VALÈNCIA. (EP)
El Síndic de Greuges reclama en su Informe Anual de 2021 cambiar el procedimiento de gestión de la Renta Valenciana de Inclusión y las ayudas a la dependencia, así como que se aborden con urgencia las muchas carencias del sistema de salud pública y de atención primaria, sin menoscabo de la atención especializada y hospitalaria.
Así lo ha indicado el Síndic de Greuges, Ángel Luna, en la presentación en Les Corts del Informe, en el que consta que el pasado año se iniciaron 4.125 nuevas quejas, más otras 20 de oficio, y se han atendido 16.765 consultas ciudadanas, centradas en la "incapacidad de las administraciones para satisfacer en un plazo razonable de tiempo derechos vitales de la ciudadanía, debido a la falta de medios y a la ineficaz gestión de los recursos".
En concreto, el número de consultas es el más elevado de los últimos tres años, mientras que las quejas superan ligeramente las de 2020 (4.125 frente a 4.035), pero se mantienen por debajo de las de 2019, cuando fueron 4.528.
Porcentualmente, el número de quejas por provincias es de 1.864 en Alicante; 1.835 en Valencia y 331 en Castellón. La provincia de Alicante tiene una tasa más elevada de quejas que las otras dos --99,06 por cada 100.000 habitantes, frente a los 56,38 de Castellón y las 70,87 de Valencia--. La media autonómica se sitúa en 79,67 quejas por 100.000 habitantes.
La vulneración de los derechos elementales de los demandantes de vivienda pública y los "graves atentados" al derecho a la participación política también han provocado numerosas denuncias al Síndic, que además, también destaca que hay "problemas recurrentes" que vienen desde años anteriores.
Por lo que respecta a las quejas que se han admitido a trámite (2.862), los servicios sociales concentran la mayor parte de las quejas (36,34%). De las 1.040 que ha habido, 435 son por la dependencia; 269, por la renta valenciana de inclusión; 148 por diversidad funcional; 116 de familias y 55 por prestaciones varias, 13 de mayores y cuatro de derechos de género e igualdad.
Hay 314 quejas por transparencia, de las que 182 se refieren al acceso a la información; 241 por empleo (de las que 228 están relacionadas con empleo público); 193 por régimen jurídico, 191 por servicios públicos y 172 de Sanidad.
En concreto estas quejas se centran en la atención especializada (48), la salud pública (36), la información sanitaria (15), la atención primaria (11), las listas de espera (nueve) y la asistencia hospitalaria (cuatro). Luna ha considerado que "hay pocas quejas" en comparación a otras áreas, pero esto es debido al sistema de atención e información del paciente de la propia Conselleria, que ya "criba" al paciente.
Las cuestiones que se arrastran desde años anteriores, a juicio del Síndic, "ponen de manifiesto la incapacidad de las administraciones para satisfacer derechos básicos de la ciudadanía, con los actuales medios y procedimientos administrativos vigentes". De hecho, muchas administraciones apuntan a la falta de medios como justificación a su falta de respuesta.
Esta situación viene, en parte, de la deficiencia de financiación autonómica, que "se vienen arrastrando durante demasiados años y que perjudican de forma significativa la capacidad de actuación de las administraciones autonómicas y locales".
Luna ha remarcado que hay "muchas carencias" en las administraciones públicas, y ha criticado los "procedimientos muchas veces complejos" que rigen. Y es que, pese a la falta de recursos, "con los que tienen, seguramente habría procedimientos más ágiles". También ha abogado por la "flexibilidad" en la movilidad de los funcionarios.
La Sindicatura de Comptes ha iniciado 3.176 quejas relacionadas con la Generalitat y los entes locales, lo que supone 552 menos que en 2020, cuando ascendieron a 3.728. Igualdad y Educación son las Consellerias en las que mayor descenso de quejas se registra, mientras que Justicia y Vivienda son las que más aumentan.
En concreto, respecto a organismos autonómicos, se han recibido 1.772 quejas, por las 2.050 del año pasado. Con diferencia, Igualdad y Políticas Inclusivas es la que más quejas genera, con 1.066, aunque también es la que nota un mayor descenso respecto al año anterior, cuando fueron 1.302.
Dentro de este ámbito, hay 435 quejas en materia de dependencia (frente a las 608 de 2020). Desde la Conselleria han indicado que "trabajan día a día para seguir mejorando la atención y el sistema para que los servicios sociales sean la verdadera cuarta pata del estado del bienestar" y que las quejas en cuanto a Renta Valenciana de Inclusión (RVI) han pasado de 387 en 2020 a 269 en 2021.
