Foto: EDUARDO PARRA/EPVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso debatirá y votará este martes los objetivos de estabilidad presupuestaria y de deuda pública para el conjunto de las administraciones, un paso imprescindible para la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) de 2025 que el Gobierno quiere tener listos en tiempo y forma para final de año.
Después de que los departamentos ministeriales hayan entregado a Hacienda sus respectivos presupuestos y de haberse reunido el Consejo de Política Fiscal y Financiera, del que forman parte el Gobierno y las autonomías de régimen común, se establecen estos objetivos, que son el pistoletazo de salida para la tramitación de las cuentas públicas y la base sobre la que el Estado, las comunidades y las entidades locales fijan su tope de deuda y déficit.
Será la tercera vez este año que la Cámara Baja examine unos objetivos de estabilidad presupuestaria. El Gobierno llegó a presentar los relativos a los Presupuestos de 2024 hasta en dos ocasiones, aunque finalmente esas cuentas no se tramitaron por el adelanto electoral de Cataluña, y siguen vigentes las de 2023, que se prorrogaron automáticamente el 1 de enero.
En esta ocasión, el Ejecutivo ha incluido unas mejores previsiones de crecimiento macroeconómico, con un repunte del PIB del 2,4% para este año y del 2,2% en 2025, por lo que ha propuesto una senda fiscal que dejará el déficit público en el 2,5% en 2025, en el 2,1% en 2026 y en el 1,8% en 2027, así como recortar la deuda pública al final del periodo por debajo del 100%.
La Administración Central asumirá la mayor parte de la responsabilidad del cumplimiento de los nuevos objetivos fiscales, dado que en 2025 deberá situar su déficit en el 2,2%, en el 1,8% en 2026 y en el 1,5% en 2027. El objetivo de déficit de las comunidades en 2025, 2026 y 2027 será del 0,1%, mientras que los ayuntamientos y corporaciones locales dispondrán en 2025 y 2026 de equilibrio presupuestario (0%).
El Ejecutivo confía en que los objetivos de estabilidad sean respaldados en el Congreso sin inconvenientes, como pasó con los de los Presupuestos de 2024, cuando PSOE, Sumar, ERC, Junts, PNV, Bildu, Podemos, BNG y Coalición Canaria votaron sí, frente a PP, Vox y UPN, que rechazaron la propuesta del Ejecutivo.
Otra cosa será lo que suceda en el Senado, donde probablemente el PP los tumbe con su mayoría absoluta. Pero esto ya no sería un problema mayor para la tramitación de las cuentas públicas, porque aunque hasta ahora la Cámara Alta tenía capacidad de tumbar por completo estos objetivos, el Gobierno aprovechó la Ley de Paridad, que entrará en vigor la próxima semana, para eliminar ese poder de veto irrevocable mediante una enmienda.
De este modo, cuando el PP rechace los objetivos de estabilidad en el Senado será suficiente con que vuelvan al Congreso y se aprueben con una mayoría simple.
A los objetivos presupuestarios les acompaña un informe del límite de gasto no financiero o 'techo de gasto', que no se vota. Este establece un tope de 199.171 millones de euros incluyendo los fondos procedentes de la Unión Europea.
Dentro del techo de gasto se incluye también una transferencia del Estado a la Seguridad Social por importe de 22.881 millones de euros, un 7% más con respecto a los Presupuestos de 2023. La Seguridad Social podrá tener un déficit del 0,2% en los tres próximos ejercicios
Además de ese límite de gasto también se establece que la deuda pública del conjunto de las administraciones se reduzca al 103,6% del PIB en 2025, un porcentaje que deberá ser casi dos puntos inferior en 2026, cuando llegue al 101,8%. Por último, en 2027 estará por debajo del 100%, situándose en el 99,7%.
Siguiendo con la deuda pública, el objetivo fijado para las comunidades autónomas es del 20,8% del PIB en 2025, un 20% para el año siguiente y un 19,4% en 2027. Por su parte, la deuda de los ayuntamientos mantendrá una senda descendente en los próximos ejercicios, pasando de un 1,3% en 2025 y 2026 y el 1,2% en 2027.
Por último, la proyección de ingresos del Estado es que crezcan un 5,4% en 2025 y un 6,5% en 2026. En cuanto a la regla de gasto, se ha fijado en el 3,2% en 2025, el 3,3% en 2026 y el 3,4% en 2027.
