Fotos PEPE OLIVARES ALICANTE. Ángel Luna González (Madrid, 1952) encara dus dos últimos años de mandato al frente de la Sindicatura de Greuges. Y lo hace con la constancia de un trabajo permanente ante la queja de cualquier ciudadano frente al corsé de la burocracia administrativa. En esta conversación con Alicante Plaza, explica que las quejas de los ciudadanos han aumentado en este último año, especialmente, en Servicios Sociales, con casi 900 reclamaciones más, hasta alcanzar las 1.400, y en menor medida, en Transparencia. Ahora, emergen las de Vivienda, dice. Luna lamenta que sigue habiendo auntamientos muy hostiles, que no responden, o cuestiones muy difíciles de resolver, como el ruido que genera el ocio y las fiestas, y al que los ayuntamiento no acaban de encontrar una solución efectiva.
—¿En qué situación se encuentra la institución Síndic de Greuges en cuanto a nivel de quejas? Es decir, sigue la misma línea de los últimos años, ha crecido, ha decrecido, etc.
—Ha crecido sustancialmente. Tenemos un aparato estadístico, un programa informático, con el que tramitamos todas las quejas. A día de hoy, en esta misma fecha, el año pasado teníamos 2.600 quejas. Hoy, redondeando, tenemos 3.500, que son casi 900 más. Es decir, ha crecido bastante más de un 30%.
—¿En qué campo ha crecido más?
—Fundamentalmente, servicios sociales. Todo lo que tiene que ver con dependencia, discapacidad… el área social en definitiva. Y también en transparencia.
—¿Entiendo que las quejas son por la falta de agilidad de la administración a la hora de conceder determinados certificados?
- Son demoras, básicamente. Demoras en la tramitación de las prestaciones de la Ley de Dependencia o el reconocimiento de la discapacidad que son grandes, muy grandes, especialmente en la provincia de Alicante.
—Cuando usted se dirige a la conselleria del ramo, que en este caso es de Servicios Sociales, ¿le responden? Y si le responden, ¿lo hacen con agilidad?
—A ver, generalmente responden. Hay algunos expedientes en que no responden. Una conselleria que tiene tal volumen de trabajo como esta, pues es normal que, en algunos procedimientos, no sé por qué razón, se tarda, pero generalmente sí que responden. Otra cosa es la calidad de las respuestas. Normalmente la respuesta estándar es: "Tenemos muchos expedientes y no tenemos personal ni tenemos medios para tramitar tantos procedimientos". Entonces tenemos una lista de espera que se va acumulando.
—Le pregunto porque, en el anterior mandato, una de las polémicas que surgió es que la Consellería de Políticas Inclusivas a veces no contestaba.
-Ahora generalmente contestan. Anteriormente tuvimos algún tipo de problema en el sentido de facilitarnos las actas de la inspección de algunos centros y tal. Ese problema se ha corregido. Ahora sí que recibimos las actas de inspección cuando las pedimos.
"Ahora las consellerias generalmente contestan. Anteriormente tuvimos algún tipo de problema en el sentido de facilitarnos las actas de la inspección de algunos centros"
-Entiendo que ahí también vino un poco derivado todo colapso que generó la pandemia en residencias, centros sociales, admisiones, no admisiones, etc. La pandemia lo trastocó todo.
—La pandemia fue poner patas arriba el funcionamiento de todas las instituciones y de todas las administraciones, y naturalmente afectó en una medida importantísima a nosotros mismos. Es decir, nosotros en esta casa pasamos de un día a otro de tener expedientes en papel encima de la mesa a tener que arbitrar un procedimiento de teletrabajo para poder seguir manejando los expedientes.
