El decreto de Bravo para bajar la temporalidad del funcionariado saca 3.833 plazas sin el aval sindical

VALÈNCIA. La Conselleria de Justicia, Interior y Administración Pública ha anunciado este jueves las grandes línas del decreto con el aterrizará la ley 20/2021 de medidas urgentes para la reducción de la temporalidad en el empleo público. Con ese objetivo impuesto por la UE de reducir los interinos, habrá una Oferta de Empleo Público extraordinaria de 3.833 plazas (3.094 de estabilización y 739 de promoción interna) de las cuales 2.520 serán por concurso, es decir sin examen, y 574 por concurso-oposición. 

Pero el departamento de Gabriela Bravo no contará para este decreto con el aval de la mayoría sindical. En la Mesa de la Función Pública de este jueves UGT, CSIF e Intersindical, los sindicatos con más representación, votaron en contra y sólo CCOO lo apoyó. El argumento común de las tres plataformas contrarias es que las plazas que salen no son suficientes. "No cubren ni la mitad de las que eran susceptibles de salir a oferta", aseguran desde UGT, que remarcan que con esa cifra "no solucionará el grave problema de temporalidad que tiene la Generalitat" y deja en una "complicada situación" a miles de interinos. De hecho, el sindicato mayoritario estudia un posible recurso y movilizaciones. 

Desde CSIF han pedido la "certificación administrativa" que acredite el método de cálculo de las plazas que cumplen con los requisitos de temporalidad. "Dudamos de los cálculos que se han hecho y no compartimos la interpretación que hace la Generalitat de muchos aspectos de la Ley", afirman desde este sindicato. Apunta también que al quedar sin efecto los procesos ordinarios de 2020 y 2021 muchas plazas que estaban en los mismos pero que no cumplen los requisitos de temporalidad y no pueden estar en el extraordinario quedarán sin ofertar.

Desde el departamento de Bravo aseguran que en las últimas semanas se ha aumentado en más de ochenta las plazas que saldrán y afirman que el número total viene determinado por los criterios que se han marcado a nivel nacional. Explican igualmente que se reserva un porcentaje para diversidad funcional de 131 plazas. Afirman que este proceso, que debe estar completamente acabado el 31 de diciembre de 2024, unido a los otros ordinarios que hay en marcha debe lograr la estabilización de 8.584 plazas sobre una plantilla que ahora mismo es de 19.072 personas entre funcionarios de carrera, interinos y personal laboral.

El baremo y la promoción interna, las otras batallas

Los sindicatos, que ven irreal ese número final por la mala marcha de esos procesos, critican también que la Conselleria ha dejado fuera de la negociación de este decreto "el baremo" que se establecerá para los concursos (lo que 'pesará' cada faceta) y que aseguran, por medio de UGT, que es "la piedra angular del proceso". Se tratará ese tema, afirman, a partir de junio y con el decreto ya publicado en el DOGV. CSIF ha pedido a la Conselleria en sus alegciones un informe de la Abogacía de la Generalitat que existe sobre esta OPE extraordinaria.

Además, UGT denuncia que esta oferta extraordinaria "no incluye las plazas en mejora de empleo ocupadas de manera ininterrumpida por funcionarios y funcionarias de carrera", algo que afirman va contra la directiva europea de la que salen todos estos procesos. 

Afirman que eso agrava el conflicto porque en su día la Generalitat les dio la opción de promocionar por mejora de empleo o bien por nombramiento como interino. El sindicato afín al PSPV-PSOE, que propuso a la independiente Bravo, asegura que la falta de acuerdo deja "en muy mal lugar" al Consell y "en particular, a la Conselleria de Justicia.

Una OPE para los bomberos forestales

De manera paralela, la Conselleria de Bravo anunció también una OPE de la Sociedad Valenciana de Gestión Integral de Servicios de Emergencias para estabilizar 285 plazas temporales de Bomberos Forestales y se convocarán otras catorce plazas de reposición ordinarias.

El presidente de la SGISE, José María Ángel, afirmó que esas plazas con las cuarenta previstas en las OPEs de 2020 y 2021 "permitirán cubrir de forma estable el 100% de los puestos estructurales de la empresa pública.