Vista general del Congreso de los Diputados. Foto: EFEVALÈNCIA (EP). El Pleno del Congreso de los Diputados debatirá este martes la toma en consideración de la reforma de la Ley de Extranjería para repartir de forma obligatoria a menores migrantes no acompañados a otras comunidades cuando la receptora supere el 150% de su capacidad de acogida. El Gobierno confía en que el PP, que es clave, se abstenga en la votación, aunque los 'populares' no han desvelado su postura, mientras que ERC, Junts y Vox se han posicionado en contra.
La proposición de ley, firmada por el PSOE, Sumar y Coalición Canaria se registró el pasado lunes en el Congreso. Del texto de la misma se desprende que el Gobierno quiere poder elegir, a través de un órgano competente de la Administración General del Estado, cuál debe ser la Comunidad Autónoma a la que se traslade desde Canarias, Melilla o Ceuta a los menores migrantes no acompañados en caso de sobreocupación en estas regiones.
Asimismo, la proposición de Ley fija que en un año se debe resolver con traslados la sobreocupación actual en Canarias, Ceuta y Melilla. Concretamente, establece que en Canarias el número de plazas disponibles es de 2.000, por lo que sería 3.000 la cifra que determinaría la existencia de sobreocupación una situación que ya se produce en estos momentos (actualmente tiene 6.000 niños menores solos). Mientras, en Ceuta sería de 88 y 132 y, en Melilla, de 166 y 249. La iniciativa no recoge en principio ninguna dotación económica para llevar a cabo este nuevo sistema de reparto.
En cuanto a los grupos parlamentarios, Vox ha rechazado desde el principio la propuesta del Ejecutivo y, en la misma línea, se encuentra Junts, que ha señalado en distintas ocasiones que no apoyará la iniciativa si no se excluye del reparto de menores migrantes a Catalunya. En todo caso, el Ejecutivo ha subrayado que el reparto será "vinculante para todas las comunidades".
Por su parte, los 'populares' mantienen la incógnita de si la apoyarán, pero han reclamado un Plan de inmigración al Gobierno, así como declarar la emergencia migratoria para todo el territorio nacional, entre otras medidas para cambiar la norma.
De hecho, el viernes, el portavoz del PP, Borja Sémper, aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "tiene un problema con sus socios" porque ERC y Junts "se niegan" a acoger menores migrantes en Catalunya y recalcó que el Grupo Popular no está para "salvar la papeleta" al Gobierno con la reforma de la Ley de Extranjería. Dicho esto, pidió abordar el "problema" migratorio en su conjunto de forma "seria" y "solvente", con un "planteamiento de futuro".
Según afirmaron fuentes parlamentarias el lunes cuando se registró en el Congreso la proposición, el Gobierno confía en, al menos, una abstención del PP para la toma en consideración de la iniciativa.
En este sentido, el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, deslizó este jueves que el Gobierno está dispuesto a aprobar como Decreto-Ley la reforma de la Ley de Extranjería en Consejo de Ministros, tal y como ha reclamado Canarias, si cuenta con el apoyo del PP, con el fin de que se aplique de forma inmediata.
"Es más, si el Partido Popular nos traslada su apoyo, el Gobierno la llevará al Consejo de Ministros como decreto-ley para que se aplique de manera inmediata y luego se convalide con el sí del PP 30 días después. Pero sin ese apoyo no es posible convalidarlo", señaló. A su juicio, es "preciso, imprescindible y básico" que el PP dé su apoyo y colabore luego en la medida.
Sin embargo, la ministra de Juventud e Infancia, Sira Rego, apuntó el martes que "lo que más garantías jurídicas da de cara a los traslados de menores es una reforma, un proposición de ley". Igualmente, para justificar la necesidad de la reforma, recordó que desde 2022 está operando el sistema actual y muchos de los traslados "no se han producido, no está funcionando como debería".
Precisamente, en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que tuvo lugar el 10 de junio, Gobierno y comunidades aprobaron el reparto voluntario de 347 menores migrantes solos, con una dotación de 20 millones de euros. Así, está previsto que Andalucía acoja a 30 menores, Aragón 20, Asturias 24, Baleares 10, Cantabria 29, Castilla y León 21, Castilla-La Mancha 20, Catalunya 31, Comunitat Valenciana 23, Extremadura 30, Galicia 26, Madrid 30, Murcia 16, Navarra 15, País Vasco 18 y La Rioja 4.
El año pasado, el Gobierno pactó con las comunidades el traslado de 373 menores migrantes no acompañados de Canarias y Ceuta, para lo que se acordó destinar 20 millones de euros. Sin embargo, según aseguraron fuentes del Gobierno a Europa Press, las comunidades solo han acogido a 62 (16%).
De los 62 que han sido acogidos, 30 provenientes de Ceuta fueron trasladados a Andalucía, 16 de Canarias a Aragón y 16 de Canarias a Asturias. En todo caso, las mismas fuentes apuntan que está previsto que Navarra acoja a finales de julio a cinco menores provenientes de Canarias.
Por comunidades, según lo acordado entre Gobierno y autonomías, Andalucía debía acoger en 2023 a 36 menores migrantes no acompañados, Aragón 24, Asturias 32, Baleares 10, Canarias 21, Cantabria 26, Castilla y León 23, Castilla-La Mancha 20, Catalunya 33, Ceuta 2, Comunitat Valenciana 25, Extremadura 25, Galicia 28, Madrid 34, Murcia 19, La Rioja 4, Navarra 17 y País Vasco 17.
En cuanto al acuerdo de 2022, un total de 378 menores migrantes tenían que ser trasladados a las comunidades, de los que faltan aún 150. Por lo tanto, las autonomías han acogido un 60% (228) de los migrantes que fueron acordados con el Ejecutivo.
Por comunidades, según lo acordado Andalucía debía acoger en 2022 a 38 menores migrantes no acompañados, Aragón 21, Asturias 31, Baleares 18, Cantabria 21, Castilla y León 28, Castilla-La Mancha 16, Catalunya 40, Comunitat Valenciana 18, Extremadura 22, Galicia 40, Madrid 30, Murcia 17, La Rioja 3, Navarra 17 y País Vasco 18.
Sin embargo, solo Andalucía, Asturias y Extremadura cumplieron con lo acordado, puesto que las demás comunidades recibieron menos migrantes que lo pactado previamente. Así, Aragón acogió a 19, Castilla y León a 22, Castilla-La Mancha a 8, Catalunya a 20, Comunitat Valenciana a 18, Galicia a 39, Madrid a 10 y La Rioja a uno.