—La Conselleria de Servicios Sociales ya se ha puesto las pilas, es decir, que esa etapa está superada…
- Bueno, en algunas áreas sí. Ahora, por ejemplo, tenemos un problema en vivienda, que no nos están contestando. Además, es un tema curioso porque nos piden una ampliación de plazo, que está prevista en la ley, pues tienen un plazo de un mes para contestar. Nos están pidiendo ampliación de plazo en vivienda y luego no contestan.
—¿Viene por la denegación de las ayudas de alquiler?
—Es un poco todo. Petición de vivienda, de vivienda social o ayudas al alquiler, o distintos programas de ayudas que hay, algunas por impagos de subvenciones o ayudas que tenían concedidas y que estaban cobrando… Y viene la gente que nos dice: "En diciembre del 2022 dejaron de pagar", "en diciembre de 2023 dejaron de pagarme". Pues a veces hay un problema con el ajuste del presupuesto cuando entra el nuevo presupuesto. Pero cuando ya pasan una serie de meses y las ayudas siguen sin prestarse, pues entonces viene gente que la tiene concedida y que no le responde.
Ahora que está el tema muy en debate de los pisos turísticos, ¿habéis recibido quejas de este tipo?
-No. A nosotros no se nos ha planteado el tema. A ver, esa es una cuestión privada, de derecho privado que no afecta, digamos, a prestaciones y a derechos sociales. Entonces, no es frecuente que a veces vengan. A veces tenemos temas de derivados de la aplicación de la legislación urbanística, pero son los menos.
—Las molestias que genera la queja pueden ser más a nivel ciudadano. ¿No sé si en eso también se acude al Síndic?
Sí, si se acude. Es decir, nosotros tramitamos muchas quejas por las molestias que reciben los ciudadanos, fundamentalmente por fiestas, por casales falleros o por racó de hogueras… Hemos llegado a recibir quejas por campanas de la iglesia, campanas que tocan a todas las horas marcadas. Y ha habido quejas en ese sentido y hemos reaccionado: hemos pedido que acorten. Pero lo de las fiestas es muy difícil. El ruido en la calle y en las fiestas es muy difícil porque normalmente los ayuntamientos no están resolviendo el problema del ruido. Es decir, se pueden cerrar los locales a una determinada hora; se puede obligar a tener que los locales tengan una doble puerta… Muchas veces lo hacen, otras veces, no. Pero al final el ruido está en la calle, y la gente viene al Síndic y se queja, y eso es una obligación municipal, la de mantener el derecho al descanso.
"El ruido en la calle y en las fiestas es muy difícil porque normalmente los ayuntamientos no están resolviendo el problema del ruido"
—Antes también ha mencionado el tema de transparencia. ¿Qué tipo de quejas llegan en ese campo?
Sobre todo concejales de la oposición que piden acceso a documentos de sus ayuntamientos y no se lo dan. Hay una doctrina que es muy clara. No es que sea nuestra esa doctrina, es que es del Tribunal Supremo de España. Quiere decir que un concejal de la oposición es tan concejal como el alcalde y tiene derecho a acceder a los documentos que obran en poder del Ayuntamiento, igual que el alcalde. No se está reconociendo ese derecho y hay situaciones verdaderamente críticas. Hay gente que ha pasado de estar en la oposición a estar en el gobierno municipal y lo que reclamaban antes en la oposición lo están negando ahora, cuando está en el gobierno municipal. Singularmente tenemos un número de conflictos de ese tipo muy importante con el Ayuntamiento de Valencia.
En teoría, la administración digital debería permitir todo…
Claro, eso es lo que dicen los Tribunales de Justicia, que ahora mismo no se puede argüir, ya que es que eso da mucho trabajo. Mire usted, dé acceso a la plataforma electrónica de gestión que tiene el Ayuntamiento al concejal de la oposición, y entonces empiezan con los temas de "Bueno, pero es que la protección de datos…" No, la protección de datos le obliga a él igual que a usted. Si luego él hace mal uso de los datos, ya se le perseguirá por el abuso del derecho. Pero tiene tanto derecho como un concejal del equipo de gobierno.
