Foto: A. ORTEGA/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso convalidará este jueves el decreto ley de ahorro energético, ya que el Gobierno cuenta con sus socios de investidura y de Presupuestos para superar el rechazo anunciado del PP, Vox y Ciudadanos.
Pese a llegar a su semana de tramitación sin los apoyos atados, el Ejecutivo ha confirmado ya el voto favorable del PNV, Más País-Equo, Compromís y el PRC, y tiene garantías de que Esquerra Republicana y EH-Bildu no se opondrán a su convalidación, si bien no han despejado su posición al supeditarla a la negociación que mantienen con el Gobierno.
Ambas formaciones independentistas confían en la tramitación del decreto como proyecto de ley para proponer cambios a través de enmiendas, y reclaman al Gobierno convertir en estructurales algunas de las medidas temporales contempladas en el plan.
Con quien no podrá contar el Gobierno es con el PP, Vox y Ciudadanos, que ya han avanzado su voto en contra pese a reconocer como positivas varias de las medidas, al menos PP y Cs, particularmente en lo que respecta a las ayudas al transporte ferroviario y las becas al estudio.
De hecho, ambas formaciones han instado al Ejecutivo a aprobarlas por separado en un nuevo decreto ley si el que está en vigor no supera su examen parlamentario, dejando a un margen las medidas de eficiencia energética.
Desde el PP llegaron a calificar como "frivolidades" las medidas dirigidas a reducir el consumo energético con menos aire acondicionado y el control de la iluminación de los comercios, para después exigir una negociación previa con los comercios y las comunidades, y limitar las medidas a recomendaciones y no "imposiciones".
Aprobado el pasado 1 de agosto, el decreto ley recoge el primer paquete de medidas de ahorro energético previstas para cumplir con la reducción voluntaria del consumo de gas, ante el riesgo de un corte de suministro por parte de Rusia, así como ayudas para el fomento del transporte público como la gratuidad de los servicios de Cercanías, Rodalies y Media Distancia desde el 1 de septiembre hasta final de año.
Esta medida complementa el descuento inicial del 50% de todos los servicios de transporte gestionados por la Administración General del Estado y el sector público estatal, y del 30% para el resto de servicios de transporte público, descuentos ya aprobados en anteriores decretos de respuesta a la crisis provocada por la guerra en Ucrania.
Por otro lado, el plan de ahorro energético limita las temperaturas de calefacción y refrigeración a 19 y 27 grados centígrados respectivamente en inmuebles de las administraciones públicas, establecimientos comerciales como grandes almacenes o centros comerciales, espacios culturales o infraestructuras de transporte como estaciones o aeropuertos. La norma deja fuera hospitales, centros educativos, gimnasios, peluquerías o las cocinas de los restaurantes.
Asimismo, se obliga a apagar las luces de escaparates y edificios públicos desocupados a partir de las 22.00 horas y se obliga a que antes del 30 de septiembre tanto edificios como locales dispongan de cierres automáticos en las puertas de acceso para impedir que se queden abiertas permanentemente.
Los espacios comerciales, edificios públicos, espacios culturales y hoteles que incumplan el plan de ahorro y eficiencia energética aprobado por el Gobierno afrontarán multas de hasta 60.000 euros por infracciones leves, de hasta seis millones de euros por las graves y de hasta 100 millones de euros por las muy graves.
El mismo decreto ley contiene también nuevas convocatorias de ayudas al transporte terrestre de mercancías, agiliza instalaciones de energía renovable y de almacenamiento y contempla la beca complementaria de 100 euros para toda persona beneficiaria de becas y ayudas al estudio anunciada por el presidente del Gobierno en el último Debate sobre el estado de la nación.
Por otro lado, el Pleno del Congreso de los Diputados votará también este jueves el decreto ley que reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) para aplicar el nuevo sistema de cotización de los trabajadores por cuenta propia según sus ingresos reales, unas tablas que se estrenarán a partir de 2023.
Aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 26 de julio, este decreto ley es fruto de un acuerdo alcanzado por el Gobierno con la Asociación de Trabajadores Autónomos (ATA), la Unión de Profesionales y Trabajadores Autónomos (UPTA) y Unión de Asociaciones de Trabajadores Autónomos y Emprendedores (Uatae).
A partir de su aprobación en Consejo de Ministros, cada decreto ley debe ser sometido a votación en el Congreso en el plazo de 30 días para ser convalidado o, en caso de no contar con apoyos suficientes, ser derogado.
En todo caso, los grupos pueden aprobar su tramitación como proyecto de ley para plantear mejoras a través de enmiendas, algo que el PP ya ha solicitado para tratar de evitar el aumento de la tarifa plana para nuevos autónomos, que pasará a ser de 80 euros.
El apoyo del PP a la reforma garantiza su convalidación, para la cual en todo caso el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos también esperan el respaldo de sus socios. No así de Vox y Ciudadanos, que ya han avanzado su voto en contra este jueves.