Sanidad es el segundo departamento con más quejas, con 225; seguida de Educación, con 194. Estas dos áreas se han intercambiado el puesto en el ránking de queja: el año pasado Educación era la segunda con 267 y Sanidad, la tercera con 244.
Durante su intervención en Les Corts, el Síndic Ángel Luna ha considerado que en Sanidad "hay pocas quejas" en comparación a otras áreas, pero esto es debido al sistema de atención e información del paciente de la propia Conselleria, que ya "criba" al paciente.
Por su parte, dos consellerias que el año pasado no contabilizaban quejas, Justicia e Innovación, sí tienen este año: 65 y siete, respectivamente. Además, Vivienda ha recogido 79 quejas; Economía, 35; Agricultura, 28; Política Territorial, 18; Hacienda, 17; Presidencia, 16 y Participación, seis. Otros organismos autonómicos han generado 16 quejas también.
Las quejas sobre los índices locales también descienden con respecto a 2020: Frente a los 1.678 del año anterior, en 2021 se recogieron 1.404 quejas. Valencia es la provincia con mayor número, con 640; seguida de Alicante, con 630 y Castellón, con 134. El año anterior fue Alicante la provincia con más quejas, 806; seguida de Valencia, 742 y Castellón, 130.
Las quejas de la ciudadanía a la Sindicatura de Greuges relacionadas con la crisis provocada por la Covid-19 y en el caso de Sanidad, ha indicado que "han sido constantes las quejas relativas a la falta de atención telefónica y presencial en los ámbitos de la Atención Primaria y Especializada".
Si bien, según apunta el Síndic, "también se han dado otras casuísticas de las que destacaremos las quejas más significativas". Además, han coincidido, en lo esencial, con la evolución de la pandemia y las medidas adoptadas por la Administración Sanitaria.
En relación a la falta de atención telefónica para obtener cita en los centros de Atención Primaria, a lo largo de 2021, se interpusieron numerosas quejas a instancias de particulares. En una de ellas, un ciudadano denunciaba que desde hacía cuatro meses intentaba contactar con el Centro de Salud Santa Faz de Alicante sin conseguirlo; otra se refería a que el Centro de Salud de Palleter estaba colapsado y solo conseguía cita para 15 días más tarde de su petición, o una en la que un ciudadano manifestaba que no podía contactar ni telefónicamente ni por la aplicación informática con el Centro de Salud Torrent II.
Entre las demoras en la atención sanitaria, se ha denunciado el problema de falta de médicos de algunas especialidades en los hospitales comarcales como el Virgen de los Lirios de Alcoi, así como las listas de espera en ese Departamento de Salud.
En este sentido, el Síndic alerta de que, a excepción de los enfermos atendidos por Covid-19, "la paralización de determinados servicios provocada por la pandemia ha supuesto un agravamiento en la lista de espera del resto de pacientes, especialmente los necesitados de intervenciones quirúrgicas".
Las limitaciones de acceso a centros sanitarios debido a la pandemia motivaron diversas quejas al Síndic por problemas de acompañamiento de las parejas antes, durante y tras el parto. Una mujer, por ejemplo, denunciaba que a su hermana no le permitían acudir acompañada a sus controles de embarazo en el Hospital Lluís Alcanys, de Xàtiva.
El Síndic dictó una resolución en la que recomendaba a la Conselleria que "extremara al máximo el derecho de la madre a estar acompañada por la persona que ella quisiera en el embarazo, parto y actuaciones postparto, siempre que las circunstancias lo permitieran y no hubiera contraindicaciones médicas", algo que la Conselleria aceptó.
También hubo quejas referidas a la gestión de la Estrategia de vacunación frente a Covid-19 en España, del Ministerio de Sanidad, que hacían referencia en su mayoría a las demoras en la administración de la vacuna.
Los colectivos que más han expresado estos agravios son mutualistas de Muface o Mujegu, alumnos universitarios de Erasmus, profesionales de los servicios sociales municipales, cuidadoras no profesionales o profesionales de centros sanitarios privados, así como las presentadas por personas pertenecientes a un determinado rango de edad.
Un último grupo lo constituyen las quejas relacionadas con la Estrategia de vacunación serían las presentadas por personas que estaban en desacuerdo con la marca o empresa farmacéutica de la vacuna que les había sido asignada. En este caso, la posición del Síndic fue inadmitir las quejas e informar a las personas promotoras de que excede al ámbito de competencias.