—¿Hay algún tipo de expediente que a lo mejor sea más demandado en las quejas de los concejales de la oposición?
—La oposición, en general, procura tener conocimiento de expedientes que supongan gastos más que otra cosa, o contratación pública. Es decir, esos son los más demandados por la oposición, y los que son objeto de queja.
—Pero se entiende que muchos de esos expedientes están en la plataforma estatal de contratación…
—Ya, pero no siempre están accesibles en los ayuntamientos. Entonces eso es lo que piden los concejales muchas veces: no acceder a esos procedimientos, a esos expedientes.
"Un concejal de la oposición es tan concejal como el alcalde y tiene derecho a acceder a los documentos que obran en poder del Ayuntamiento"
—Un tema que salió muy en debate también post pandemia fue el tema de la cita previa. ¿La administración tiene que establecer cita previa o no?
—No, no hay ninguna ley que digamos que soporte la obligación de la cita previa. Ninguna. Es verdad que las citas previas son razonablemente utilizables. Por ejemplo, no se concibe ir al médico sin cita previa. Pero el ciudadano tiene derecho a recibir de la administración sin cita previa. La administración luego puede organizarse, con cita previa, de tal hora a tal hora. Y los que no, pues que vengan. Pero la cita previa no se puede imponer de manera generalizada al ciudadano porque no está en la ley.
¿La Administración ha aceptado ese mensaje?
-Sí. El tema de la cita previa ha cambiado mucho ya. Realmente son pocas las quejas que tienen que ver con la cita previa.
—Se supone que hay un canal que a lo mejor sí que se organiza por horas y otro en el que la gente puede ir y que le atiendan…
—Lo pueden organizar de distinta manera por días. La administración es muy variopinta. Aquí no solo fiscalizamos al Consell, sino también todos los ayuntamientos, y cada uno se organiza como quiere: no es lo mismo un ayuntamiento pequeñito que uno grande. Pero sí, esa fue una batalla que se libró, no solamente nosotros, sino todos los defensores e incluso el Defensor del Pueblo de España, también hace un año y pico o dos años, con motivo de la pandemia. Con la pandemia se instauró la moda de la cita previa, que en aquel momento podía ser justificable por evitar que se acumulara la gente, pero el problema es que pasó un año y la cita previa seguía ahí, intentando imponerla. Luego, con toda la picaresca que dio lugar a las citas previas, que se solicitaban por internet y había organizaciones, digamos, de delincuentes que captaban todo, se abría el programa para la cita previa y a los 20 segundos estaban copadas todas y luego se vendían en extranjería. En extranjería nosotros no teníamos competencias sobre el tema, pero el Defensor del Pueblo de España sí actuó y nosotros actuamos en algún ayuntamiento de la Comunitat. También tuvimos ese problema que nos denunciaron y que lo trasladamos evidentemente mediante la queja al ayuntamiento en cuestión. Y se arregló.
—Una vez el Síndic traslada su resolución a la administración que ha sido denunciada, ¿esa administración tiene obligación de aplicar esos cambios, o esas medidas?…
-A ver, no tiene obligación. Es decir, nosotros no tenemos facultad de obligar; nosotros hacemos recomendaciones, hacemos recordatorios de deberes legales, que es lo más fuerte. Es decir, oiga, usted no está cumpliendo la ley. Hacemos recomendaciones y hacemos sugerencias. Y advertencias, y advertimos. Digamos que no tenemos capacidad de imponernos mediante una sanción. La Administración puede discrepar del Síndic y puede decir: no, mire usted, yo no acepto esa resolución por estas razones. Usted dice esto; yo sostengo lo contrario por esto y por esto. Bueno, eso es razonable. Es decir, no tenemos por qué tener la razón en todo y alguien nos puede demostrar que hay otra interpretación posible y que la nuestra no es la más adecuada. En derecho, todo es opinable. Lo que no es de recibo es no contestar, o atacar. A veces nos hemos encontrado con ataques cuando no hay una capacidad de respuesta razonable; normalmente se recurre al ataque personal. Cuando alguien empieza insultando al Síndic porque no tiene otra cosa que decir respecto a la resolución que ha recibido, no tiene argumento y lo único que hace es esto.
