MADRID (EFE). Las posiciones enfrentadas de los socios de Gobierno sobre la conveniencia de incluir algunas medidas tributarias de la futura reforma fiscal en los Presupuestos de 2022 ha enredado el tramo final de las negociación de las cuentas, que el Ministerio de Hacienda quiere presentar en las próximas semanas.
El calendario presupuestario, por el momento, se mantiene en la intención de aprobar el proyecto presupuestario en el Consejo de Ministros del 28 de septiembre o el 5 de octubre, para lo que será necesario un acuerdo previo entre los socios de Gobierno que ambas partes se muestran convencidas de que se va a alcanzar.
Sin embargo, el contenido de ese acuerdo parece estar lejos de cerrarse, según han manifestado varios altos cargos de Unidas Podemos esta semana, especialmente por desavenencias sobre si las cuentas deberían adelantar medidas de política tributaria o de vivienda que ya figuran en la agenda del Gobierno.
La ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, Ione Belarra, advertía de que el acuerdo "está lejos" y ponía sobre la mesa varios temas, entre ellos un sistema tributario más progresivo, "avances sustanciales" en vivienda o un "cheque bebé universal".
Más concreta fue la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, quien exigió que los futuros Presupuestos incluyan un tipo mínimo efectivo del 15 % en el impuesto de sociedades, una medida que está en línea con la propuesta global de la OCDE y que figuraba en el acuerdo de Gobierno de PSOE y Unidas Podemos.
De incluirse en las cuentas el tipo mínimo efectivo del 15 %, España se adelantaría a la implementación de la medida a nivel global y tendría que decidir si aplicarlo sobre la base imponible -lo que no tendría apenas efecto, ya que la media actual es del 19,4 %- o sobre la base contable -donde la media es del 8,3 %-.
En caso de aplicarse sobre la base contable o beneficio sí afectaría al resultado de las empresas, ya que aunque no se modifica el tipo nominal -que seguiría en el 25 %-, supondría en la práctica limitar las deducciones aplicables, lo que podría chocar con la postura de socios como PdeCAT.
La propia vicepresidenta primera y ministra de Asuntos Económicos, Nadia Calviño, abogó esta semana por retrasar las medidas tributarias hasta que la recuperación esté consolidada y el grupo de expertos para la reforma fiscal haya terminado sus trabajos, previsiblemente en febrero de 2022.
Además, Calviño también consideró que "no tiene sentido" vincular a la negociación presupuestaria cuestiones como la ley del alquiler, como reclaman sus socios.
Los futuros presupuestos han encontrado esta semana un obstáculo adicional con la revisión del PIB del INE, que sitúa ahora la contracción económica del primer trimestre en el 0,6 % -dos décimas más intensa de lo avanzado- y el crecimiento del segundo trimestre en el 1,1 %, lejos del 2,8 % avanzado.
Esta importante rebaja pone en cuestión, según algunos expertos, las previsiones para el conjunto del año, que el Gobierno mantuvo en el 6,5 % en la actualización publicada el pasado martes -en lugar del día de aprobación de los Presupuestos como es habitual- y que no tiene la intención de modificar.
El techo de gasto de 2022 se basa en una proyección de crecimiento económico del 7 %, que de no alcanzarse afectaría a la estimación de ingresos y, por consiguiente, de déficit público.
En paralelo a la negociación presupuestaria dentro del Gobierno, el ministro de la Presidencia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha iniciado una ronda de contactos parlamentarios para hablar de las futuras cuentas.
Sus primeros encuentros se han saldado con el rechazo frontal de Ciudadanos -por "incompatibilidad absoluta", según su portavoz Edmundo Bal- y la negativa de JxCAT a negociar si no se deja de "marginar" el catalán en la Ley Audiovisual. Ambos partidos rechazaron las cuentas de 2021.
Más receptivos se han mostrado los grupos que sí apoyaron las últimas cuentas, como Más País, que ha vinculado su apoyo a cuestiones como la industrialización verde o la salud mental; EH Bildu, que reclamará medidas económicas y sociales "sin líneas rojas"; PdeCAT, que no condicionará su apoyo a la tramitación de la Ley Audiovisual, o Compromís, que pone el foco en la financiación autonómica.