Respecto al Pasaporte Covid, acudieron al Síndic colectivos falleros debido a los desacuerdos con determinadas medidas de salud pública como consecuencia de la crisis sanitaria, al igual que ciudadanos discrepantes con el contenido de la Resolución de 1 de diciembre
de 2021, por la que se requería presentar el pasaporte Covid para acceder a determinados establecimientos.
Por otra parte, la Sindicatura ha abierto quejas de oficio al respecto de la salud mental infanto-juvenil es un tema de interés constante del Síndic de Greuges. Según la institución, la resolución de estos expedientes denota que "la Comunitat Valenciana carece de un plan específico de atención a la salud mental infantil, que la coordinación entre las consellerias con competencia sigue siendo insuficiente y que también resulta deficitaria, tanto cuantitativa como cualitativamente, la actual dotación de recursos".
En marzo de 2021, esta institución abrió una nueva queja de oficio al objeto de conocer la situación de los programas y recursos del sistema de salud mental infanto-juvenil, y las medidas adoptadas y previstas a fin de mejorar su capacidad preventiva, de detección y de atención temprana, así como su capacidad asistencial y rehabilitadora.
Tras recabar los informes solicitados a las consellerias de Sanidad, Igualdad y Educación, el Síndic de Greuges emitió una resolución en julio que concluía que "los actuales programas, servicios y centros para la atención a la salud mental infantil y adolescente resultaban claramente insuficientes ya antes de la pandemia".
El Síndic considera "imprescindible" la elaboración de un plan integral e integrado, basado en la intervención comunitaria, que requiere de la implantación de programas preventivos y de promoción de la salud mental, junto a la red de recursos no residenciales, que eviten o disminuyan la necesidad de atención hospitalaria o residencial.
A pesar de que las consellerias afectadas aceptaron las recomendaciones, y aún con la puesta en marcha de algunas medidas, así como las previsiones para este ejercicio de 2022, el Síndic concluyó que la dotación de recursos, equipamiento y personal para la atención a la salud mental infanto-juvenil seguía siendo insuficiente, y que los departamentos requieren más coordinación.
Según la Sindicatura, "tampoco se han resuelto los innumerables problemas que ocasiona el mal funcionamiento de los aplicativos informáticos utilizados en la gestión de los títulos de familia numerosa, de la dependencia y, especialmente, de la renta valenciana de inclusión. Abordar ya estas carencias es muy urgente", ha remarcado la Sindicatura. "Todo esto es burocracia, es retraso", ha señalado Luna.
En su informe, el Síndic ha denunciado los "excesivos retrasos en el reconocimiento de derechos de carácter vital". "Habida cuenta del considerable esfuerzo que ha realizado la Generalitat para incrementar, año tras año, las dotaciones presupuestarias dedicadas a estas materias, resulta inexcusable modificar los procedimientos de gestión de estas
ayudas", ha agregado.
Una de ellas, ha remarcado Luna, es en la burocracia para el acceso a las ayudas de la dependencia por la cesión a los Ayuntamientos de la gestión de parte de estas subvenciones, pero "sin ningún poder de decisión", lo que obliga a un "vaivén" de papeleo entre consistorios y Conselleria.
En cuanto a la RVI, ha criticado el "criterio de la Conselleria de Igualdad de denegar la prestación cuando la persona solicitante ha aceptado algún trabajo temporal o a tiempo parcial, sin tomar en consideración todo el tiempo que ha estado sin trabajar y los meses de infructuosa espera sin percibir la renta". "Esta actitud de la Conselleria está desincentivando de forma notoria la búsqueda de empleo", ha considerado Luna.
Preguntado por la gestión de la Conselleria de Igualdad y las quejas reiteradas sobre la tramitación de la dependencia, Luna ha criticado que "no están ofreciendo ningún tipo de solución". "Es un poco frustrante a veces ver cómo parece que nadie responde", ha lamentado.
De hecho, ha lamentado que en el caso de la dependencia y el "vaivén" entre ayuntamientos y Conselleria, no se haya hecho una "reflexión de calado". En este sentido, ha lamentado que no se haya "replanteado" en cinco años "si el modelo diseñado es el más eficaz para satisfacer los derechos" de los ciudadanos. "No son normales los atascos que tenemos a estas alturas", ha agregado.
Luna ha remarcado la necesidad de reformar la atención primaria en sanidad, y más debido a la pandemia: "No ha habido una respuesta a la altura de la angustia que provoca la falta de contacto y la sensación de abandono por parte de servicios elementales. Sensación de abandono que se multiplica en el caso de personas mayores, sin acceso a las nuevas tecnologías", ha manifestado el Síndic.
