BENIDORM. La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Benidorm, Cristina Escoda, ha alertado de la cantidad que tendrá que pagar cada vecino, a través de impuestos o con recortes, durante los próximos años y durante varias generaciones, para cubrir la sentencia del TSJ sobre los terrenos de Serra Gelada. “Cada contribuyente deberá de aportar aproximadamente 7.500 euros a las arcas públicas, a través de impuestos o de recortes de servicios, lo que afectará a varias generaciones de benidormenses”, ha indicado la portavoz, en referencia a la distribución de los 333 millones de euros de la sentencia de Serra Gelada.
Escoda ha recordado que fue el PP de Toni Pérez el que “en 2003 firmó el acuerdo con los propietarios de los terrenos, con el voto en contra del PSOE, y que años más tarde cambió su postura por impulsos y por oscuros intereses, que deberá aclarar”. El Grupo Socialista ha formulado este lunes una batería de preguntas al Gobierno local sobre este tema, entre las cuales figura si el viraje en la postura de Pérez y que tanto perjuicio puede traer a Benidorm, se debe a una vendetta personal contra una rival política. La pregunta es la siguiente: “El cambio de postura del Gobierno del PP ¿es una venganza política para perjudicar los intereses de quienes apoyaban a un partido rival?”. La respuesta del Gobierno ha sido afirmar que “no entienden la pregunta” y que han seguido criterios técnicos.
La dirigente socialista ha lamentado que “la prepotencia y la chulería del alcalde hayan llevado a Benidorm a un precipicio”. “En lugar de defender y salvaguardar los intereses de los ciudadanos de Benidorm creemos que el primer edil se ha guiado por el cálculo político. Ante esta situación no puede permanecer ni un minuto más en el cargo”, ha añadido. Así, ha recordado que el Gobierno de Agustín Navarro renovó el convenio en 2010 y 2013 ante la amenaza de un recurso similar al perdido ahora por Pérez, y que no había otra salida por los derechos adquiridos por los propietarios de los terrenos a raíz del convenio de 2003 que votó el PP en solitario.
Con todo, Escoda ha reiterado el apoyo del PSOE al recurso del Ayuntamiento al Supremo, y ha solicitado en la Comisión de Urbanismo que el Gobierno local acepte la propuesta de diálogo de los propietarios, con el fin de minimizar el daño económico al municipio, a lo que no ha obtenido respuesta.
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Por su parte, la portavoz del equipo de gobierno de Benidorm, Lourdes Caselles, ha recordado una vez más al grupo municipal del PSOE que "los numerosos informes de los servicios jurídicos y técnicos del Ayuntamiento son los que han marcado la actuación del Ayuntamiento sobre los convenios urbanísticos del APR-7 de Serra Gelada y siempre guiados por la defensa del interés general". Unos informes que "indicaban que había que revisar de oficio estos convenios y promover la declaración de nulidad de los mismos"; argumento que fue refrendado hasta en dos ocasiones por el Consell Jurídic Consultiu (CJC).
Caselles ha respondido así a una nueva nota lanzada este lunes por los socialistas, "los mismos que en los últimos años primero han votado una cosa y luego la contraria, para después ponerse de lado y no pronunciarse sobre un tema que es capital para el interés general de Benidorm". "Parece que por fin les preocupan los convenios de Serra Gelada y sus consecuencias, no como en los últimos dos años en los que se han abstenido cada vez que el asunto se abordaba en pleno", ha añadido.
La portavoz popular ha señalado que "mientras el PSOE optaba por esconder la cabeza, a pesar de que fueron sus gobiernos lo que renovaron esos convenios en 2010 y 2013, los sucesivos gobiernos de Toni Pérez han atendido en todo momento las indicaciones de los técnicos municipales y los numerosos informes que forman parte del expediente". "Desoír esos informes o actuar y votar en contra de ellos hubiera supuesto la comisión de un delito de prevaricación, algo en lo que no van a incurrir los gobiernos del Partido Popular", ha apostillado.
Tras preguntarse qué hubieran hecho la señora Cristina Escoda y sus compañeros con esos informes en caso de haber gobernado, Caselles ha recordado que, siguiendo "la hoja de ruta trasladada por los servicios jurídicos el pasado jueves en Junta de Portavoces", el Ayuntamiento de Benidorm está a la espera de la aclaración de la sentencia dictada por el Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana (TSJ) en la que se condena al Consistorio a abonar 283 millones de euros más intereses a dos mercantiles propietarias de suelo en el APR-7.
Esa aclaración de sentencia es previa a la presentación de un recurso de casación contra esa sentencia.
Como ya se ha trasladado al grupo socialista en respuesta a las preguntas entregadas por el PSOE a la secretaria de la comisión de Urbanismo, y a las que se ha contestado por escrito a las 09.45 horas, en cuanto se disponga de la aclaración de sentencia y el recurso y los servicios jurídicos "lo estimen procedente" se hará llegar a los grupos de la Corporación ambos documentos.
Por último, Caselles ha pedido una vez más a Cristina Escoda "que aclare por qué el PSOE se opuso en 2003 a unos convenios que posteriormente renovó hasta en dos ocasiones y también que clarifique qué intereses ha estado defendiendo su partido en este asunto desde entonces, porque no parece que sea el interés general de Benidorm".
