa de negociación con las organizaciones sindicales, por lo que no superó el filtro del consellet la primera vez que Bravo trató de llevarlo a un pleno del Consell y este no fue remitido a Les Corts para ser convalidado. 

Con este primer tropiezo, se acordó que este decreto y otros dos más -uno sobre cuestiones que afectaban a personal sanitario y otro de educación- se aprobaran conjuntamente en el mismo pleno del Consell y de ahí se convalidaran en Les Corts al tener que decaer las tres cuestiones del decreto 'omnibus' que aprobó el Parlamento en mayo. 

Este pacto inicial entre Justicia y Compromís, al final, se torció y finalmente las normas no irán de la mano. De hecho, el pasado 20 de julio el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV) publicó el decreto de sanidad que establecía las nuevas escalas salariales y de subrogación de personal para que estas se validen a través de la Ley de Acompañamiento de 2023. Un escenario que abocaría a Función Pública a tramitar su decreto de la misma manera. 

La Agencia para la Digitalización, descartada

Otra de las cuestiones que se encontraba en agenda para sacar adelante en esta Ley de Acompañamiento de 2023 pero que ni siquiera ha llegado a entrar en la negociación era la creación de la Agencia para la Digitalización, que estaba previsto que absorbiera cuatro direcciones generales y una empresa pública. Sin embargo, el mar revuelto que ocasionó la noticia, adelantada por este diario, ha provocado que el Consell haya decidido dar marcha atrás en este proyecto. 

El plan, con firma del PSPV, generó cierto malestar a la interna, precisamente entre varios cargos socialistas. Bien por ver mermadas sus competencias, por el temor de ver reducidos sus departamentos, o por las dudas que generaba que fuera la exconsellera Carolina Pascual, sin afiliación al PSPV, la que pudiera situarse al frente de este ente que iba a aglutinar tantas competencias y un elevado presupuesto, pues acumularía los fondos destinados a las anteriores direcciones generales. 

La cercanía del congreso del PSPV no fue un buen telón de fondo y finalmente la idea ha sido descartada. Al menos, de momento. A pesar de que el proyecto era incluso celebrado por su socio mayoritario en el Gobierno, Compromís, dado que este ayudaría a vertebrar el territorio -tendría dos sedes-, no habría incremento de gasto y se centraría en cuestiones técnicas. De esta manera, las discusiones políticas que, en ocasiones, afectaban las cuatro direcciones generales en cuestión, quedarían separadas.