Por ello, el Síndic exige la pronta materialización de los anuncios del Consell relativos a la puesta en marcha de nuevos planes para reforzar la capacidad del sistema sanitario público, singularmente de la atención primaria, con el objetivo de convertirla en el eje de todo el sistema, porque vienen con varias olas de retraso.
Respecto a la gestión de las ayudas al acceso a la vivienda, ha vuelto a remarcar las trabas para su acceso. Por ejemplo, se ha referido a la necesidad de presentar solicitud telemática para acceder cuando las personas que necesitan una vivienda no tienen, habitualmente, acceso a internet. "Esto supone no entender a qué clase de gente, ciudadanos o tipo de sector social se están dirigiendo", ha remarcado Luna.
Por otra parte, Luna ha mostrado también su "alarma" por el "crecimento de las quejas relacionadas con la transparencia". "Cada vez son más los concejales de la oposición de diferentes colores políticos, que tienen que acudir al Síndic para que el Ayuntamiento les dé acceso a información a la que tienen derecho", ha remarcado. "Un concejal de la oposición es tan concejal como el alcalde y tiene derecho a conocer los mismos datos sobre el ayuntamiento que el alcalde", ha remarcado.
Foto: INMA CABALLER
Además, la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas ha destacado este martes que en el último informe del Síndic de Greuges han descendido las quejas referidas a la tramitación de las ayudas a la dependencia (un 18 %) y de la renta valenciana de inclusión (un 30 %) con respecto al año anterior.
Según la Conselleria que dirige Mónica Oltra, en 2021 se han reducido un 18'1 % con respecto al año anterior las quejas presentadas al Síndic de Greuges sobre este departamento de la Generalitat, pues han pasado de 1.302 a 1.066 quejas en un solo ejercicio.
Asimismo, han señalado que las quejas por la tramitación de la prestación por dependencia han bajado un 28 %, al pasar de 606 a 435 en un año, y ha destacado que la Comunitat Valenciana tiene 122.243 personas atendidas con algún servicio o prestación económica, frente a las 41.662 de 2015, lo que supone que más de 80.581 personas se han incorporado al sistema durante el Gobierno del Botànic.
Por lo que se refiere a la Renta Valenciana de Inclusión (RVI), han indicado que también descendieron el pasado año, pues en 2020 se interpusieron 387 quejas frente a las 269 de 2021, lo que supone un 30,4 % menos y evidencia "el esfuerzo de la Conselleria por ampliar derechos y prestaciones a la población más vulnerable", han indicado.
La Comunitat Valenciana cuenta actualmente con 75.885 personas destinatarias de la Renta Valenciana de Inclusión, frente a las 23.645 que había en 2015 con la prestación conocida como renta Garantizada de Ciudadanía, según las mismas fuentes.
Sobre las quejas por la tramitación de los títulos de las familias numerosas, la Conselleria ha explicado que también han descendido respecto al año 2020, gracias la agilización en la tramitación de las solicitudes, con 31.216 resoluciones en 2021 dentro de plazo establecido por la legislación, salvo casos puntuales.
Respecto al modelo de gestión de los servicios sociales, han afirmado que la apuesta de la Conselleria por el municipalismo se concreta en la financiación de 27.385 puestos de trabajo directos, en los que se incluye tanto personal funcionario de la Conselleria como personal para reforzar los servicios sociales de los ayuntamientos.
En conclusión, la Conselleria ha destacado que se ha producido un descenso en el número de quejas tramitadas por la Sindicatura de Greuges, al tiempo que se han incrementado los recursos y las personas beneficiarias de las prestaciones en la Comunitat Valenciana y se han reforzado los equipos de atención en los servicios sociales.
Por otro lado, la Conselleria de Igualdad ha aceptado "en principio" todas las recomendaciones que el Síndic de Greuges ha formulado sobre los siete centros de menores con problemas de conducta de la Comunitat Valenciana, y ahora el Defensor del Pueblo valenciano hará un seguimiento para que se cumplan en un plazo "razonable".
Así lo ha explicado este martes el Síndic de Greuges, Ángel Luna, preguntado por los medios de comunicación por la queja que la institución abrió el año pasado sobre esos centros y sobre la que denunció que había habido una "interferencia" desde la Conselleria ante su petición de información a los directores de esos centros.
Luna ha señalado que se reunió con la directora general que es la responsable de esos centros y le comunicó que había sido ella la que había decidido agrupar las respuestas de todos los directores, con la intención de ayudar al Síndic, no de interferir.
