Fosa en el cementerio de Gandia. Foto: EVA MÁÑEZVALÈNCIA (EP/EFE). El síndic del PP en Les Corts Valencianes, Miguel Barrachina, ha asegurado que la proposición de ley de Concordia impulsada por el PP y Vox y que se tramita en el parlamento autonómico, "no elimina nada, sino que amplia derechos a la totalidad de las víctimas".
Así lo ha asegurado en declaraciones a los periodistas, después que la ONU haya instado al Gobierno a adoptar "todas las medidas necesarias" en relación con las "leyes de la concordia" impulsadas por el PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana para garantizar "la preservación de la memoria histórica de graves violaciones de los derechos humanos".
Antes del inicio del proceso de participación ciudadana en esta norma en Les Corts, Barrachina ha destacado que el PP está impulsando desde el Consell 422 exhumaciones de víctimas de la guerra civil y del franquismo, y "está feliz con un texto que lo que trata es de igualar a todas las víctimas".
"Estamos de acuerdo con homenajear, reconocer el pasado, pero que eso no sirva para enterrar un presente en el cual hay partidos políticos que niegan la existencia del terrorismo", ha señalado. El dirigente popular ha señalado que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, es "el denunciante ante la ONU" de esta norma, y es "también la persona que pacta con aquellos que niegan la existencia del terrorismo".
Según Barrachina, hay 24 valencianos asesinados en democracia, 11 de ellos víctimas de ETA, que "no conocen a los autores de los asesinos de sus padres, madres y hermanos", y ha afirmado que todos tienen el mismo derecho "a seguir reivindicando la condición de víctimas de sus familiares".
Por tanto, ha añadido, "este texto que no elimina nada, sino que amplía derechos a la totalidad de las víctimas, extendiendo el tiempo de ese reconocimiento también hasta nuestros días, y no solo hasta diciembre de 1983, que es la fecha pactada por Bildu y por Pedro Sánchez en el Congreso de los Diputados".
También desde el PP, el president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha añadido que desde que asumió el cargo ha firmado 422 exhumaciones de víctimas provocadas por la violencia de la "horrible dictadura franquista" y ha defendido que la ley de Concordia "consolida" los derechos de estas víctimas. Por ello, ha considerado que quien firma el informe de la ONU "ni se habrá leído la ley valenciana ni conocerá la realidad de la Comunitat Valenciana".
Para Mazón, la ley de Concordia propuesta por PP y Vox que tramitan Les Corts en estos momentos "no solo consolida los derechos de las víctimas de la dictadura franquista, sino las de las víctimas de toda violencia política" que cree que "también tienen derechos".
Por su parte, el síndic de Vox en Les Corts Valencianes, José María Llanos, ha acusado este viernes a la ONU de estar vulnerando "la soberanía de los países" y le ha instado a "dedicarse a lo suyo", que es "salvar vidas y evitar los conflictos en el mundo".
"La ONU lo que tiene que hacer es dedicarse a salvar vidas, que yo creo que desde el 48 pocas ha salvado y pocos conflictos ha evitado", ha manifestado, y le ha instado a "dejar tanto globalismo y dejar hacer a los países". Llanos ha defendido que la ley de concordia "es eso, una ley de concordia que sale del apoyo de los grupos parlamentarios que representan a la mayoría del pueblo valenciano", y por tanto, cree que lo que la ONU tiene que hacer es "respetar la democracia y el voto de los ciudadanos y dedicarse a lo que tendría que hacer".
Ha dicho estar "muy cansado" de que organismos que dependen de quienes los nombran, que son los políticos, "se entrometan en el quehacer diario, en la legislación y en todo lo que supone trabajar para los ciudadanos". Llanos ha insistido en pedir a la ONU que se dedique a lo suyo, que les deje trabajar y respete a quienes quieren "una sociedad de ciudadanos libres e iguales, sin sectarismos".
La Ley de concordia, ha dicho, es una norma que "los que engloba a todos, a las víctimas y a los culpables. Y es una forma de regenerar, de recuperar ese consenso que las leyes de memoria democrática de la izquierda rompieron cuando ya lo habíamos conseguido en el 77-78".
Mientras tanto, el PSPV-PSOE ha acusado este viernes al president de la Generalitat, Carlos Mazón, de liderar "un gobierno irresponsable internacionalmente" y de situar a la Comunitat Valenciana "en el mapa de la vergüenza de Europa".
Así lo ha afirmado la portavoz socialista de Memoria Democrática en Les Corts Valencianes, Mercedes Caballero. "Asistimos a un nuevo capítulo del día de la infamia que coincide con el día en el que somos la vergüenza internacional en derechos humanos", ha asegurado Caballero, quien ha subrayado que es "muy triste que tenga que venir la ONU a defender los derechos humanos en la Comunitat Valenciana".
"Esto nos recuerda mucho al negacionismo de la violencia machista. Estamos en el negacionismo del franquismo", ha añadido y ha pedido al president de la Generalitat que retire "la infamia de las cinco proposiciones de ley que se están tramitando en Les Corts Valencianes".
