Foto: EUROPA PRESSMADRID (EP).
El Gobierno cambiará para 2025 la tasa de reposición de empleados públicos de la Administración General del Estado (AGE) ante el hecho de que el 60% de la plantilla de los empleados públicos se jubilará en los próximos 10 años y que el número de efectivos al servicio de la AGE es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008.
"Es muy difícil de defender la tasa de reposición cuando estamos hablando de modernización y transformación de la Función Pública. Por lo tanto, necesitamos un modelo distinto", ha anunciado el ministro de Transformación Digital y de la Función Pública, José Luis Escrivá, durante su comparencia en la Comisión de Hacienda y Función Pública celebrada este miércoles en el Congreso de los Diputados.
De esta manera, la cartera de Función Pública buscará durante esta legislatura sustituir la tasa de reposición de efectivos, un modelo basado en el crecimiento vegetativo de las plantillas, por un modelo que diseñe las plantillas con arreglo a los servicios públicos que presta el Estado del Bienestar y los escenarios presupuestarios plurianuales fijados por la Unión Europea.
El fin de la tasa de reposición forma parte del nuevo modelo de gestión de los servicios públicos que la cartera presidida por Escrivá quiere implementar ante el envejecimiento de las plantillas y el hecho de que en los próximos 10 años casi el 60% de los empleados públicos se jubilará y que los trabajadores públicos de 55 años o más supusieron el 47% de los empleados de la Administración Central en 2020, casi veinte puntos porcentuales más que la media de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).
Además, con este cambio, se busca mejorar la calidad del empleo público ante el hecho de que, pese a las ofertas públicas récord de los últimos años, el número de efectivos al servicio de la AGE es casi un 10% inferior al de antes de la crisis financiera de 2008.
En esta línea, Escrivá ha destacado que entre el periodo 2013 y 2018 hubo de media 7.000 bajas cada año y solo se cubrieron 2.000 anuales, una brecha que ya se cerró entre el año 2019 y 2020 y que, solamente en el año 2021-2022, se ha sido capaz de alcanzar la estabilización y que el número de altas supere el número de bajas.
No obstante, el fin del modelo de reposición no podrá materializarse en la Ley de Presupuestos Generales del Estado de 2024, sino que tendrá que esperar a la Ley de Presupuestos Generales del Estado 2025, según han apuntado fuentes ministeriales, que han destacado que la tasa de reposición "nos abandonará" en 2024 y se dará a Función Pública ese tiempo para estudiar cómo se realizarán los cambios y tratarlo con los agentes sociales.
Estas mismas fuentes han destacado que el fin de la tasa de reposición, una demanda de los sindicatos, "no consiste en tener el mismo personal público que antes de la crisis financiera", sino en usar la tecnología y la Inteligencia Artificial (IA) para poder hacerlo de manera más eficiente.
"El año 2024 es un año de transición e intentaremos que sea lo mejor posible, algo que sea de la holgura suficiente para que no genere restricciones operativas en ninguna administración pública", ha subrayado Escrivá durante su comparencia.
En esta línea, otro de los ejes que Función Pública quiere desarrollar es dotar de más autonomía a los gestores de recursos humanos para poder optimizar el capital humano de sus organizaciones (con un control ex post de calidad) y cambiar el modelo de selección de personal y promoción profesional.
Así, se quiere establecen un modelo de selección de personal "basado en tareas y competencias necesarias para el desempeño de los distintos puestos susceptibles de ser ocupados, que a la vez plantee un modelo de carrera motivador, que aproveche el potencial de los recursos humanos y que permita desarrollar políticas de upskilling y reskilling de los empleados públicos".
En esta línea, Escrivá ha anunciado la elaboración de un Estatuto del Directivo Público que concrete sistemas formalizados de selección de carácter meritocrático, elaborando perfiles y competencias directivas en torno a un catálogo o repertorio, con períodos de desempeño estables, causas de remoción tasadas, evaluación regular del desempeño y un sistema de retribuciones vinculado a los objetivos alcanzados.
Asimismo, Función Pública articulará un plan para captar talento junior y senior que vengan de la actividad privada. En esta línea, fuentes del ministerio, han indicado que se buscará encontrar un "equilibrio adecuado" entre personas de alto potencial que vengan de finalizar estudios y aquellos que ya tengan una carrera profesional en el ámbito privado.
El objetivo, es potenciar el atractivo de trabajar para la Administración Pública para atraer a ambos colectivos, evocando a la calidad del empleo dentro de las administraciones y la vocación de servicio público de los trabajadores, más allá de la retribución salarial, según han indicado fuentes de Función Pública.
En esta línea, Escrivá ha indicado que el nuevo modelo para atraer talento junior y senior que se quiere potenciar será un diseño basado en tareas y competencias necesarias para el desempeño de los distintos puestos susceptibles de ser ocupados.
"Tenemos funcionarios muy bien formados, con muy buena capacidad, pero también es verdad que tenemos que adaptar el acceso al mundo en el que estamos y tenemos que mirar a otras administraciones que son mejores que la nuestra", ha recalcado.
Por otro lado, al ser preguntado por la diputada del Partido Popular (PP), María del Mar González, sobre la reclamación de mayor financiación por parte de los sindicatos de los servicios de Muface, Escrivá ha asegurado "credibilidad absoluta" con los funcionarios en relación a la prestación en sanidad.
Así, ha recordado que la prima se ha incrementado un 10% estos años, hasta alcanzar los 3.500 millones en tres años. "La credibilidad del Gobierno con los funcionarios en prestación de sanidad (...) es absoluta", ha recalcado.
Función pública buscará esta legislatura aumentar también la transparencia y la oportunidad de participar en el diseño de las políticas públicas, ya que "aumentan la confianza de los ciudadanos en la administración y su valoración de nuestro sistema democrático", según Escrivá.
Así, el ministro ha presentado varias iniciativas durante su comparecencia para reforzar ese compromiso; entre ellas, un impulso de los mecanismos de transparencia que incluyan la regulación de las actividades de los grupos de interés, la mejora de las herramientas de participación ciudadana en la adopción de las decisiones de política pública.
Además, quiere poner en marcha nuevas vías de prevención de conflictos de interés y el refuerzo organizativo y de recursos de la Oficina de Conflictos de Interés, y la mejora y fortalecimiento del Foro de Gobierno Abierto como espacio de diálogo y co-creación normativa con la sociedad civil.