El Síndic ha indicado que finalmente técnicos de la institución visitaron los centros, para lo que no precisan de autorización, donde hablaron en privado con los directores y finalmente se pudo terminar la investigación y dictar una resolución.
La resolución, ha explicado, incluía recomendaciones sobre cuestiones que les preocupaban, como que se actualizara el protocolo que rige esos centros, que es "muy antiguo"; que se contara con el consentimiento de los menores, y que se garantizara que los ingresos no se producían por vía de urgencia y luego se pedía autorización judicial.
También querían que todos estuvieran bajo el control de unidades de salud mental, y que en esos centros no hubiera menores con problemas graves de salud mental diagnosticados.
"Todas esas recomendaciones, de una forma u otra, han sido aceptadas por la Conselleria", ha indicado Luna, quien ha precisado que el jueves pasado recibieron la respuesta del departamento de la Generalitat que dirige Mónica Oltra y la están evaluando.
Luna ha indicado que en esa respuesta hay una serie de compromisos que asume la Conselleria de Igualdad por lo que van a hacer un seguimiento con el fin de "verificar que se cumplen en un plazo razonable"
Foto: INMA CABALLER
Por último los grupos parlamentarios de Compromís y el PSPV reconocen que el sistema de gestión de grandes ayudas sociales, como las de la dependencia o la renta valenciana de inclusión, es "mejorable" pero recuerdan que ahora se tramitan 34.000 expedientes al año, cinco veces más que con el gobierno del PP.
"Nos gustaría estar en sincronización y en esa línea seguiremos trabajando", ha manifestado la síndica de Compromís en Les Corts Valencianes, Papi Robles, en respuesta al informe del Síndic de Greuges que ha alertado que el sistema de gestión de estas ayudas no está funcionando ya que la ciudadanía denuncia retrasos de años en estas prestaciones "vitales y urgentes".
Robles ha señalado asimismo que "hay que tratar estos temas desde el respeto" y ha asegurado que el Consell trabajará para mejorar el sistema, de forma coordinada con los ayuntamientos y dotándoles de más recursos.
Al respecto también se ha pronunciado el síndic del PSPV, Manolo Mata, quien ha defendido que aunque el sistema "no es perfecto y hay disfunciones" ha habido un avance "espectacular" en políticas sociales, y ha recordado que antes de la llegada del Gobierno del Botànic a la Generalitat "se resolvían 7.000 expedientes al año y ahora son 34.000".
La síndica del Partido Popular, María José Catalá, por su parte, ha manifestado que el problema es una Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas "poco centrada en la gestión" y "muy ineficiente".
Catalá ha acusado a la vicepresidenta y consellera de Igualdad, Mónica Oltra, de estar "más centrada en su futuro político que en el de miles de ciudadanos", y considera esta actitud "decepcionante para una persona que decía que venía a hacer algo diferente a lo que se hacía".
La síndica de Ciudadanos (Cs), Ruth Merino, ha instado al Consell a "ponerse las pilas y hacer los deberes" ante las críticas del Síndic de Greuges, y ha lamentado que la conselleria de Mónica Oltra, a pesar de contar con el doble de presupuesto, siga "incumpliendo los plazos" de resolución de los expedientes de dependencia y de la renta valenciana de inclusión.
El síndic ha pedido además información a la Conselleria de Sanidad sobre las plazas básicas públicas de médico especialista en geriatría en la Comunitat Valenciana ya que, según señalan, solo hay diez en todo el territorio y ninguna en Castellón.
Estos datos "contrastan notablemente" con los de otras comunidades autónomas como Cataluña (248 plazas), Madrid (126) y Castilla-La Mancha (76), ha remarcado la Sindicatura.
Por ello, la Sindicatura abrió en diciembre una queja de oficio y solicitó información a la Conselleria sobre la existencia de un programa específico o estrategia para atender "las necesidades sanitarias actuales de pacientes mayores y de la creciente población de edad avanzada que, a corto plazo, supondrá un notable incremento de las necesidades de asistencia sanitaria geriátrica". El departamento que dirige Ana Barceló todavía no ha respondido.
La Sociedad Española de Geriatría y Gerontología, en su "Estudio de Calidad en Geriatría", recomienda cuatro especialistas por cada 10.000 habitantes de 65 años o más, y cinco por cada 10.000 habitantes que superen los 75. En la Comunitat Valenciana hay alrededor de 900.000 personas que mayores de 65.