"Cuando alguien empieza insultando al Síndic porque no tiene otra cosa que decir respecto a la resolución que ha recibido, no tiene argumento y lo único que hace es esto"
En ese sentido, la Agencia Antifraude sí que tiene capacidad de denunciar. ¿Es complementaria al Síndic, o le ha quitado trabajo al Síndic?
-No, es diferente. No nos chocamos con la Agencia Antifraude. Es más, nuestra ley nos dice que si en un momento determinado, con motivo de nuestras investigaciones en alguna queja, observamos que puede haber alguna situación de carácter fraudulento, lo que tenemos que hacer es darle traslado a la Agencia Antifraude para que ellos actúen. Tuvimos hace mucho tiempo una pequeña disputa por interpretar de manera distinta. Pero lo arreglamos rápidamente. Pero era sobre el derecho de acceso a los documentos. Una diputada de la oposición, entonces, quería acceder a un determinado documento, a un determinado expediente que llevaba la Agencia Antifraude, y ahí nosotros tuvimos una interpretación del derecho de acceso al derecho a la transparencia y acceso a la documentación pública, que inicialmente chocaba con el criterio que tenía la Agencia Antifraude, pero luego lo arreglamos.
—Si quiere, no me diga nombres, pero ¿se ha encontrado durante su mandato ayuntamientos hostiles de verdad? ¿Qué no han contestado nada?
Sí, hay ayuntamientos ahora mismo que no están contestando nada. Y claro, estamos valorando una respuesta adecuada. En algún momento determinado hemos llegado incluso a amenazar personalmente a algún alcalde con dar traslado a la Fiscalía porque hay un delito previsto por no colaborar con el Síndic. Hace dos o tres años sí que dimos traslado a la Fiscalía por una queja que nos llegó de un procedimiento de acceso a la función pública, un concurso, y nos pareció que el tema era claro. A nosotros nos parecía que podía haber habido un delito de prevaricación claro. Y dimos traslado a la Fiscalía de Valencia. Al final, la Fiscalía decidió archivar.
—¿Hasta cuánto mandato le queda al Sindica?
—Hasta diciembre de 2026.
—¿Se le puede renovar?
-No. Cuando se hizo la ley del año 21, la ley que inicialmente impulsó Alcaraz, pero que se tramitó en el segundo Consell del Botànic, tuvo un amplio respaldo, pero ya no contempla renovaciones. Salió con los votos de todos los grupos excepto Vox. Y Vox dijo que ellos es que no creían en las instituciones autonómicas y por tanto no por eso no la votaban. La ley anterior habla de mandatos de cinco años renovables. Nosotros recomendamos que se siguieran, valga la redundancia, las recomendaciones de la Comisión de Venecia y una de ellas era que los mandatos de los defensores del pueblo fueran por un mínimo de siete años y no renovables, precisamente para que no pudiera haber presiones. Uno sabe que no le van a renovar en cualquier caso, aunque haya cambio de gobierno y no tiene que andar llevándose bien con unos, o con otros, o ganándose los votos de una futura renovación. Y entonces nosotros lo recomendamos para que se incorporara como tal en la ley. Ahora, el mandato son siete años no renovables.
—Se lo preguntaba porque es un debate que está por venir.
El Síndic de Comptes —ahora son dos tras el fallecimiento de Marcela Miró— tiene el mandato caducado desde hace un montón de tiempo y el Consejo Consultivo, también. Tengo colegas de otras autonomías que están con el mandato caducado, como es el caso de Castilla y León, hace ya un par de años por lo menos.
