El Gobierno y el Consell resuelven sus discrepancias respecto al decreto sobre los fondos europeos

VALÈNCIA (EFE). El Gobierno y la Generalitat han resuelto sus discrepancias sobre tres artículos del decreto ley del Consell de medidas urgentes en materia de gestión económica-administrativa para la tramitación exprés de proyectos para fondos europeos destinados a apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19.

El Ejecutivo central no compartía la redacción de los artículos 13 (sobre tramitación de urgencia de los expedientes), 28 (sobre recursos humanos para la gestión de estos fondos) y 29 (sobre aplicación de criterios de responsabilidad social en las actuaciones financiadas con cargo a estos fondos europeos) del decreto ley 6/2021.

Por ese motivo, a finales de julio se abrió una Comisión Bilateral de Cooperación Administración General del Estado-Generalitat, que ha resuelto estos desacuerdos y los ha dado por solventados.

Según el acuerdo alcanzado, publicado este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), la Generalitat se compromete a modificar el artículo 13, para que la tramitación de urgencia de los expedientes se ajuste a lo dispuesto para los procedimientos de contratación pública en el decreto-ley de medidas extraordinarias de apoyo a la solvencia empresarial en respuesta a la pandemia.

Respecto al artículo 29 del decreto, se incluirá en el punto 2 que en las acciones realizadas con cargo a estos fondos europeos se fomentará "la incorporación de personas procedentes de colectivos desfavorecidos y vulnerables, así como la utilización de productos ecológicos o respetuosos con el medio ambiente".

El acuerdo se comunicará al Tribunal Constitucional y se publicará tanto en el Boletín Oficial del Estado como el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana.

La normativa autonómica con medidas urgentes en materia económico-administrativa para la ejecución de actuaciones financiadas por instrumentos europeos para apoyar la recuperación de la crisis consecuencia de la covid-19 fue aprobada por el pleno del Consell en abril, y convalidada por Les Corts en mayo con el apoyo de todos los grupos menos Vox.