Junto a los 61 que se adjudicarán pisos el viernes, finalizaría la primera fase

Elche plantea ofrecer alquiler social a unos 30 propietarios de San Antón para las nuevas viviendas 

20/01/2022 - 

ELCHE. Este miércoles el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, además de la ministra de Agenda Urbana, Raquel Sánchez o el conseller de Vivienda, Héctor Illueca, entre otras autoridades, visitaban el tercer bloque de San Antón. Una buena impresión según fuentes municipales la que se llevó el presidente, porque es una forma tangible de ver en qué se traduce la regeneración urbana de un barrio. Una visita que llega en los últimos instantes de esta primera fase del barrio, ya que tan solo quedan unas 90 familias o propietarios de las viejas viviendas por alojar en las nuevas. A 61 se les adjudicarán este viernes, y de las restantes, la mayoría, una treintena, han notificado que no tienen opciones para hacerlo, por lo que desde Pimesa, empresa municipal y promotora de la intervención, se trabaja en un posible alquiler social para que entren. 

El viernes, adjudicación del grueso de las últimas viviendas; 30 podrían optar a un alquiler social

De las 284 viviendas de los tres primeros bloques, este viernes en la Junta de Gobierno se pretende adjudicar 61 viviendas a familias o propietarios que han participado en el pliego de comercialización. No obstante, en el proceso, otros 30 propietarios han manifestado interés en entrar a las nuevas viviendas, pero se han identificado como personas en situación vulnerable, por lo que no pueden permitirse pagar el precio de las viviendas aun entregando los pisos antiguos —el Ayuntamiento les descuenta el valor de la vieja vivienda del precio de la nueva—. Así que se están sondeando varias propuestas, aunque la principal de ellas es que paguen un alquiler social. En este caso, esta solución supondría que alguna de las administraciones, sobre todo Generalitat o Ayuntamiento, compre sus viviendas —otra vez por la diferencia entre el valor de la antigua y lo que cueste la nueva— y se las alquile a un precio asequible. Es algo que se está planteando, aunque se tendría que aprobar en la comisión bilateral entre Consistorio y Generalitat. Además en un contexto en el que la administración autonómica está impulsando subvenciones a las locales para que adquieran vivienda social.

Ocupación casi completa de los bloques 2 y 3 y algunos casos de inquilinos que rechazan trasladarse

En total, entre esta treintena y los 61 a quien se acordará la entrega de llaves este viernes, quedarían prácticamente completos los bloques segundo —con varias viviendas por vender, esta semana se firman cuatro escrituras por ejemplo— y tercero, el último que se ha construido. Esto supondría que alguna escalera ya quedara vacía, por lo que se podría tapiar. Sin embargo, se ha intentado localizar a una decena de propietarios sin éxito, y hay varias situaciones: alguna vivienda no declarada en el registro gestionada una asociación, una que es propiedad de una empresa por lo que habrá que expropiarla o que la venda... Y por otra parte hay tres propietarios que no quieren abandonar sus inmuebles. Desde Pimesa se les intentará convencer para que participen del proceso para las nuevas casas, de lo contrario, se iniciará un expediente de expropiación. 

Así pues, un proceso que no es sencillo porque cada inquilino tiene una situación diferente. De hecho, como ya comentó este medio, en el caso de José Antonio en el bloque 11, el propietario denuncia falta de mediación por parte del Ayuntamiento porque tiene un problema con el banco, denunciando que la extinta CAM le tasó la vivienda por encima de su valor, y por tanto la hipoteca —de 88.000 euros en lugar de 40.000—, de la que necesita mediación, ya que además a pesar de tener trabajo no le otorgan un préstamo para poder comprar una de las nuevas viviendas. Asegura que en 2019 ya pagó a Pimesa una pequeña señal de 1.500 euros. En 2020 se derrumbó parte de un forjado

En cualquier caso, desde le medio municipal aseguran que están acompañando a quien lo necesita en este tipo de operaciones bancarias, mediando así como ayudando en cuestiones de usufructo, escrituras, herencias y demás burocracia, para que los antiguos inquilinos puedan pasar a los nuevos pisos. Apuntan que en los casos en los que hay una hipoteca de por medio, se debe negociar con la entidad bancaria, y que ya se han renegociado varias hipotecas con su mediación, ya que al estar los antiguos inmuebles declarados en ruina, lo que tiene valor es el suelo; opciones para la renegociación. 

Final de la primera fase o 'primer Arru', pronta reunión con el ministerio y... ¿derribo de los primeros bloques en 2022?

Así pues, a pesar de las dificultades de cada caso y tras las primeras ocupaciones del primer bloque en 2017, la conocida como 'primera fase' de San Antón, formada por el Arru (Área de Regeneración y Renovación Urbana) de 2014, con los tres primeros bloques, y el Arru de 2018, que es el cuarto bloque a construir y en el que se instalarán vecinos del bloque 6, llega a su fin. De los 284 inquilinos del barrio que se tienen que trasladar y que desde el ente municipal aseguran que es todo gente del vecindario, tan solo quedarían esas 30 familias/propietarios a las que se estudiará opciones para instalarse, y los tres casos en los que se han negado a abandonar las viviendas antiguas. Este año está previsto derruir los bloques del 11 al 14 e invertir 4,1 millones para el cuarto bloque.

Por otra parte, el alcalde Carlos González señalaba tras la visita de la comitiva autonómica y nacional que se ha trasladado al Secretario de Estado de Agenda Urbana, David Lucas, seguir con la financiación de las siguientes fases para completar la próxima actuación. El objetivo es que se garantice la actuación en todo el conjunto del barrio, "la renovación de los 15 edificios y las edificaciones necesarias con las 2.000 personas de las 1.066 viviendas". Según el regidor, se ha concretado una reunión inminente para rubricar un nuevo convenio para la tercera fase. A día de hoy se han invertido 18,1 millones de euros: ayudas públicas a cargo del Gobierno y de la Generalitat, que suman 11.740.780,28 euros, y una aportación de los particulares de 6.367.434,79 euros.

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