Foto: PEPE OLIVARESELCHE. Aunque sin restricciones a los vehículos contaminantes —se han aplazado las mismas para 2049, originalmente eran para 2060—, el gobierno municipal emprende su camino para implementar la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), obligatorias para ciudades del tamaño de Elche. Y con la contrarreloj (en diciembre se aprobó la ordenanza) de que esté operativo a final de 2024 si no se quiere perder la subvención europea. Ahora ya se ha activado el trámite, que tendrá un coste de 3,8 millones de euros, tan solo en lo referido a la implantación de las cámaras para controlar accesos, medición de matrículas, software, señalización... Estos dos primeros aspectos es a lo que se limitará por ahora la ZBE de mínimos que plantean Partido Popular y Vox.
A este respecto, el compromiso de la ejecución recibiendo los fondos europeos implica que se hayan adjudicado los contratos a 31 de marzo de este año, y que toda la infraestructura esté instalada a 31 de diciembre de 2024. Por ello se ha fijado el plazo de ejecución en once meses, aunque los tiempos están ajustados, y de hecho el Ayuntamiento se quiere acoger a la prórroga que también se contempla, pidiendo ampliar el plazo, dado que acaba de empezar febrero y la licitación apenas lleva unos días activa. El incumplimiento de hitos y objetivos anteriores determinar posibles penalizaciones y por ello exigen a los adjudicatarios que se cumpla estrictamente con el calendario.
La implantación de nuevos sistemas inteligentes de reconocimiento de matrícula para controlar de manera automatizada el acceso de vehículos a la ZBE, tanto en el perímetro de la zona de bajas emisiones como en el interior de la misma, tiene como objetivo principal la mejora de la calidad atmosférica, así como la salud de las personas, según el expediente. Las zonas incluidas dentro de la zona de bajas emisiones de Elche son las de mayor tránsito peatonal. No obstante, la fase que por ahora únicamente se va a instaurar es la de 'ZBE' Centro, que podría tener hasta 25 puntos de control, de acuerdo a los 1,15 kilómetros cuadrados del centro, que indica el proyecto redactado —el cual es prácticamente el mismo que redactó el anterior bipartito y que apenas se ha tocado ahora para poder cumplir con los plazos—, si bien el perímetro planteado ahora podría ser inferior.
La 'ZBE Centro', que la que únicamente se va a aplicar por ahora, dejando la ampliada para una segunda fase, incluye esa zona del casco antiguo, más reducida y que "ya ha sido sometida a varias operaciones de peatonalizaciones, y en donde se llevarán a cabo mayores controles de acceso", explica el expediente. La segunda fase en el aire, contemplaba en el proyecto que iban a ser 21 áreas, como el barrio de Pont Nou, Santa Teresa, El Plà Alt i Baix, la zona del Candalix, la Vila, la Barrera, El Salvador, el Raval, entre otros. En esta zona se puede encontrar los puntos de interés como la plaza de Obispo Siuri, y la Parroquia Sagrado Corazón de Jesús.
Los equipos de control de accesos integran todos los elementos (hardware y software) necesarios para el reconocimiento de vehículos que circulan por el punto de control. Estarán integrados por cámaras IP destinadas exclusivamente a la lectura de matrículas (de vehículos españoles, incluidas motos, placas de mercancías peligrosas, matrículas de la Unión Europea, especiales para taxi y VTC o de cuerpo diplomático). Además, se busca que el sistema permita la incorporación de analíticas de vídeo adicionales como detección de personas, bicicletas o realización de aforos. Sin necesidad de radares. Datos que quedarán registrados y se enviarán a un centro de control.
Con todo, hay que tener en cuenta que el bipartito ha aseverado siempre que no aplicará ninguna restricción, como ha venido recordando en los últimos meses, junto a que no hace falta porque ya hay una ZBE en la práctica por la peatonalización del centro. En este sentido, este pliego de condiciones, que ya estaba redactado, sí planteaba estas actuaciones ligadas a las restricciones. Por ejemplo, se indica que se realizarían dos estudios sobre cuánto, dónde y cómo está afectando el tráfico a la calidad del aire de la ciudad. "Un primer estudio se realizará con los datos previos a la implantación de la ZBE", que no se ha realizado, y un segundo, una vez implantada, para comprobar el efecto de las medidas tomadas.
Foto: PEPE OLIVARESEl objetivo de estos medidores y calidad del aire es, en cualquier caso, para medir el nivel de contaminación, pero para lo que se había diseñado originalmente, y por ello se solicitó la ayuda, era para el "seguimiento, control y restricción, estableciendo unas medidas especiales de regulación en el acceso, circulación y estacionamiento en dicha zona en función de la tipología de los vehículos y su contaminación, de acuerdo con la información registrada". Medidas que tienen que ir acompañadas de la "reducción en el uso del vehículo privado y reformar el espacio público para avanzar hacia una movilidad más sostenible, segura y limpia".
Así, además de la restricción de vehículos más contaminantes, relata el informe que se deben introducir otras medidas complementarias como la mejora de la red de transporte público, la implementación de carriles reservados para el transporte público de superficie, el incremento de las vías ciclables, limitación del estacionamiento en calzada, la regulación y la tarifación del estacionamiento. Además de otras dirigidas a reducir la velocidad de circulación y la gestión sostenible de la distribución urbana de mercancías. Algunas medidas que sí se están implementando, sobre todo las del transporte público. En las peatonalizaciones, el bipartito ha optado por plataformas únicas que no eliminan aparcamiento.
En cuanto a la distribución de los costes, el suministro de cámaras, instalación y sensores de aforo serán 740.000 euros; la red de comunicaciones y obra civil asociada, un millón; la infraestructura informática, 77.000 euros; la señalización de la ZBE, 72.500; la plataforma de gestión, 333.000 euros; el plan de comunicación 44.000; la atención ciudadana, 129.000; la modelización del tráfico y asistencia técnica, 530.000 euros; y el mantenimiento bianual, 220.000 euros. Vinculado a esta macroactuación, el jueves se aprobaba licitar un contrato del servicio de suministro, implantación, puesta en marcha, operación y mantenimiento de una red de monitorización para el control y seguimiento de la calidad del aire en la ciudad, Torrellano y El Altet.