Por su parte, la secretaria general de los socialistas valencianos, Diana Morant, ha destacado que el informe de la ONU sobre "la mal llamada ley de concordia" impulsada por PP y Vox en autonomías como la Comunitat Valenciana ha sido "contundente y rotundo" con unas normas que "no buscan la concordia, sino justo lo contrario".
"La ONU lo tiene claro, estas leyes suponen una vulneración clara de los derechos humanos, un menosprecio a las víctimas de la violencia que se sufrió durante la dictadura" y "una violación y una vulneración de los tratados internacionales respecto a los derechos humanos" firmados por España, ha aseverado.
La también ministra de Ciencia, Innovación y Universidades ha hecho hincapié en que la ONU advierte al Gobierno de España de que tiene que "poner freno" a estas leyes buscan "blanquear el franquismo, que han comprado el relato franquista y que buscan igualar una etapa democrática con una etapa de dictadura".
Siguiendo con la oposición, el síndic de Compromís en Les Corts, Joan Baldoví, ha acusado al PP y a Vox de haber conseguido "situar a Valencia como capital internacional de la vergüenza" por la proposición de ley de concordia impulsado por estas dos formaciones y que se está tramitando en Les Corts.
El dirigente de Compromís ha destacado que las propias Naciones Unidas indican que esta ley "puede invisibilizar los graves atentados a los derechos humanos que se hicieron en la dictadura franquista y que, además, atenta contra la legislación". "Yo creo que lo han conseguido en poco tiempo. Este PP, el señor Mazón y Vox han conseguido situar esta tierra como una tierra donde los gobernantes nos dan vergüenza, pero vergüenza internacional", ha manifestado.
Por su parte, la diputada de esta formación Isaura Navarro ha afirmado que esta ley, que es "uno los precios de la presidencia de Carlos Mazón, vulnera los Derechos Humanos, los tratados internacionales y va contra la Constitución". En este sentido, ha pedido que la norma deje de tramitarse y la Comunitat Valenciana deje de "hacer reír a la comunidad internacional", y ha avanzado que de seguir adelante, interpondrán un recurso de inconstitucionalidad contra esta ley.
Por su parte, el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, se ha felicitado este viernes de que la ONU respalde que "las leyes de blanqueamiento de la dictadura" impulsadas por PP y Vox en Aragón, Castilla y León y la Comunitat Valenciana son "indignas en una democracia como España".
"Que vergüenza PP y Vox. La ONU les dice que sus leyes de blanqueamiento de la dictadura son indignas de una democracia como España. Memoria es democracia", ha afirmado el ministro en un mensaje en la red social X.
También desd el Gobierno, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha anunciado que el Gobierno de España convocará previsiblemente la próxima semana la Comisión Bilateral con Aragón en torno a esta cuestión. Por el momento sólo se convocará a Aragón por ser la única que ha aprobado dicha ley.
Torres explicó que el objetivo de la bilateral es que el texto "entre" en lo que es el respeto a los derechos humanos y vuelva al cauce "de la defensa de las condenas del totalitarismo y de la dictadura". De igual modo, apuntó que si el Gobierno de Aragón no se quisiera sentar con el Gobierno de España o que si no se pudiera llegar a una acuerdo, el Estado iría al Tribunal Constitucional. "Y haremos lo propio --continuó-- con las proposiciones de ley de la Comunidad Valenciana y también de Castilla y de León si finalmente son aprobadas".
Siguiendo con las reacciones, el presidente del Grupo para la Recuperación de la Memoria Histórica (GRMH) de la Comunitat Valenciana, Matías Alonso también ha celebrado este informe. Tras mostrar su "enorme sorpresa" por este informe, Alonso ha destacado que les "da la razón" en las alegaciones que presentarán a la proposición de ley que se tramita en Les Corts.
Alonso ha resaltado el posicionamiento de la ONU como "una muy buena noticia tanto para que el Gobierno siga impulsando políticas favorables a la memoria democrática como para las víctimas" y las entidades que "luchan" junto a ellas "contra estas visiones tan retrógadas". "Si se aprueba tal y como está, esta ley es tremendamente regresiva, cercena gravemente los derechos e intenta diluir a un colectivo al que nunca nadie ayudó y con el que nunca nadie ha tenido concordia. Ese es el problema", ha aseverado.
Algo en línea con la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH), que también ha aplaudido que Naciones Unidas se dirija a las instituciones españolas para recordarles "sus obligaciones con respecto a las víctimas de la represión franquista; la amenaza para las víctimas que suponen las leyes de concordia y las obligaciones que todavía no cumple el Estado de garantizar a las víctimas de la dictadura franquista su acceso a la justicia, a una indemnización y a las garantías de no repetición".
Según señala la asociación a través de un comunicado, el informe que analiza tres leyes de Concordia aprobadas por gobiernos de Vox y el Partido Popular en Castilla y León, la Comunitat Valenciana y Aragón señala las "amenazas que pueden suponer esas legislaciones autonómicas para el acceso de las víctimas al conocimiento de la verdad y el deterioro democrático y en materia de derechos humanos el blanqueamiento de la dictadura".
